Con opiniones muy dispares y un importante caos en su aplicación, que ha llevado al Ministerio de Justicia a una moratoria hasta el 31 de julio, el pasado día 16 se puso en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. La prórroga concede a entidades y notarios un mes y medio para que adapten sus recursos a las nuevas condiciones.  Mientras tanto permite la tramitación en papel u otros canales para dar tiempo a los bancos a que actualicen sus plataformas informáticas.

Desde las asociaciones de consumidores se habla de oportunidad perdida, al no adecuar la nueva normativa al espíritu de la Constitución y beneficiar –lo contrario sería sorprendente- a la banca frente a los usuarios. Es el concepto de transparencia, que controlarán los notarios, el punto más positivo para los consumidores y que evitará que tengan que acudir a los tribunales de Justicia, donde, hay que decirlo, casi siempre ganaban. Dejando de lado este concepto, cuya solución por medio de acta notarial evitará a la banca largos y costosos litigios, porque el usuario ya no tendrá nada a lo que agarrarse, en el resto de los grandes conceptos también gana la banca por goleada.

La idea que destila la nueva ley hipotecaria es que se ha buscado un blindaje bancario frente a instancias judiciales extra nacionales, para impedir que el usuario pueda reclamar. El tiempo dirá si el PSOE ha conseguido lo que el PP no pudo. Pero vayamos por partes:

Si hablamos de impagos de la cuota hipotecaria, hasta ahora el banco podía reclamar la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecario tras tres impagos, ahora será tras 12 impagos si nos encontramos en la primera mitad de vida del préstamo o tras 15 impagos si estamos en la segunda mitad. En estas situaciones las entidades podrán reclamar el vencimiento anticipado del préstamo e iniciar un procedimiento que derive en un desahucio. La realidad es que está blanqueando la aplicación del Vencimiento Anticipado, una cláusula ya declarada abusiva por el Tribunal Superior Europeo.

Otro nuevo gol para la banca, que le va a reportar muy interesantes beneficios, es que los intereses de demora se sitúan en un 3%. Y ha debido ser un gol caro de conseguir, ya que la doctrina del Tribunal Supremo había considerado que una cantidad de más del 2% eran intereses usurarios.  Hablando de cifras, vuelven  a lograr las entidades financieras que se establezca un suelo para el Euríbor y que se fije en el 0%, con lo que su actual negatividad no afectará las condiciones hipotecarias.  Las rodilleras de los autores de la Ley se perciben cuando se constata la inexistencia de un techo para ese mismo Euríbor. Cuestión ésta que dejará a las familias “sin techo”, valga la redundancia, si el euríbor se dispara e impide a muchas familias pagar su cuota hipotecaria.

Y por supuesto, lo de considerar la dación en pago como obligatoria también decae, en beneficio de las excelentes condiciones con que la banca continuará obteniendo las viviendas de los afectados, a los que dejará –todo es posible para los nuevos esclavistas- con una deuda de por vida.  Nuestros amados bancos podrán quedarse con nuestras viviendas por un ridículo 60% del valor por el que fueron tasadas en su día si es vivienda habitual y del 50% si es segunda vivienda.  Con este manejo, los usuarios continuarán debiendo dinero a los bancos, para siempre.  Y ello, aunque con la vivienda embargada el banco haga negocio vendiéndola por encima de ese 60% del valor de tasación. Es un negocio redondo a costa de la vivienda de miles de personas que se verán en la calle y del favor ¿debido? de los partidos políticos. Es necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula el protocolo de adjudicación de los inmuebles…algo demasiado complejo para que algún Gobierno que se diga de izquierdas pueda hacerlo en una sola legislatura, no ya en una tarde, como la reforma de la Constitución que permitió el préstamo a la banca. Préstamo del que se deben más de 41.000 millones y nadie habla de intereses de demora ni de embargos, ni de desahucios…

Y además,  claro está, nada de hacer caso a la ONU,  que declaró que un desahucio sin alternativa habitacional  es una violación del derecho a la vivienda.  Y a pesar de que ese derecho se contempla en la Constitución, las personas y sus familias serán desahuciadas por los bancos, como se lo permite la  Ley 5/2019, de 15 de marzo,  aunque no exista alternativa habitacional. Todo quedará en que desde los servicios sociales municipales se les paguen unos días en un hostal. Los justos para que cuando esa semana o dos se agoten y se vayan a la calle, ya no haga tanto ruido el que la lista de los sin techo haya crecido un poco más.

Y por supuesto, nada de impedir o dificultar a los Fondos Buitre que continúen realizando grandes negocios con los desahuciadores/tenedores de vivienda. Estos avechuchos que llegaron a nuestro país hace ya casi diez años,  ni se van ni lo harán; al menos mientras nuestros gobernantes, que parecen sus socios en esta tarea, sigamos dándoles todas las facilidades que otros países les niegan. Así, continuarán adquiriendo a precio de saldo nuestras casas y poniéndolas a precio desmesurado en el mercado del alquiler.

Tampoco se ha regulado ningún mecanismo para controlar la titulación hipotecaria, con lo que los carroñeros continuarán haciéndose con los créditos hipotecarios de manera opaca, sin que  los hipotecados lo sepan y mucho menos que conozcan la cantidad por la que se subastaron su carne y su sangre. Debiera considerarse delito que los bancos no informen de esa venta y debiera existir un registro por el que los usuarios  pudieran conocer al dueño de su crédito hipotecario.  Que la CNMV haga algo por los usuarios y no sólo por los grandes actores económicos, con la creación de un registro de titulación créditos hipotecarios sería muy de agradecer, aunque caiga algo de caspa en el parqué y se vean las vergüenzas a más de uno. Sobre todo para impedir, como sucede en numerosas ocasiones, que los bancos intenten desahuciar a usuarios de los que la entidad ya no es acreedora.

Todo este negocio bancario y financiero, que se ha montado alrededor de la necesidad de que las familias dispongan de una vivienda, tendría menor volumen y trascendencia social si en nuestro país existiera la necesaria cantidad de vivienda pública de la que gozan otros países. Pero entonces ni bancos ni especuladores podrían obtener los beneficios  que están amasando en estos momentos. Aunque nos estén generando profundos problemas como país. Y no sólo por el sufrimiento social; a ver si entendemos ya que nuestra dramática tasa de natalidad es una de las consecuencias directas de las condiciones que han propiciado los políticos a los que votamos, para que medren bancos y fondos.

Desde todos los sectores implicados salen o han salido críticas a la nueva Ley. Descontento entre los notarios por esa carga de trabajo suplementaria que les ha caído encima y que además no cobran. Susto y muerte entre los intermediadores inmobiliarios, que ven como muchas operaciones se retrasan o se caen,  y en unos meses de mucho gasto empresarial y pocos ingresos, además de que las nuevas exigencias de transparencia han elevado las exigencias de solvencia de los bancos y dejarán a buen número de personas fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda y abocadas a un mercado del alquiler cada vez más caro. De los usuarios, ya hemos visto que ha sido una ley muy cacareada, pero con el único objeto de tapar su realidad. Los trabajadores bancarios molestos, porque la ley obliga a que exista un comercial certificado en cada sucursal abierta – unas 26.000- y están teniendo que alterar sus turnos de trabajo y vacaciones para poder atender a la formación –no remunerada- antes de examinarse.

De la única esquina de la que no han llegado quejas es desde las entidades financieras, que salvo tener que pagar los gastos hipotecarios, excepto la tasación, que ya están incluyendo en los costes del crédito, pierden pocas plumas en el nuevo invento.  ¿Cuánta influencia  ha tenido la banca en la lentísima trasposición de la Directiva 17/2014 que ha dado origen a esta Ley? Un largo cocinado en el que la banca ha participado de forma soterrada, aderezando el guiso a su conveniencia, en tanto que los consumidores y afectados nos han podido ni asomar la nariz. Lo que está claro es que ha quedado muy a su gusto, porque ya se sabe,  que “cuando la banca no protesta es que se frota las manos”.

Eduardo Lizarraga

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