Mañana llegará al pleno del Congreso para su votación la ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), tras meses de espera en la lista de iniciativas que estuvieron bloqueadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. La propuesta llega en un momento crítico para las negociaciones entre Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y el Gobierno y demostrará si el PSOE  quiere hacer un cambio real en las políticas de vivienda.

La historia viene de antiguo, tras la fallida ILP, de la que el PP hizo un sayo, la Mesa del Congreso, con los votos del PP y Ciudadanos, vetó la ley el pasado marzo. La excusa del Ejecutivo fue que la propuesta de la PAH suponía un sobrecoste presupuestario cercano a los 90.000 millones de euros para los próximos diez años, excusa que el Supremo se encargó de tumbar.

La propuesta de la PAH llega en un momento clave para las negociaciones del grupo parlamentario y el Ejecutivo, con la política de vivivienda y la regulación de los precios del alquiler,  para que todo el mundo pueda tener acceso a un hogar, como prioridades del grupo confederal, una verdadera línea roja en el acuerdo global que se está negociando.

Se prevé que se aprobará la toma en consideración de la ley al contar con los votos del PSOE, ERC, Compromís, EH Bildu, PNV y PDeCAT, estos dos últimos aún con dudas.

En el texto presentado por la PAH se concretan cinco medidas para poner fin a los desahucios, garantizar una vivienda digna y poner fin a la burbuja del alquiler: Las conocidas como cinco de la PAH.

  • Regular la dación en pago retroactiva, de forma que se establezcan mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda. Se pretende eliminar las cláusulas abusivas y una compensación económica por las mismas, además de la derogación de la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.
  • Garantizar un alquiler asequible con una reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano que dote de seguridad y estabilidad. Para ello, se establece una ampliación a un mínimo de cinco años en los contratos de alquiler, fórmulas en las cuales el contrato sólo se pueda rescindir en casos de urgencia y un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.
  • Acabar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda. La propuesta recoge la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio, así como de ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor y la obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso en casos de ocupación. También se indica la moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda y asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos.
  • Fomentar las viviendas sociales. El texto recoge la movilización de la vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, incrementar el parque público de vivienda y alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Asegurar los suministros básicos con garantía de que no se corten nunca agua, luz y gas sin antes conocer la situación de las afectadas, así como que no se asuman las deudas con recursos públicos.