La movilizaci\u00f3n ciudadana masiva en defensa del Bloc Salt ha venido acompa\u00f1ada de una resoluci\u00f3n de \u00faltima hora del Tribunal de Estrasburgo que fuerza a la suspensi\u00f3n cautelar del desalojo. Una resoluci\u00f3n que supone un toque de atenci\u00f3n a las administraciones espa\u00f1olas y catalanas, y que exige un cambio radical en la pol\u00edtica de la SAREB. <\/p>\n
El Bloc Salt se ha convertido as\u00ed en el s\u00edmbolo de dos modelos contrapuestos: el del Banco Malo y la vulneraci\u00f3n de derechos humanos por una lado, y el de la autotutela de derechos frente al vac\u00edo gubernamental, por el otro.<\/p>\n
Desde que, a principios de setiembre, la Audiencia Provincial de Girona comunic\u00f3 fecha de desalojo para las 43 personas que viven en el edificio de Salt, la PAH ha activado todas las v\u00edas posibles para detenerlo y forzar una soluci\u00f3n para las familias y m\u00e1s de un millar de personas acudieron Salt a defender el derecho a la vivienda. <\/p>\n
El pasado 4 de octubre, y tras agotar la v\u00eda interna, la PAH present\u00f3 recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para solicitar por la v\u00eda de urgencia la paralizaci\u00f3n del desalojo del Bloc Salt, al considerar que se estaban vulnerando derechos fundamentales de las personas afectadas.<\/p>\n
El TEDH ha notificado la suspensi\u00f3n cautelar del desalojo, y da plazo al Gobierno espa\u00f1ol hasta el d\u00eda 24 de octubre para que exponga cuales son las medidas que las autoridades locales petenden implementar para prevenir la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 3 (prohibici\u00f3n de tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar, incluida la inviolabilidad del domicilio) de la Convenci\u00f3n Europea de Derechos Humanos, especialmente en relaci\u00f3n a los menores, y concretamente las medidas sobre vivienda y asistencia social.<\/p>\n
Recordamos que la situaci\u00f3n del estado espa\u00f1ol es una aut\u00e9ntica anomal\u00eda en el contexto europeo. Cualquier gobierno que se considere m\u00ednimamente democr\u00e1tico ya habr\u00eda reaccionado frente a la emergencia habitacional en la que vivimos. Ser\u00eda por tanto inconcebible que las administraciones p\u00fablicas no reaccionaran frente a las demandas ciudadanas y siguieran sin actuar tras el grave rev\u00e9s de Estrasburgo a su posici\u00f3n. Es por ello que desde la PAH exigimos al Gobierno y a la Generalitat de Catalunya que convoquen una reuni\u00f3n entre SAREB, PAH, Banco Mare Nostrum (el gestor del Bloc Salt) y las administraciones p\u00fablicas competentes en materia de vivienda, es decir, la misma Generalitat y el Ayuntamiento de Salt. Una reuni\u00f3n que sirva para resolver un alquiler social para las familias que actualmente viven en el bloc Salt. Estrasburgo ha dado un plazo muy breve a las administraciones p\u00fablicas -estatales y auton\u00f3micas- para garantizar que no se vulneran los derechos fundamentales de las familias afectadas: el 24 de octubre. En este caso, la soluci\u00f3n est\u00e1 afortunadament al alcance de todos: se trata de regularizar la situaci\u00f3n de las familias a trav\u00e9s de un alquiler social. <\/p>\n
Mientras el estado espa\u00f1ol vive una aut\u00e9ntica emergencia habitacional, las viviendas vac\u00edas en manos de los bancos son m\u00e1s que abundantes. Mientras las administraciones p\u00fablicas no tienen apenas viviendas para dar respuesta a la situaci\u00f3n l\u00edmite en la que se encuentran miles de familias, la SAREB acumula miles de viviendas vac\u00edas. Pero la peor de las paradojas es que la misma SAREB es una sociedad creada por el Gobierno, siguiendo ordenes de la Troika. Es, pues, una iniciativa p\u00fablica que, una vez m\u00e1s, en lugar de rescatar personas persigue rescatar a la banca sane\u00e1ndola de activos t\u00f3xicos. Su capital inicial lo hemos pagado ya los ciudadanos: m\u00e1s de 50.000 millones de euros, m\u00e1s una deuda bancaria que tambi\u00e9n avala el Estado. Es adem\u00e1s un doble rescate, puesto que los activos que gestiona son de entidades nacionalizadas, como Bankia o CX, que ya han recibido rescates millonarios. Miles de viviendas pagadas con dinero p\u00fablico que se niegan a alquilar porque pretenden malvenderlas a fondos buitres y grandes inversores nacionales e internacionales. <\/p>\n
La campa\u00f1a de la Obra Social la PAH, que realoja familias desahuciadas en viviendas vac\u00edas en manos de las entidades financieras y el Banco Malo, es una obligaci\u00f3n democr\u00e1tica y una necesidad. Sin esta campa\u00f1a de autotutela de derechos a trav\u00e9s de la desobediencia civil, la resoluci\u00f3n de Estrasburgo hubiera sido poco menos que imposible. De nuevo, la movilizaci\u00f3n ciudadana en defensa de los derechos humanos ha forzado que instancias internacionales d\u00e9n un toque de atenci\u00f3n a las administraciones del Estado espa\u00f1ol. <\/p>\n
Pero a\u00fan m\u00e1s importante, gracias a la Obra Social de la PAH hoy m\u00e1s de 700 personas desahuciadas han sido realojadas en 14 edificios recuperados. El mismo d\u00eda en el que se conoc\u00eda la noticia de la paralizaci\u00f3n del desalojo de Salt, la PAH Valencia hac\u00eda p\u00fablica la recuperaci\u00f3n de un bloque de viviendas propiedad de BBVA en el marco de la campa\u00f1a Obra Social la PAH. Mientras administraciones p\u00fablicas escurren el bulto y se escudan en la falta de competencias para no enfrentarse a los intereses bancarios, la ciudadan\u00eda act\u00faa y hace efectivos derechos. Que sepan administraciones, bancos e inversores y fondos buitre que esto s\u00f3lo es el principio, que no nos dejaremos robar el patrimonio colectivo. Las viviendas rescatadas deben ser para los ciudadanos y ciudadanas que las necesiten. Seguiremos recuperando viviendas, parando desalojos y recurriremos a todas las instancias internacionales posibles. Se trata de hacer justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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