Cataluña ostenta el deshonor de liderar el ranquin de desahucios en nuestro país, récord aderezado con los cortes de luz, agua y gas que sufren sus ciudadanos. Por eso 50 instituciones y municipios catalanes han firmado un manifiesto, presentado por  el Grup Promotor de la Ley 24/2015, en el que se pide a Pedro Sánchez que anule la impugnación que el PP realizó en el Constitucional contra la Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros; con ello el Partido Popular consiguió la suspensión de los artículos que garantizan el derecho a la vivienda.

En Cataluña se producen 61 desahucios diarios y las mesas de emergencia están colapsadas con más de 2.000 solicitantes.  Como se demostró durante los meses en que se estuvo aplicando, la Ley Catalana es una herramienta que da respuesta a la emergencia habitacional, ya que por un lado obliga a los grandes tenedores a ceder su vivienda vacía a los municipios para que cumpla con su función social, y por otro lado asegura un alquiler social a las familias que no han podido hacer frente a su hipoteca o alquiler, y que están en riesgo de perder su hogar o ya lo han perdido.

De esta forma la Ley permite ampliar el parque, prácticamente inexistente, de alquiler social (Catalunya cuenta con un parque público del 2% contra la mediana europea del 10%). Es una ley, aseguran los promotores del manifiesto, que literalmente salva vidas y hace evidente que frente leyes injustas se necesitan medidas valientes y herramientas que estén a la altura de las respuestas y soluciones que la ciudadanía necesita.

El manifiesto cuenta con el apoyo de 50 firmantes iniciales: ayuntamientos como Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts i Reus, entre otros; la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis; Colegios Profesionales, sindicatos y entidades del tercer sector como CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya,  la Taula Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB y l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets, Col·legi d’educadores socials. Y también movimientos sociales y sociedad civil organizada como el Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, ANC, Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és vida, FAPAC, ILP Renda garantida, Bombers indignats y UGT-Bombers.

La actuación que se solicita a Pedro Sánchez no es inédita, sino que cuenta con numerosos precedentes, en que un cambio de gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas, que garantizan los derechos humanos a todas las personas. El mismo PSOE, bajo la presidencia de Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos impulsados por el Partido Popular contra leyes de Andalucía, Aragón, Catalunya, Asturias, Castilla-la Mancha, País Vasco y Extremadura; la mayoría de éstas relacionadas con materias sociales, como la educación, la sanidad y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.