El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles pasado las medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que entraron en vigor el mismo día; es decir, la nueva Ley Hipotecaria. Resulta curioso comprobar que en todo el texto de la nueva ley la palabra desahucio sólo aparece una vez. Está claro que se intenta ocultar la situación que ha obligado a cambiar la Ley hipotecaria para proteger a los más perjudicados por la actual coyuntura económica que atraviesa nuestro país. Sin embargo, el cambio no ha tenido la profundidad necesaria para que lo importante cambie, la protección se sigue orientando hacia las entidades bancarias y la presión social se mantiene en la calle.

 

La reforma ha sido desarrollada por el Gobierno en cuatro ejes fundamentales, aunque, según manifiestan los colectivos afectados, encabezados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de una manera insuficiente. El PP se quedó solo en la votación de este texto que pretende enmendar la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH y que contó con más de un millón de firmas de apoyo. Y el Partido Popular -el nombre parece un sarcasmo-  se quedó solo tanto en el Congreso como en el Senado, desoyendo las reivindicaciones de los colectivos afectados y del resto de partidos.

 

La entrada en vigor de la ley supone una moratoria en la ejecución de desahucios, de dos años, pero sólo para supuestos de “especial vulnerabilidad”. Bajo ese concepto están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, las familias con un menor de tres años, las víctimas de violencia de género o aquéllas con algún miembro discapacitado. Quienes cumplan ese requisito tendrán, además, que no contar con ingresos que superen en tres veces el Iprem (19.000 euros), aunque en algunos supuestos se eleva a cinco veces. Además, tendrán que haber sufrido, y certificar, una alteración significativa de sus circunstancias económicas en los cuatro últimos años. A todos esos requisitos se une el de que la cuota hipotecaria debe ser superior al 50% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar y que la vivienda afectada por el desahucio sea la única vivienda en propiedad del deudor.

 

También, a partir del pasado miércoles, los jueces podrán suspender los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron para la compra del piso incluye cláusulas abusivas. Este cambio ha sido obligado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

La ley establece un sistema para reducir la deuda pendiente de préstamos hipotecarios mediante quitas, una vez que la vivienda ha sido adjudicada a un tercero. Además, la reforma marca que los intereses de demora no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero.

 

La norma contempla la dación en pago solo en el marco del código de buenas prácticas bancarias, al que las entidades pueden acogerse de forma voluntaria. Esta fórmula permite entregar la vivienda para sufragar la deuda cuando la reestructuración no sea viable y solo para casos de especial vulnerabilidad, es decir, para quienes cumplan todos los requisitos necesarios para solicitar la moratoria de las ejecuciones de desahucios. La dación en pago, que era la principal reivindicación de la PAH con caracter retroactivo, fue descartada por el Gobierno desde el principio al considerar que su admisión podría romper el sistema hipotecario español.