Tenemos algunas Administraciones que entienden su papel como valedoras de los derechos de los consumidores y otras que actúan en el sentido contrario. El Govern Balear con la cláusula IRPH es una de ellas. Ahora la Agencia Catalana de Consumo toma una decisión similar y ha anunciado que tiene previsto llevar a cabo una propuesta de sanción contra 14 entidades bancarias y financieras por infracciones graves en la comercialización de tarjetas revolving.

Todos conocemos algunas de ellas por los juicios y denuncias de consumidores que, afrontando un verdadero calvario judicial, se atreven a actuar. La administración catalana lo tiene claro. En concreto, las compañías que se enfrentan a estas multas son CaixaBank, Abanca, Sabadell, BBVA, Bankinter, Cofidis, Ibercaja, Santander, Deutsche Bank, ING Direct, Kutxabank, Unicaja Banco, Wizink y Oney. Una campaña de inspección llevada a cabo por el organismo en 2021 reveló que habían cometido «infracciones graves« que han puesto «en riesgo los derechos de los consumidores«.

Y las multas no son ni pequeñas ni iguales. En todo caso el importe es muy inferior a los beneficios que han obtenido con esas prácticas usurarias estos últimos años. Las propuestas de sanción pueden alcanzar un importe global de 1.125.813 euros. La Agencia Catalana de Consumo quiere multar a todas las inspeccionadas con 350.000 euros por incorporar cláusulas abusivas, a seis de ellas con 627.813 euros por aplicar intereses usureros superiores al 20%, y a nueve con 148.000 euros por incumplir la normativa relativa a la atención al público en oficinas.

Según ha explicado el director de la Agencia, Francesc Sutrias, la inspección ha revelado que las entidades han aplicado intereses en sus tarjetas revolving que han podido llegar en algunos casos al 29,7%, pese a que el Banco de España establece el interés medio en el 18%. El organismo tampoco descarta que, dados los resultados de esta inspección, aumente el número de entidades estudiadas en la próxima campaña.

Veremos en que queda todo esto porque cuando les pisan un callo estas entidades financieras lanzan a su caterva de bufetes jurídicos y aprestan a sus contactos judiciales para que todo quede en nada. Por desgracia los ejemplos abundan.