La petición de la PAH al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha surtido efecto y se ha paralizado cautelarmente el desalojo previsto para hoy de un bloque de viviendas de Salt, ocupado desde marzo y en el que viven 43 personas -21 adultos y 22 niños-.

Ante la nula respuesta de los políticos e instituciones públicas españolas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó un recurso ante el tribunal europeo, que ha logrado aplazar el desalojo, como mínimo hasta el 29 de octubre.

Salellas, el abogado de la PAH, ha explicado que el tribunal europeo pregunta al Gobierno central «qué medidas piensa tomar» con las personas que viven en el edificio si son desalojadas, y le ha dado hasta el 29 de octubre para dar una respuesta.

Salellas ha celebrado que se trata de un «precedente» por vía penal que puede ayudar a paralizar situaciones similares al edificio de Salt, propiedad de la Sareb.

Cerca de un millar de personas, pertenecientes a la PAH y otros colectivos sociales, se había concentrado a las puertas del edificio ocupado en Salt, entre ellos diputados de ICV-EUiA y la CUP.

Resulta como poco vergonzoso que el Tribunal de derechos Humanos de Estrasburgo deba intervenir para defender a ciudadanos europeos dentro de un estado europeo. Y eso es así porque ninguna institución pública española está moviendo un dedo para apoyar a la ciudadanía frente a los bancos y parar los desahucios. Parece que el derecho constitucional a una vivienda está por detrás a la obtención de beneficios por parte de los bancos.