Vivienda

Las piscinas en las comunidades de vecinos lo tienen complicado


Las condiciones señaladas por el Ministerio de Sanidad para la apertura de las piscinas comunitarias este verano no han gustado a los administradores de fincas de Madrid. El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) asegura que esas condiciones impuestas por el Gobierno para la apertura de las piscinas recreativas en la fase 2 están muy lejos de los intereses de los propietarios, lo que puede dar lugar a todo tipo de conflictos.

El Ministerio de Sanidad ha establecido, en la Orden SND/414/2020, las condiciones para la reapertura de las piscinas recreativas para la fase 2. En las mismas se establecen una serie de obligaciones, aplicables también  a las piscinas existentes en comunidades de propietarios y urbanizaciones.

La primera obligación, que es la que se está aplicando a todos los establecimientos, es que el aforo máximo permitido será el 30%.  Pero los administradores alegan, para manifestar su desacuerdo, que la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo. No hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.

En segundo lugar, para poder disfrutar de la piscina se debe obtener cita previa y organizarse horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. Ante esta nueva condición los  administradores de fincas aseguran que es imposible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos. Tampoco es posible reunir la Junta General de Propietarios para que tomen alguna decisión al respecto al no estar autorizadas ese tipo de reuniones en la  fase 2.

Finalmente, la tercera obligación que marca Sanidad es que en las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Otra obligación, marcada por el peligro de los contagios que los administradores ven imposible de realizar, porque el espacio útil que quedaría sería demasiado escaso para garantizar que los costes sean asumibles.  Demasiados costes y pocos usuarios es la tónica general a la que se enfrentan todos los negocios al público en los próximos meses. Y es que contratar a un controlador puede suponer entre 6.500 y 8.000 euros durante los tres meses de apertura de la piscina.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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