Desde hace poco más de seis meses se está viviendo una extraña tregua en la guerra que afecta a gran parte de la sociedad española con los bancos. Tregua sólo alterada por pequeñas escaramuzas, que en forma de sentencias locales contra las prácticas abusivas de algunos bancos, apenas han alterado el “statu quo” alcanzado alrededor de marzo y que dejó relegadas para final del año algunas de las cuestiones más espinosas que afectan a la Ley hipotecaria española.  Ley que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal por vulnerar los Derechos Humanos en ocho sentencias.

Ilegalidad que no entienden muy bien las casi 600.000 familias desahuciadas de sus casas en éste país, que se ven en la calle de forma “ilegal” y con deudas de por vida.

Pero el fin de año está llegando y con los turrones van a llegar algunas sentencias de consecuencias imprevisibles. La primera no se ha hecho esperar tanto y así, el Tribunal Supremo ha condenado a las cláusulas multidivisa a la misma pena que a las cláusulas suelo: a la nulidad. La decisión del Supremo, estimando el recurso de un matrimonio que había firmado su sentencia –hipoteca dicen los bancos- en yenes, ha conseguido que los juzgados tengan que revisar este tipo de hipotecas y vuelvan a calcularlas en euros, lo que rebajará de forma importante la cuota hipotecaria y  los beneficios del banco. Estas cláusulas han sido declaradas abusivas por no haber proporcionado el banco información suficiente sobre su alcance y peligrosidad.

Para el próximo día 22 se espera otra sentencia, que puede causar un importante revuelo por afectar a casi 1.300.000 personas. Es el IRPH lo que se dirime y su carácter abusivo. Este índice fue un invento de los bancos, vendida a los usuarios como alternativa al Euríbor  y al Mibor, que estaban experimentando una fuerte subida. Los bancos alegaron que éste, su índice, sufriría menos oscilaciones y sería por lo tanto más seguro. Pero sólo ha resultado seguro para sus intereses, ya que desde el primer momento ha sido mucho más caro que el euríbor y, como la gasolina, mucho más lento a la hora de bajar que de subir. En suma, un índice muy conveniente para las entidades financieras, que sabían perfectamente que el euríbor iba a bajar y mucho, por la crisis económica. En estos momentos, con el euríbor en negativo, la aplicación del IRPH, en positivo por supuesto, ocasiona a los afectados el pago de un sobrecoste medio de 350 euros mensuales, que se convierten en unos 30.000 a la hora de pagar todo el crédito. Dinero, que si la sentencia del Supremo es favorable, tendría que recuperar el usuario y no tener que pedir el amparo del TJUE, como sucedió con las cláusulas suelo.

Pero como no hay dos sin tres, la banca también se enfrenta al dictamen del TJUE con la cláusula de vencimiento anticipado, esa que permite al banco reclamar toda la cantidad adeudada en caso de impago, de incluso tan sólo una de las cuotas.

Para evitar otra desautorización del TJUE con el vencimiento anticipado, el alto tribunal consultó, en febrero pasado, al TJUE para conocer “si puede hacerse una declaración parcial de abusividad de una cláusula, manteniendo la validez de la parte que no se considera abusiva”. Es decir, se intenta salvar el contrato eliminando la cláusula abusiva en lugar de declarar ilegal todo el contrato. Abundando en la situación, es preciso señalar que la cláusula de vencimiento anticipado ha sido  anulada por un Juzgado de Madrid, junto a los intereses de demora al considerarlos abusivos. Esta sentencia se ha basado en la jurisprudencia comunitaria, entendiendo que  la cláusula de vencimiento anticipado sólo beneficia a la entidad bancaria, pues es ella la que obtiene un título ejecutivo para acudir al procedimiento de ejecución especial y un crédito preferente en caso de que los prestatarios incurran en concurso de acreedores, como asegura el comunicado del TSJ de Madrid.

Bruselas ya consideró abusiva  y por lo tanto ilegal, la cláusula de vencimiento anticipado  que incorporan TODOS los contratos hipotecarios. E invocándola se han realizado centenares de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la directiva 93/13/CE. La actual legislación hipotecaria española, que ni gobiernos de toda índole ni entidades financieras han querido corregir, sigue siendo contraria a la normativa UE en materia de derechos de los consumidores, afectando también a un Derecho Fundamental que es el Derecho a la Vivienda.

El Tribunal Supremo ya declaró la nulidad parcial de este tipo de cláusulas abusivas, pero proponía substituir el inicio de la ejecución hipotecaria de un impago a tres, como se incluyó en la Ley 1/2013. Para ello, el Supremo tuvo en cuenta que en 2012, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitía a las entidades ir a la ejecución, tras esos tres impagos. Pero el TJUE ha dicho que eso no es posible. La cláusula abusiva se debe tener «por no puesta» y el juez debe limitarse a retirarla del contrato. Tanto esta ley, como el Tribunal Supremo, no han parado de recibir varapalos en las 8 sentencias contrarias del TJUE que ya acumula España y su Ley Hipotecaria.

La sentencia del TJUE supone en la práctica, que el incumplimiento debe ser grave y contempla que el consumidor pueda reaccionar y pagar los plazos pendientes y no lo haga. Si un juez español aprecia que no se cumplen esas dos condiciones, tendrá que declarar nula la cláusula de vencimiento anticipado y sobreseer la ejecución hipotecaria instada por el banco. De esta forma la entidad bancaria ya no podrá recurrir a este sistema privilegiado de reclamación, porque la ejecución hipotecaria se habrá cerrado, En su lugar, el banco tendrá que acudir por la vía civil para exigir al consumidor las cuotas pendientes, pero nunca la devolución completa del crédito, ya que la cláusula es nula.

Además, la sentencia del TJUE incluyó otro revés para la banca, ya que extiende el plazo en el que se puede alegar ante el juez -o el juez detectar por sí mismo- la existencia de una cláusula abusiva. De hecho, el representante del Gobierno de España -¡Manda h…! como diría el conocido Trillo- pidió que ni siquiera se estudiase el caso, porque la alegación del hipotecado había llegado fuera de plazo, cuando el juez ya había acordado la entrega del inmueble al banco. La respuesta del alto tribunal europeo es que el procedimiento sigue hasta que el inmueble se entrega de forma efectiva a la entidad. Así que hasta el último instante se puede detectar un abuso y denunciarlo.

La tregua se acaba y otra vez los tribunales se convierten en los defensores de los afectados, frente a un Gobierno que se posiciona al lado de las entidades financieras. Pero si alguien piensa que la banca se ha estado quieta durante la tregua, contemplando como la realidad y los jueces atentan contra sus beneficios, se equivoca y mucho. Y no hay más que analizar la el Proyecto de Ley que el Ministro de Economía, Luis de Guindos, ex banquero, ha llevado al Parlamento;” Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario” lo denomina. Una ley que no es más que un intento de legitimación del abuso bancario. El  proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros, se convierte en una nueva muestra de connivencia del gobierno con el sector bancario. El «proyecto De Guindos«, sigue permitiendo la inclusión de cláusulas suelo, consagra la cláusula de vencimiento anticipado, pretende que los notarios certifiquen el conocimiento financiero de los usuarios y aborda la cuestión de los gastos hipotecarios desde el punto de vista de los bancos.

Y si la posición del Ministro de Economía es tan favorable a los bancos como si fuera uno de ellos, la del Banco de España, en su papel de supervisor, ha quedado totalmente en entredicho tras la declaración en el Congreso de los Diputados del secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, José Antonio Delgado Manzanares. Delgado ha achacado al supervisor una gran parte de la culpa de la crisis financiera y económica sufrida por nuestro país, asegurando que la entidad es un rehén de los bancos, a los que protege ocultando sus irregularidades. «El Banco de España tenía las herramientas para haber frenado la crisis, pero no lo quiso hacer” ha asegurado. Y tocando un tema de actualidad se ha preguntado cómo es posible que el Banco Popular pasara a manos del Santander sin un informe de la inspección y tan sólo con el informe de una firma privada de auditoría.

La tregua no firmada finaliza y dependiendo de lo que dictamine el TJUE veremos a los desahucios volver a coger velocidad de crucero y asaltarnos con su barbarie desde las páginas de los periódicos. Y es que son muchas las ejecuciones hipotecarias paralizadas hasta ver lo que sucede en Bruselas. Y en el intermedio, la banca española no se ha quedado quieta, sino que ha recuperado el resuello perdido y presionado a unos y otros para seguir haciendo lo que le dé la gana, en pos de sus beneficios, sin que nada ni nadie le molesten, ni tan siquiera la vida de muchos de sus compatriotas. Una verdadera tregua trampa para los afectados.

Eduardo Lizarraga

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