El Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado la memoria previa de un nuevo impuesto que se aplicará sobre 15.000 viviendas vacías, propiedad de entidades financieras. Con este impuesto prevé recaudar entre 3,25 y 25 millones de euros, en función de la voluntad de los bancos de movilizar o no este parque inmobiliario. En este impuesto las personas físicas, las administraciones y las entidades del tercer sector social quedan exentas del pago

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, ha insistido en rueda de prensa que «no es un impuesto pensado con ánimo recaudatorio sino de estímulo», por lo que se aplicará en los 70 municipios en los que se ha acreditado «una mayor demanda de vivienda», y solo sobre 15.000 de las 40.000 viviendas vacías que actualmente son propiedad de entidades financieras en Cataluña.

Este nuevo impuesto, que la Generalitat confía que entre en vigor el 1 de enero de 2015, se aplicará sobre las viviendas que lleven más de dos años vacíos por razones no justificadas. Está diseñado por tramos y se pagará en función de los metros cuadrados que tengan las viviendas de que dispone el banco: está previsto gravar entre 3 y 6 euros hasta los 10.000 metros cuadrados, de 7 a 10 euros entre los 10.000 y los 50.000 metros cuadrados, y entre 11 y 20 euros para aquellas entidades que dispongan de más de 50.000 metros cuadrados vacíos. Se ha previsto también una bonificación específica para las entidades que pongan en el mercado de alquiler parte de sus inmuebles.

En función de las viviendas que se incorporen al mercado de alquiler, las bonificaciones serán del 5% sobre el total del impuesto para las entidades que pongan en el mercado entre el 5% y el 10% de sus metros cuadrados, de un 30% hasta el 25% de sus propiedades y de hasta un 75% para las que lo hagan con más del 40%. El conseller de la Generalitat, Santi Vila, asegura que el dinero recaudado se destinará a políticas de vivienda.

Vila, que ha calificado de ambicioso el nuevo impuesto, ha cifrado entre 850 y 1.650 euros el pago medio por vivienda y año que tendrán que afrontar los bancos, lo que entiende que es suficiente estímulo como para sumar nuevos inmuebles al mercado de alquiler.

La Generalitat considera que esta medida, ahora puesta negro sobre blanco, ha sido muy reivindicada por la ciudadanía, dado que la vivienda tiene una función social que ahora no se está cumpliendo y es una necesidad básica reconocida por el Estatut y una ley catalana de 2007. Las empresas no estarán obligadas a alquilar los pisos vacíos, una demanda que hacía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de donde surge la moción aprobada por los ayuntamientos y de la que se derivan multas a los pisos vacíos de la banca. Según la Generalitat , esto toparía con trabas burocráticas y legales.

Actualmente, Cataluña dispone de un parque de 14.000 viviendas de protección pública, por lo que Vila confía en que si logran movilizar 15.000 más —en los 70 municipios con necesidades acreditadas del área metropolitana de Barcelona y puntos concretos de Girona, Tarragona y en menor medida Lleida—, se logrará doblar la oferta de vivienda, bajarán algo los precios del alquiler y quedará más justificada la función social.