A la vista de los datos y de las previsiones con la factura de la luz, no resulta extraño el monumental cabreo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que terminó perdiendo los papeles, mintiendo e insultado a 10 millones de españoles. Tampoco sus declaraciones contra «la excepción ibérica» que va a reducir de forma considerable sus beneficios, al menos durante un año.

El tope al gas que consiguieron España y Portugal en Bruselas, volverá a poner la tarifa eléctrica semirregulada -denominada PVPC- muy por debajo de las ofertas del mercado libre.

Aunque la medida acordada por los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea es insuficiente y la factura eléctrica seguirá siendo desproporcionadamente alta, advierte Facua- Consumidores en Acción,  el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) será menos caro que el conjunto de tarifas del mercado libre.

De hecho, en la actualidad, sin que la medida que aprueba este viernes el Consejo de Ministros esté todavía vigente, la mayoría de ofertas analizadas por FACUA en el mercado libre son ya más caras que el PVPC.

Según los cálculos de la asociación de consumidores, a partir de las tarifas aplicadas del 1 al 13 de mayo, el usuario medio con PVPC pagaría una factura mensual de 121,97 euros. Ese mismo usuario -consumo de 366 kWh mensuales y potencia contratada de 4,4 kW- tendría un recibo más caro al contratar las actuales tarifas de precio estable de Repsol, CHC Energía, Holaluz, Gana Energía y TotalEnergies.

En el caso de las tarifas que ofrecen ahora Iberdrola, Endesa y Naturgy, las subidas que han aplicado en los últimos meses las sitúan ya muy cerca de los precios del PVPC. En cuanto entre en vigor el tope al gas, la tarifa semirregulada pasará a ser más económica que estas ofertas.

La medida que aprueba ahora el Ejecutivo reducirá la factura eléctrica con respecto a las de los últimos meses, pero seguirá sin garantizar que las familias españolas paguen tarifas razonables y libres de la especulación a la que da lugar el modelo de subasta eléctrica marginalista.

Ante esto, FACUA reclama al Gobierno de España que defienda en Bruselas la necesidad de poner fin al sistema de fijación de precios vigente desde hace décadas, que provoca que los consumidores paguen toda la electricidad al altísimo precio de la última tecnología de generación que entra en la subasta.

Asimismo, la asociación exige una reforma de calado del bono social eléctrico, de manera que millones de familias puedan beneficiarse de estos descuentos en la factura. Los últimos datos dados a conocer por el Gobierno ponían de manifiesto que solo 1,3 millones de puntos de suministro tenían bono social.