La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha presentado un escrito en la Ciutat de la Justicia de Barcelona para solicitar la paralización del desalojo de tres familias de Ciutat Meridiana. La PAH espera que sirva de modelo para parar cualquier desalojo en el que no se garantice una alternativa habitacional.

El documento, elaborado conjuntamente con el Observatorio DESC, se basa en el derecho a la vivienda refrendado por la Constitución española, en el derecho internacional y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del Bloc Salt. Desde el Observatorio DESC se recuerda que lo que le dijo el Tribunal de Estrasburgo al Estado español fue que no puede haber un desalojo que puede afectar derechos fundamentales, en este caso el derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes o el de la inviolabilidad del domicilio, mientras el Estado no puede garantizar un realojo

La decisión del tribunal emanaba de criterios del derecho internacional que ya podrían estar aplicando los jueces españoles si respetaran los tratados internacionales. Y es que España ha ratificado una gran cantidad de tratados internacionales que garantizan el derecho a una vivienda y obligan a la Administración a que en momentos de emergencia habitacional, como está ocurriendo en el Estado español, tomar medidas para que ni familias, ni personas, ni sobre todo niños, vulnerables, se queden en una situación de desamparo y en la calle.

La sentencia de Estrasburgo permitió frenar el desalojo en Salt, así como proceder a ejecutarlo cuando el Estado ofreció unas garantías, explican desde el Observatorio DESC, pero además sentó un precedente que ahora la PAH busca explotar. El documento que han llevado por primera vez a los juzgados de Barcelona y ya han hecho público en su web, quiere ser una herramienta que permita a los jueces parar el desalojo, porque aunque el resultado depende de su interpretación de la ley, deben negarse a ejecutar un desalojo cuando viola otros derechos que deben preservarse.