La Junta de Andaluc\u00eda ha abierto expediente sancionador, con previsibles multas, a cinco bancos por no ofrecer sus viviendas de protecci\u00f3n oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes. Las multas derivadas de estos procedimientos pueden ascender a 11,1 millones de euros. Las entidades expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros p\u00fablicos), BBVA (29), La Caixa (32), Banco Santander (24) y Banco Sabadell (3). Los bancos no est\u00e1n acostumbrados a sufrir multas por sus actividades asociales.<\/p>\n
La obligaci\u00f3n por parte de las entidades financieras de poner sus viviendas protegidas a disposici\u00f3n de los registros municipales est\u00e1 fijada en la ley de VPO, integrada en la ley andaluza de la Funci\u00f3n Social de la Vivienda, la conocida como ley antidesahucios. En el caso de BBVA, Banco Santander y La Caixa, los expedientes se han abierto por viviendas a su nombre o de sociedades inmobiliarias de su propiedad. El Banco Popular es el que se expone a las multas m\u00e1s elevadas, de hasta 5,82 millones de euros. BBVA, a 2,4 millones; La Caixa, a 1,92; el Banco Santander, 1,44 millones; y el Sabadell, a 180.000 euros en multas. Si la Ley se extendiera al resto del Estado se dispondr\u00eda de m\u00e1s viviendas para los desahuciados y se recaudar\u00eda a costa de los que no tienen costumbre de aportar.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos de forma cautelar varios art\u00edculos de la norma andaluza recurridos por el Gobierno central del Partido Popular. Pero la obligaci\u00f3n por parte de los bancos de informar sobre sus viviendas p\u00fablicas y ponerlas a disposici\u00f3n de los registros municipales son dos de los apartados de la ley antidesahucios que no fueron impugnados, por lo que siguen en vigor. A lo que parece las entidades financieras pensaban que todo iba a seguir igual y que ni las multas ni los expedientes iban a llegar.<\/p>\n
Entre los cinco bancos suman 185 viviendas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, los encargados de fijar los mecanismos de selecci\u00f3n para la adjudicaci\u00f3n de VPO y los requisitos socioecon\u00f3micos para el acceso a estos inmuebles. Estas entidades entregaron a la Junta el inventario de sus VPO, una obligaci\u00f3n recogida en la ley antidesahucios. Ha sido al cotejar esa informaci\u00f3n con la existente en los registros p\u00fablicos de demandantes cuando la Junta se ha percatado de que al menos 185 de las viviendas protegidas que las entidades admit\u00edan tener no constaban en los listados de sus correspondientes municipios, cuesti\u00f3n esta que infringe la ley andaluza.<\/p>\n
La Junta de Andaluc\u00eda ha advertido de que estas VPO no son las \u00fanicas sin asignar a los registros p\u00fablicos, pero s\u00ed las que ha podido acreditar por ahora su departamento a partir de la informaci\u00f3n remitida por las propias entidades financieras tras la aprobaci\u00f3n de la Ley de Funci\u00f3n Social de la Vivienda. <\/p>\n
Por provincias, hay 43 VPO afectadas en Sevilla, 30 en C\u00e1diz, 22 en Almer\u00eda, 22 en C\u00f3rdoba, 20 en Granada, 17 en Ja\u00e9n, 17 en M\u00e1laga y 14 en Huelva. Cada VPO protegida que no haya sido ofrecida al registro municipal puede suponer una infracci\u00f3n muy grave que, seg\u00fan la ley antidesahucios, puede acarrear multas de entre 30.001 y 120.000 euros. La Consejer\u00eda ha iniciado el procedimiento con la sanci\u00f3n media, de 60.000 euros, al no apreciar en principio ning\u00fan aspecto atenuante ni agravante de los recogidos por la ley.<\/p>\n
El Banco Sabadell ha sido el \u00fanico de los bancos expedientados que este jueves se ha pronunciado sobre la decisi\u00f3n de la Junta. La entidad ha recurrido el procedimiento abierto porque entiende que ha cumplido con los requerimientos de informaci\u00f3n solicitados por la Junta, pero no con la de remitir tambi\u00e9n la informaci\u00f3n a cada uno de los Ayuntamientos. El banco ha regularizado ya la situaci\u00f3n informando a los registros municipales.<\/p>\n
Los expedientes abiertos ahora se suman a los que la Junta ya hab\u00eda iniciado contra la Sareb (el banco malo). En este caso, la entidad se expone a dos multas, una de 120.000 euros por no comunicar su inventario de VPO y otra de 109 millones por no ofrecer a los registros municipales las 911 VPO de su propiedad. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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