El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado que en el primer trimestre de este año, los juzgados españoles ejecutaron 9.659 desahucios. De ellos, 2.390 por impago de hipoteca, 6.892 por impago de alquiler y 377 por otras causas.

Los datos sobre desahucios del primer trimestre de 2020, publicados por el CGPJ, reafirman la necesidad de poner medidas para acabar con esta problemática social que no se detendrá hasta que el Gobierno se decida a poner fin y ponerse del lado de las familias y enfrentarse a los especuladores. Si tenemos en cuenta que, a primeros de marzo, el CGPJ suspendió la tramitación de todos los procedimientos judiciales, podemos afirmar que el 99% de esos 10.000 desahucios se ejecutaron sólo en los meses de enero y febrero de este año. La inmensa mayoría de estas familias fueron a la calle en vísperas del estado de alarma y del confinamiento.

 Desde el pasado 4 de junio, se reactivaron todos los procesos judiciales suspendidos en marzo por la situación de alarma y con la crisis económica que nos está alcanzando la situación puede ser peor que en los peores años de la crisis financiera. Las medidas aprobadas por el Gobierno, únicamente prohíben desahucios de alquiler (y sólo hasta diciembre) de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia directa de la pandemia, y no a las que ya eran vulnerables antes. Tampoco las conclusiones que en materia de vivienda ha aprobado la Comisión de Reconstrucción del Congreso contribuirán en mejorar una situación que puede tornarse dramática.

En su comparecencia ante esta Comisión de Reconstrucción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca propuso un conjunto de enmiendas para la tramitación como proyecto de ley del real decreto. Ley que abordaba las medidas de protección en materia de vivienda, pero como pronto, la tramitación de ese proyecto de ley empezará después del 2 de septiembre, y tendrá una duración de entre 8 a 10 meses. Por eso la PAH propuso a las diputadas y diputados de la Comisión, que aprobasen una tregua en los desahucios de familias vulnerables, sin ninguna discriminación por el origen de su vulnerabilidad, y que no tengan alternativa habitacional, hasta el 31/12/2021.

Vivimos una situación de crisis sanitaria, social y económica, en la que, además, no cabe descartar el que tuviera que haber nuevos estados de alarma y confinamientos, con miles de familias en la calle y 3,4 millones de casas desocupadas según el INE. Por ello es necesario un nuevo real decreto ley, que equipare la protección a todas las situaciones de vulnerabilidad, y suspenda todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

El martes día 7, conoceremos el informe del relator de la ONU para el Derecho a la vivienda y la pobreza, que, con seguridad va a dejar a los Poderes Públicos de España como flagrantes vulneradores de esos derechos.