{"id":49606,"date":"2024-12-01T19:56:36","date_gmt":"2024-12-01T18:56:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=49606"},"modified":"2024-12-01T19:57:46","modified_gmt":"2024-12-01T18:57:46","slug":"una-promotora-chantajea-a-compradores-de-vpo-en-chipiona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/vivienda\/compraventa-de-viviendas\/una-promotora-chantajea-a-compradores-de-vpo-en-chipiona\/","title":{"rendered":"Una promotora chantajea a compradores de VPO en Chipiona"},"content":{"rendered":"
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Una promotora amenaza con la suspensi\u00f3n de pagos a los compradores<\/strong><\/h3>\n

En el complejo panorama del sector inmobiliario en Espa\u00f1a, la problem\u00e1tica de los retrasos en la entrega de viviendas<\/strong> y las exigencias de sobrecostes<\/strong> a los compradores es cada vez m\u00e1s frecuente. Uno de los casos m\u00e1s recientes y preocupantes lo protagoniza el Grupo Promar<\/strong>, a trav\u00e9s de su filial Chipiona Inversiones<\/strong>, en una promoci\u00f3n de 59 viviendas de protecci\u00f3n oficial (VPO) en Chipiona, C\u00e1diz.<\/p>\n

Los afectados, representados por FACUA C\u00e1diz<\/strong>, han denunciado a la promotora por exigir un sobrecoste de m\u00e1s de 20.000 euros<\/strong> como condici\u00f3n para la entrega de las viviendas, una situaci\u00f3n que ha generado un fuerte debate y enfrentamiento con el ayuntamiento de Chipiona<\/strong>, que parece inclinarse a favor de la empresa.<\/p>\n

La suspensi\u00f3n de pagos la solicita la empresa, pero la concede un juez<\/strong><\/h2>\n

El Grupo Promar ha comunicado a los compradores que, si no aceptan el sobreprecio, se ver\u00e1n obligados a declararse en concurso de acreedores<\/strong>. Este mecanismo, conocido com\u00fanmente como suspensi\u00f3n de pagos, es solicitado por la empresa cuando no puede hacer frente a sus deudas, pero es el juez quien decide si procede<\/strong>.<\/p>\n

Este proceso tiene graves implicaciones para los compradores, ya que:<\/p>\n

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  • No podr\u00edan acceder a las viviendas<\/strong> de forma inmediata.<\/li>\n
  • Tendr\u00edan que esperar a que se liquide el patrimonio de la empresa para recuperar su inversi\u00f3n, lo que podr\u00eda tardar a\u00f1os.<\/li>\n
  • En muchos casos, los compradores pueden perder parte del dinero invertido.<\/li>\n<\/ul>\n

    FACUA C\u00e1diz<\/strong> ha dejado claro que esta estrategia de presi\u00f3n por parte de la promotora es ilegal<\/strong>, especialmente al tratarse de una promoci\u00f3n de viviendas de protecci\u00f3n oficial (VPO)<\/strong>, cuyos precios est\u00e1n regulados y no pueden ser modificados unilateralmente.<\/p>\n

    La suspensi\u00f3n de pagos no significa el fin de la actividad<\/strong><\/h2>\n

    Es importante destacar que la suspensi\u00f3n de pagos no implica necesariamente el cierre de la empresa. Muchas promotoras utilizan esta estrategia para reestructurar sus deudas<\/strong> y continuar con su actividad.<\/p>\n

    En este caso, sin embargo, la maniobra de Promar parece m\u00e1s bien una estrategia para forzar a los compradores<\/strong> a aceptar condiciones econ\u00f3micas abusivas. La promotora busca convertir un problema de gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n interna en una carga econ\u00f3mica para los futuros propietarios<\/strong>.<\/p>\n

    Este tipo de pr\u00e1cticas afecta negativamente la confianza en el mercado inmobiliario<\/strong>, especialmente en un sector como el de la VPO, destinado a facilitar el acceso a la vivienda a familias con recursos limitados.<\/p>\n

    El ayuntamiento deber\u00eda ayudar a los compradores y no facilitar el cambio de contrato a la empresa<\/strong><\/h2>\n

    Uno de los aspectos m\u00e1s controvertidos de este caso ha sido la posici\u00f3n del ayuntamiento de Chipiona<\/strong>, encabezado por el alcalde Luis Mario Aparcero<\/strong> y el concejal de Urbanismo Jos\u00e9 Mellado<\/strong>.<\/p>\n

    En lugar de apoyar a los compradores, el ayuntamiento ha decidido:<\/p>\n

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    • Refrendar los argumentos de la promotora<\/strong>, asegurando que su situaci\u00f3n financiera es insostenible sin el pago del sobreprecio.<\/li>\n
    • Facilitar la modificaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n<\/strong> de las viviendas, lo que permitir\u00eda a la promotora cambiar las condiciones del contrato<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

      Esta actitud ha sido duramente criticada por FACUA C\u00e1diz<\/strong>, que ha expresado su indignaci\u00f3n<\/strong> ante el hecho de que una instituci\u00f3n p\u00fablica, en lugar de defender a los ciudadanos, favorezca los intereses de la empresa<\/strong>. La asociaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el ayuntamiento deber\u00eda ser un aliado de los compradores<\/strong>, velando por el cumplimiento de los contratos y la legalidad en la entrega de las viviendas.<\/p>\n

      Promar no solo se retrasa en la entrega de las viviendas, sino que quiere cobrar m\u00e1s por ellas<\/strong><\/h2>\n

      El conflicto comenz\u00f3 en 2022, cuando Chipiona Inversiones<\/strong> inici\u00f3 la construcci\u00f3n de las 59 viviendas con una fecha de entrega prevista para finales de 2023. Sin embargo, debido a problemas con la constructora, la entrega se pospuso hasta julio de 2024<\/strong>, un retraso que fue aceptado por los compradores, aunque con numerosas dificultades.<\/p>\n

      Finalmente, las viviendas no estuvieron listas hasta noviembre de 2024, pr\u00e1cticamente un a\u00f1o despu\u00e9s de lo acordado inicialmente.<\/p>\n

      Pero la situaci\u00f3n se agrav\u00f3 cuando Promar comunic\u00f3 a los compradores que:<\/p>\n

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      • Para recibir las llaves de sus viviendas, deb\u00edan abonar un sobrecoste de 20.226 euros<\/strong>.<\/li>\n
      • Si no aceptaban, la promotora se declarar\u00eda en concurso de acreedores, bloqueando la entrega de las viviendas.<\/li>\n<\/ul>\n

        Este tipo de actuaciones no solo generan inseguridad jur\u00eddica<\/strong>, sino que tambi\u00e9n representan una pr\u00e1ctica abusiva<\/strong> que vulnera los derechos de los compradores.<\/p>\n

        \u00bfQu\u00e9 pueden hacer los afectados?<\/strong><\/h2>\n

        Ante esta situaci\u00f3n, FACUA C\u00e1diz<\/strong> ha interpuesto una denuncia ante la Consejer\u00eda de Fomento, Articulaci\u00f3n del Territorio y Vivienda<\/strong> de la Junta de Andaluc\u00eda, exigiendo que:<\/p>\n

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        1. Se garantice la entrega de las viviendas<\/strong> al precio inicialmente pactado.<\/li>\n
        2. Se investigue la actuaci\u00f3n de la promotora y del ayuntamiento.<\/li>\n
        3. Se indemnice a los compradores por los da\u00f1os y perjuicios derivados del retraso en la entrega.<\/li>\n<\/ol>\n

          Adem\u00e1s, FACUA ha advertido que esta situaci\u00f3n podr\u00eda repetirse en otras promociones de Promar en Andaluc\u00eda, lo que supone un riesgo para cientos de compradores en provincias como M\u00e1laga, Sevilla, Huelva, Granada y C\u00e1diz.<\/p>\n

          Los compradores deben estar atentos y exigir el cumplimiento de sus derechos<\/strong>, evitando ceder a presiones ilegales y buscando el respaldo de asociaciones de consumidores y autoridades competentes.<\/p>\n

          La posici\u00f3n de la administraci\u00f3n debe ser defender a los consumidores<\/h2>\n

          La amenaza de suspensi\u00f3n de pagos por parte de una promotora como Promar no debe ser un motivo para que los compradores acepten condiciones abusivas. Es fundamental que las instituciones p\u00fablicas, como el ayuntamiento, defiendan los intereses de los ciudadanos y garanticen el acceso a una vivienda digna y a precios justos. Por desgracia es una situaci\u00f3n que se repite de forma preocupante y que tiene que ver con el alza en el precio de las viviendas, de los materiales y la mano de obra. Pero al ser una promocio\u00f3n de VPO el problema tambi\u00e9n implica a la administraci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>