Que la política de vivienda de nuestro país es desastrosa, lo sabemos hace tiempo sin que nadie lo oculte, pero que la ONU vuelva a llamarnos la atención por los desahucios es algo que los poderes públicos no nos cuentan. Pero así es. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha ordenado a España suspender del desalojo de un matrimonio con dos hijas menores que, ante la falta de recursos, ocupó un piso vacío del BBVA en Madrid. Y la razón es que España está violando de forma sistemática el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -los Derechos Humanos- que nuestro país firmó en 1976. Es decir, en esa larga lista de países que no los respetan también estamos nosotros.
La situación surge cuando el matrimonio Josefa Hernández y Ricardo Rodríguez decidieron ocupar, ante la falta de soluciones públicas, un piso del BBVA para ellos y sus dos hijas menores para no quedarse en la calle. Desde aquel año han pasado por tres intentos de desalojo, pero resisten, haciendo efectivo el derecho a la vivienda que contempla nuestra Constitución y la carta de Derechos Humanos de la ONU que firmamos hace más de 40 años.
La situación se desencadenó hace poco más de un mes, cuando ante el desahucio fijado para el pasado 9 de marzo, dos abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Alejandra Jacinto y Javier Rubio, miembros asimismo de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, denunciaron el caso al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), de las Naciones Unidas. Y en menos de dos días este organismo respondió al requerimiento pidiendo al Estado español suspender el desahucio o facilitar una vivienda alternativa con el fin de “evitar posibles daños irreparables» a la familia.
Este comité puede intervenir en casos de inminente violación de los Derechos Humanos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y entre los que se encuentra el derecho a una vivienda adecuada. La orden es vinculante y éste puede ser un nuevo procedimiento para hacer efectivo en nuestro país un derecho fundamental que nadie garantiza y que sufre de continuos ataques, como el reciente de Ciudadanos, para hacer prevalecer los beneficios bancarios sobre los derechos de las personas.
Desde mayo del 2013, en que España firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nuestro estado está obligado a salvaguardar el derecho a la vivienda de los españoles, lo que se ignora de forma sistemática. Pero ahora ese organismo puede suponer una solución, no sólo para Ricardo y Josefa, sino para miles de afectados.
España ya fue condenada por el mismo comité de la ONU, que consideró “una violación del derecho a la vivienda adecuada” el desahucio de una familia con menores en 2013 y obligó al Estado a compensar a la familia y a desarrollar normas que prohíban los desahucios sin alternativa habitacional en casos como éste. Obligación que nuestros gobernantes, posicionados del lado de las instituciones financieras, ignoran sin pudor.
Así las cosas, el el próximo 9 de abril, Josefa, Ricardo y sus hijas volverán a enfrentarse al BBVA, que no ha suspendido el desahucio, y a la comitiva judicial, que mantiene la fecha de ejecución en pie. Los abogados estudian la posibilidad de exigir responsabilidades al Estado, que habría desobedecido un mandato vinculante y podría incurrir, incluso, en un delito de prevaricación. ¡Pero qué más da! La multa si llega se pagará con dinero público, los políticos no son responsables de sus actos y el honor y las propiedades de los bancos quedarán a salvo. Éste es el país que tenemos gracias a nuestro idiotismo.
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