La accesibilidad de la vivienda es uno de los grandes desafíos del sector inmobiliario en nuestro país; los jóvenes y las capas más desfavorecidas  de la sociedad lo tienen difícil y si no se remedia la situación irá a peor, con un precio de la vivienda muy desfasado frente a los sueldos del país. En las jornadas de SIMAPRO2020, la directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, Susana de la Riva,  analizó la situación de la VPO en España, partiendo del dato de que solo el 4% de las compraventas realizadas en nuestro país en 2019 fueron de vivienda con algún régimen de protección. Es decir, solo 23.400 de las 570.000 vivienda nuevas adquiridas en 2019. Los datos que aportó dan una visión muy clara de la situación.

Esta proporción del régimen protegido sobre el libre del 4% se ha mantenido respecto a 2018 y representa el mínimo de la serie histórica desde 1980. La máxima cuota de VPO se alcanzó en el periodo 2008 – 2011, es decir la segunda legislatura del Gobierno Zapatero. Concretamente, en 2011, la VPO supuso el 11,5% del total de compraventas, casi el triple que ese 4% actual. En 2008, la proporción fue del 10,7% de las compras.

La vivienda protegida es un tipo de inmueble cuya tipología, dimensiones y precios están reglamentadas por la Administración, como condición para poderse acoger a determinadas ventajas tanto económicas como fiscales por parte de los compradores, los cuales a su vez deben reunir unas condiciones establecidas en cuanto a titularidad de inmuebles, ingresos familiares, etc.

Con estas condiciones la vivienda protegida es aquella que para favorecer el acceso de grupos con rentas bajas cuenta con algún tipo de protección pública, que se traduce en un precio de venta o alquiler máximo generalmente por debajo de precio de mercado, un tamaño máximo, un periodo de calificación pública normalmente limitado y unas condiciones de acceso basadas en el nivel de ingresos de los potenciales compradores.

España lleva décadas sin contribuir de forma significativa a aumentar la presencia en el mercado de los inmuebles residenciales protegidos. Los Planes de Vivienda asequible tuvieron mucho peso en las décadas de los años 60 a los años 80, donde llegaron a representar más de la mitad de la nueva vivienda terminada. Sin embargo, a partir de la década de los 90 la vivienda libre se impuso, dejando la vivienda protegida como algo residual en un mercado que ha registrado descensos desde 2013.

Cada CC.AA. nombra y define los diferentes regímenes de protección pública a partir de unos criterios comunes, por lo que nos encontramos con más de 100 categorías diferentes de vivienda protegida a lo largo del país. El tamaño de los parques específicos de VPO va variando con el tiempo porque, aunque se construyen nuevas viviendas bajo este régimen, también las construidas hace décadas se descalifican, es decir, pierden su condición de protegidas y pasan al mercado libre.

Las CCAA que han apostado por el régimen protegido con una continuidad en el tiempo y muestran una mayor proporción de compraventas de vivienda protegida sobre el total son Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja, que en la serie histórica han alcanzado máximos puntuales del 28,5 % del total de viviendas adquiridas (Extremadura, año 2009).

En los últimos años en España la apuesta por la vivienda protegida dirige sus miras hacia el alquiler, que es la fórmula más asentada en Europa. Si consideramos el total del parque público existente en compra y alquiler, España está en mínimos respecto a otros países europeos. Según Eurostat, España muestra una ratio de un 2,5 % de viviendas protegidas sobre viviendas libres principales, frente al 24 % en Austria, el 20 % en Dinamarca, el 19 % en Suecia, o el 17 y 16 % en Reino Unido y Francia. El país con mayor protagonismo de vivienda protegida en su parque es Países Bajos, con una cuota del 30 %.

A tenor de los datos, España está en una posición con mucho margen de mejora respecto a países europeos vecinos. La fluctuación de los precios de la vivienda, la situación económica y laboral y los problemas de acceso a la vivienda de ciertos grupos de la sociedad, como los jóvenes o los trabajadores de rentas más bajas, plantean la necesidad de vías facilitadoras que hagan más accesible este bien básico que es la vivienda.