Las recientes declaraciones de la Secretaría de Estado Jone Belarra, adelantando la intención de Unidas Podemos de incluir en la próxima Ley de Vivienda la obligación para que los grandes tenedores de vivienda cedan un 30% de su cartera para alquiler social, ya ha tenido respuesta por parte de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).

Esta asociación que preside Joan Clos,  alcalde de Barcelona y Ministro de Industria, Comercio y Turismo y dirige Beatriz Toribio, antigua directora de estudios del portal inmobiliario Idealista, agrupa a los principales fondos buitre que operan en el país. La asociación asegura que ante la amenaza de la Secretaría de Estado de  «incluir en la futura Ley de Vivienda la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social», que esta medida supondría un nuevo «atentado contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española».

Una medida así, prosigue diciendo la asociación,  “supone en la práctica una expropiación y lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país. Esto va en contra de la confianza que reclaman inversores nacionales e internacionales que quieren operar en este mercado, y afecta a nuestra imagen como país”. Tal vez no queramos que vengan aquí este tipo de inversores dispuestos a exprimir a nuestro país y a sus habitantes más vulnerables.

Los fondos buitre asociados en ASVAL consideran que “sería un varapalo sin precedentes” a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Gobierno en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España.

Además, aseguran que medidas de este calado darán lugar a reclamaciones ante el Estado por responsabilidades patrimoniales y económicas, amenazando con llevar la situación » ante los tribunales ordinarios españoles, así como ante organismos y cortes internacionales».

Continúan en Asval asegurando que la medida “sentaría un peligroso precedente, yendo en la dirección opuesta a la estabilidad institucional que necesita el mercado del alquiler para poder desarrollarse al nivel de nuestros vecinos europeos y recuerdan que, en este sentido, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en contra de una norma, esta vez impulsada por el Gobierno catalán. Esta norma fue denunciada por el Partido Popular y según el TC adolece de defectos de forma que no de contenido.

Finalizan en esta asociación de fondos de inversión en viviendas para el alquiler, manifestando que «la Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables”. No dicen nada en su comunicado que estarían dispuestos a ceder al Estado, a un precio inferior al del mercado, lotes de viviendas  para personas vulnerables.

De las jugosas rentabilidades que obtienen de estas viviendas conseguidas de los bancos y de las administraciones a precios de escándalo, en una época de desahucios que no deseamos que se vuelva a repetir, tampoco dicen nada. Pero las operaciones que realizaron todavía están en la memoria de muchos, así como los precios que obtuvieron de los bancos y que nunca se ofrecieron a sus verdaderos propietarios.

Hay que recordar que hace unos días el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, cuya sentencia original ya respaldó el Tribunal Supremo a finales de 2019, ha tumbado el recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y tendrá que hacerse cargo de las viviendas que vendió a un fondo de inversión en 2013, en concreto de 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios, por un total de 201 millones de euros de la época.

El problema es que el fondo Encasa Cibeles, ya ha vendido al menos 1.213 viviendas y pide una indemnización a precio de mercado -pues buenos son estos fondos- por las que tenga que devolver, a lo que Isabel Díaz Ayuso se niega y de ahí el recurso que ha perdido para no tener que recuperar las viviendas y las responsabilidades que pudieran surgir.