Los bancos, las el\u00e9ctricas y las compa\u00f1\u00edas de telefon\u00eda han sido las grandes beneficiadas de la dejadez,<\/strong> no puede ser menos que interesada, que han mostrado las administraciones, sobre todo la central y las auton\u00f3micas, sin diferencias de color pol\u00edtico, \u00a0desde que comenzara la crisis, all\u00e1 por el 2008. Dejadez que ha actuado en beneficio de estas empresas y en contra de los derechos de los consumidores y de su bolsillo.<\/p>\n Y est\u00e1 teniendo que ser la Justicia europea la que ponga las cosas en su sitio, no todas porque tras las sentencias llega su administraci\u00f3n y ya sabemos lo que pasa cuando administra el Gobierno de Madrid, que hace todo lo posible por vaciar de contenido el dictamen de Bruselas y que los espa\u00f1olitos de a pie nos quedemos con un palmo de narices y sin que nos devuelvan lo expoliado.<\/p>\n La lista de robos, estafas y abusos es larga<\/strong>; la cl\u00e1usula suelo, los gastos hipotecarios, la ley de desahucios\u2026por parte de la banca; los contadores inteligentes \u2013s\u00f3lo para ellos- la manipulaci\u00f3n de las tarifas, la cuota de potencia\u2026a cargo de las el\u00e9ctricas; los peajes del roamming, las tarifas que contratas uno y pagas siete, la permanencia, las penalizaciones\u2026a cargo de las empresas de telecomunicaciones. Y los 902 para todos.\u00a0 Decenas de actos fraudulentos cometidos contra los consumidores y las administraciones encantadas de haberse conocido o imponiendo en algunos casos sanciones rid\u00edculas<\/strong> frente a los beneficios obtenidos.<\/p>\n No puede ser que en todos los casos la estulticia de la administraci\u00f3n sea la culpable de la situaci\u00f3n de estafa generalizada. No puede ser que los afectados tengan que recurrir una y otra vez a los juzgados porque los departamentos de defensa de los consumidores o el Ministerio de turno est\u00e9n ciegos ante los abusos de las grandes empresas. La explicaci\u00f3n m\u00e1s plausible es \u201cque no interesa\u201d; no interesa defender a los consumidores porque no se recibe nada a cambio y \u00a0en cambio, de las grandes empresas siempre se puede obtener algo, aunque \u201ctan s\u00f3lo \u201csean sillones millonarios<\/strong> en sus consejos de administraci\u00f3n. Y una pista clara de lo que sucede es la disminuci\u00f3n vergonzosa de los presupuestos<\/strong> destinados a Oficinas de Consumo o a la Direcci\u00f3n General en el Ministerio, como ha sucedido en Andaluc\u00eda., que es adem\u00e1s, una de las comunidades aut\u00f3nomas donde m\u00e1s abusos se suceden.<\/p>\n Y siendo grave la situaci\u00f3n de abusos manifiestos y generalizados, a\u00fan considero m\u00e1s escandaloso que, tras una sentencia condenatoria, no se conmine a las empresas condenadas a reparar los da\u00f1os\u00a0 y devolver lo robado<\/strong> de oficio, sino que se obligue a los afectados a tener que recurrir a tribunales, contratar peritos y abogados para obtener lo que les ha sido arrebatado.<\/p>\n Es el caso de lo que est\u00e1 sucediendo con la plusval\u00eda municipal. El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado la nulidad de varios art\u00edculos de la ley que regula el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocido popularmente como impuesto de plusval\u00eda-, de manera que los consumidores pueden reclamar las cantidades abonadas si registraron p\u00e9rdidas en la venta del inmueble. El TC extiende a todo el territorio nacional la decisi\u00f3n que hab\u00eda adoptado\u00a0previamente para el territorio hist\u00f3rico de Gipuzkoa.<\/p>\n El TC considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) \u2014conocido popularmente como impuesto de plusval\u00eda\u2014 vulnera el principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica<\/strong> en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo. \u00a0El tribunal afirma que a partir de ahora corresponde al legislador llevar a cabo \u201clas modificaciones o adaptaciones pertinentes en el r\u00e9gimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributaci\u00f3n las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana\u201d.<\/p>\n Las Diputaciones vascas y se espera que el resto de municipios, ya se han puesto en pie de guerra<\/strong> y van a dificultar todo lo posible la devoluci\u00f3n del dinero recaudado. Y esa dificultad se traduce en que los afectados tendr\u00e1n que realizar un largo proceso de papeles, contratar abogados, pruebas periciales, ir a juicio\u2026Vamos que el dinero se lo sacaron sin m\u00e1s, pero para recuperarlo, a pesar de la sentencia, va a tener que gastarse otro buen pu\u00f1ado de euros. Y eso es injusto.<\/p>\n Lo justo tendr\u00eda que ser que las administraciones que se han apoderado de un dinero que no es suyo lo devolvieran y corrieran con los gastos de esa devoluci\u00f3n, pero en \u00e9ste pa\u00eds absurdo esto no suceder\u00e1. Por eso, asociaciones de consumidores est\u00e1n tomando el papel que debieran jugar las administraciones competentes en la defensa de los consumidores y asesorando a todos los afectados que son m\u00e1s de 500.000.<\/strong><\/p>\n El procedimiento pasa por, una vez recopilada toda la informaci\u00f3n: escrituras y documento de pago de la plusval\u00eda, hacer una reclamaci\u00f3n extrajudicial al ayuntamiento. Y si como parece est\u00e1 siendo la norma y el ayuntamiento no accede a la devoluci\u00f3n o lo hace en una cantidad inferior a la correspondiente, \u00a0habr\u00e1 que presentar el correspondiente recurso en el plazo legal establecido para ello. Si agotadas las v\u00edas de recurso el consistorio sigue sin aceptar la devoluci\u00f3n, habr\u00e1 que acudir a la justicia para reclamarlo. Es decir, gastar dinero para defendernos de unas administraciones que se han apoderado de algo que no era suyo. Y que disponen de muchos m\u00e1s recursos que nosotros para defenderse y lo que es peor, recursos que les pagamos nosotros mismos.<\/p>\n La situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n y escarnio<\/strong> que padecen los consumidores espa\u00f1oles y usuarios de todo tipo de servicios no es propia de un estado de derecho. Y menos de un pa\u00eds de la UE en donde los derechos de los consumidores son cada vez m\u00e1s tenidos en cuenta. Si en una guerra la primera v\u00edctima es la verdad, parece que en una crisis econ\u00f3mica lo son los derechos de los ciudadanos. O por lo menos en Espa\u00f1a, donde se ha aprovechado la crisis para quitarlos, disminuirlos y hacernoslo tragar. Pero f\u00fatbol y telebasura hay m\u00e1s que nunca.<\/strong><\/p>\n Eduardo Lizarraga<\/p>\n WWW.AQUIMICASA.NET<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La larga crisis econ\u00f3mica se est\u00e1 llevando por delante nuestros derechos y libertades, entre ellos los que tenemos como consumidores. 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