No son únicamente las grandes empresas las que realizan acciones de control de precios en sus respectivos mercados, en todas partes cuecen habas y en este caso han sido los administradores de fincas de la Región de Murcia los pillados en renuncio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 9.300 euros al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia (Coafmu) al declarar probada la fijación de precios mínimos a través de la recomendación colectiva de un baremo de honorarios orientativos. La tal «recomendación» fue acompañada de amenazas, coacciones y otras acciones dirigidas contra los profesionales que desearan aplicar rebajas o descuentos en los precios. Este comportamiento del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia implica una infracción del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

La Resolución de la CNMC considera probado que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia era plenamente consciente de la prohibición del mantenimiento de honorarios orientativos de precios tras la reforma de la Ley de Colegios Profesionales en 2009. A pesar de esta prohibición decidió continuar manteniendo este baremo de precios mínimos durante los años siguientes y controlar su implantación y seguimiento entre los colegiados (sobre todo en la zona de Cartagena y La Manga del Mar Menor).

Para conseguir este control se valía de circulares y reuniones, en las que se coordinaban y actualizaban, de forma colectiva, los honorarios a través de estudios económicos de costes mínimos que evitasen la competencia entre los profesionales afectados. Además, amenazaba a los colegiados, tanto por escrito como verbalmente, con la expulsión del Colegio y acciones judiciales si efectuaban rebajas sobre los precios establecidos. En su torpeza, el Colegio llegó a realizar una campaña publicitaria contra los colegiados que incumplían los precios fijados.

Además de la multa de 9300 euros al Coafmu, la CNMC insta al Servicio Regional de Defensa de la Competencia de la Región de Murcia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de la Resolución.