Blackstone, el mayor fondo buitre del mundo y su red de empresas, se han convertido en el principal agente inmobiliario en España, y esa posición les permite influir en la escandalosa inflación del alquiler en nuestras ciudades y abusar por sistema de sus inquilinos. Llegó a España en 2013, cuando  la entonces alcaldesa de Madrid, les vendió 1.860 pisos sociales, destinados al alquiler de familias vulnerables, por 128,5 millones de euros.  Esta escandalosa operación  -hoy denunciada y en los juzgados- sentó las bases  para que Blackstone se convirtiera en el principal agente inmobiliario de España, impulsando un buen número de desalojos y potenciando la burbuja del alquiler.

Un año más tarde Blackstone compró 40.000 hipotecas por 4.000 millones de euros, con un descuento que no fue ofrecido a las familias que habían firmado las hipotecas de sus casas. La operación, denominada Proyecto Hércules, traspasó la cartera inmobiliaria de Catalunya Caixa, una caja de ahorros rescatada con 12.000 millones de euros de dinero público sin que se impusiera ningún tipo de compensación social a cambio. La caja de ahorros se deshizo de los activos tóxicos, pero no rescató a las familias a las que previamente había estafado.

Y ya con esa amplia cartera inmobiliaria, Blackstone creó su filial española, Anticipa, para gestionar estos activos. Y a partir de ese momento el fondo buitre ha creado decenas de SOCIMI, favorecidas por unas normas  tributarias creadas por Partido Popular (PP) y por las que  estas empresas están exentas de pagar el impuesto de sociedades. Sus operaciones han dejado a familias, con  hipotecas de bancos, como Catalunya Caixa,  BBVA, Santander o Banco Popular, en un estado de absoluta indefensión.

Estas familias se enfrentan a la pérdida de sus hogares, ya sea a través de desalojos regulares, «desalojos silenciosos» (debido al aumento de los precios de alquiler que no pueden pagar) o pago en especie, con cancelación de la deuda hipotecaria sin una oferta de alojamiento alternativo.

Las PAHs catalanas denuncian que las familias afectadas por la venta de activos de Catalunya Caixa reciben de Blackstone un trato degradante, con una absoluta falta de voluntad por parte de Anticipa de  negociar cualquier tipo de acuerdo que no pase por apoderarse de sus pisos para especular con ellos. Para lograr este objetivo actúan con prácticas mafiosas como la extorsión, chantajes, sobornos, incrementos desorbitados de los precios de alquiler que las familias no pueden permitirse el lujo de pagar,  cláusulas abusivas, y venta de los pisos antes de que finalicen los contratos de alquiler, para  promover la expulsión de los inquilinos.

Por eso las PAHs de Cataluña han ocupado la sede de Anticipa / de Blackstone en el Prat de Llobregat (Barcelona) para exigir una solución justa para todas las familias afectadas por una empresa que convierte su derecho a  la vivienda en meras mercancías para la especulación. Y exigen que  las familias afectadas reciban garantías de que se les permitirá empezar de nuevo con una vida digna, ya sea con las ejecuciones sin deuda, o rentas sociales renovables sin chantajes o cláusulas abusivas y cancelaciones que permitan a las familias mantener sus  hogares.  Además se exige un protocolo de atención telefónica mejorada, para poner fin al trato degradante, amenazas, mentiras, la presión y el abuso de Blackstone y  la puesta en marcha de oficinas físicas en cada capital de provincia, para que las familias afectadas puedan negociar sus casos en persona.