Como era de esperar y adelantaron las Plataformas de afectados por la Hipoteca en su momento, las medidas de la Banca y el Ministerio de Economía para solucionar el problema hipotecario están resultando insuficientes. En concreto han beneficiado a un total de 26.140 familias. Son unos escasos resultados si sabemos que desde el 2011 al menos ha habido 120.400 lanzamientos hipotecarios. Estos datos muestran la necesidad de una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor.

Durante los últimos años, la banca y el Gobierno han lanzado varias campañas con el objetivo de dar una solución a los problemas hipotecarios. Pero todos ellos están ofreciendo unos pobres resultados. Así encontramos la ‘moratoria’ de tres años que el Santander ofreció a sus clientes en el año 2011; el Plan BBVA que, junto a la Fundación Adecco, ofrecían la posibilidad de acceder a una ayuda económica y a asistencia para encontrar empleo; el Fondo Social de Viviendas promovido por el Ministerio de Economía que cuenta con 5.891 inmuebles destinados a familias en riesgos de exclusión social y el Código de Buenas Prácticas al que las entidades se adhieren de manera voluntaria. Las cuatro medidas han beneficiado a un total de 26.140 familias, unos magros resultados si tenemos en cuenta que, según el banco de España, 28.170 familias perdieron su vivienda habitual solamente en el primer semestre del 2013, y que desde el año 2011 lo han hecho al menos 120.400.

Los datos publicados por el Banco de España (BDE) en enero de 2014 vuelven a dar razón a las PAHs que afirman que el problema lejos de solucionarse está aumentando. Y los resultados son miles de familias en la calle. Durante 2012 hubo un total de 44.745 desahucios, de los cuales 39.051 se corresponden a la vivienda habitual de las familias. En 2013 encontramos datos del primer semestre, en donde tenemos 35.098 desahucios, de éstas, 28.170 son viviendas habituales. A estos datos hay que sumarles los 40.740 desahucios ocurridos en 2011 según recogen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y estos datos deben tomarse con mucho cuidado ya que sigue habiendo oscuridad en las cifras oficiales de desahucios. En estos momentos son dos organismos (el BDE y el CGPJ) los que se encargan de recoger estos datos. Además, cada uno de estos organismos reúne información de diferentes aspectos: el CGPJ recoge los desahucios llevados a cabo en los juzgados, y el BDE agrupa los datos que le proporcionan las entidades financieras.

Ante la gravedad de estas cifras y con el problema social que conllevan, el Ministerio de Economía promovió la creación de un Fondo Social de Vivienda en marzo de 2013 para albergar a familias desahuciadas. Este fondo nació con 5.891 inmuebles – a todas luces insuficiente- entregados por las entidades para alquiler social entre 150 y 400 euros mensuales, pero con unas condiciones tan severas que a fecha de noviembre del 2013 los resultados son que sólo se han ocupado 615 viviendas, según los datos poco sospechosos del Ministerio de Economía.

Las condiciones para solicitar la vivienda son muy complejas, de ahí sus escasos resultados, así los ingresos de la unidad familiar no pueden superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o IPREM, -1.600 euros mensuales- y ninguno de los miembros puede tener una vivienda en propiedad. Además, el desahuciado debe encontrarse en el umbral de ‘especial vulnerabilidad’, esto es, pertenecer a una familia numerosa, a una unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo, que haya un menor de tres años en la familia, que alguno de los miembros de la familia tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, que el deudor esté en paro y haya agotado sus prestaciones, o que haya una víctima de violencia de género en la familia.

Por otro lado el Ministerio también puso en marcha en abril de 2013 el Código de Buenas Prácticas (CBP), de libre adhesión para los bancos, también de miserables resultados si se los compara con el bombo y platillo que se le dio. Así, ha beneficiado a 2.301 hipotecados a cierre de septiembre del mismo año, en donde pueden encontrarse reestructuraciones de la deuda, quitas de una parte de lo debido y daciones en pago.

El Ministerio de Economía ni proporciona cifras de viviendas ocupadas en estas condiciones ni valora la posibilidad de ampliar las condiciones de acceso al FSV.

Tampoco las medidas de los bancos, tan publicitadas, han dado los resultados que se esperaba. La moratoria anunciada por el Santander no es tal, sino una carencia que obliga al hipotecado a seguir pagando los intereses y acabará pagando más al final de su hipoteca. Según datos proporcionados por el Santander, son más de 23.000 las familias que se han acogido a esta medida. Más ejemplos de los escasos resultados de las medidas bancarias
es el Plan BBVA-Fundación Adecco, para proporcionar una ayuda económica de entre 200 y 400 euros y formación y asesoramiento en la búsqueda de empleo (por parte de la Fundación Adecco) a clientes del BBVA que habían perdido su única vivienda. Los beneficiarios debían de ser, además, personas en situación de especial vulnerabilidad, como mayores de 45 años parados de larga duración, dependientes, víctimas de maltrato, discapacitadas o que formen parte de una familia numerosa. Tras un año, este plan ha beneficiado a 224 clientes del BBVA, de los cuales el 17,41% (39 personas) ha encontrado empleo.

Frente a estas iniciativas de vergonzosos resultados se alza la realidad social del país, con miles de familias que pierden sus empleos y se ven incapaces de hacer frente a los gastos hipotecarios. Los desahucios seguirán si no hacemos nada por evitarlo.