{"id":53246,"date":"2025-09-27T21:10:07","date_gmt":"2025-09-27T19:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=53246"},"modified":"2025-09-27T21:10:07","modified_gmt":"2025-09-27T19:10:07","slug":"nuevo-revolcon-a-airbnb-por-mantener-pisos-turisticos-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/vivienda\/alquileres\/nuevo-revolcon-a-airbnb-por-mantener-pisos-turisticos-ilegales\/","title":{"rendered":"Nuevo revolc\u00f3n a Airbnb por mantener pisos tur\u00edsticos ilegales"},"content":{"rendered":"

Airbnb parece empe\u00f1ada en dar la raz\u00f3n a quienes llevan a\u00f1os denunciando que las grandes plataformas internacionales consideran que las leyes de los pa\u00edses en los que operan son meras sugerencias. En Espa\u00f1a, sin embargo, la realidad es otra: aqu\u00ed el \u201ctodo vale\u201d no cuela. Y menos a\u00fan cuando el negocio consiste en inflar los precios de la vivienda y multiplicar los pisos tur\u00edsticos ilegales a costa de expulsar a los vecinos de sus barrios. La \u00faltima bofetada judicial ha venido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)<\/strong>, que ha vuelto a desbaratar las pretensiones de la multinacional estadounidense.<\/p>\n

El tribunal ha rechazado el recurso de Airbnb contra la retirada de 34.728 anuncios ilegales de pisos tur\u00edsticos<\/strong>, un paquete que formaba parte de los 65.000 alojamientos sin licencia<\/strong> que el Ministerio de Consumo hab\u00eda ordenado eliminar de la plataforma. Y aunque la compa\u00f1\u00eda ya hab\u00eda aceptado, a rega\u00f1adientes, bloquear esas p\u00e1ginas, decidi\u00f3 mantener abierta la v\u00eda judicial. Una muestra m\u00e1s de que Airbnb, lejos de reconocer los problemas que provoca su modelo de negocio, prefiere gastar energ\u00edas en pleitear antes que cumplir la ley.<\/p>\n

Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado un recurso de Airbnb<\/strong><\/h2>\n

El auto del TSJM supone el segundo varapalo en pocos meses<\/strong> para Airbnb. La primera vez fue en mayo, cuando la justicia ya aval\u00f3 la retirada de otra tanda de anuncios ilegales, unos 5.800. En este caso, el tribunal se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que dict\u00f3 la Direcci\u00f3n General de Consumo<\/strong>, que obligaban a la plataforma a eliminar los casi 35.000 anuncios en cuesti\u00f3n. Airbnb recurri\u00f3, pero el tribunal ha sido tajante: la legalidad no se negocia.<\/p>\n

Y es que el conflicto no es nuevo. En diciembre de 2024, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy<\/strong> abri\u00f3 un expediente sancionador<\/strong> contra Airbnb por negarse a eliminar los 65.000 anuncios sin licencia, una infracci\u00f3n grave que puede acarrear sanciones de hasta 100.000 euros<\/strong> o entre cuatro y seis veces el beneficio il\u00edcito obtenido. Y como se sabe, cuando se habla de beneficios il\u00edcitos en una plataforma como Airbnb, las cifras no son precisamente calderilla.<\/p>\n

A pesar de que en junio de este a\u00f1o la empresa firm\u00f3 un pacto con el Ministerio de Vivienda<\/strong> para retirar los anuncios, decidi\u00f3 mantener vivos los recursos ante los tribunales, como si confiara en que la justicia espa\u00f1ola acabar\u00eda haci\u00e9ndole un favor. El problema es que aqu\u00ed los tribunales no entienden de lobbies californianos ni de estrategias de \u201ceconom\u00eda colaborativa\u201d. Lo que entienden es que la ley se cumple o se sanciona<\/strong>.<\/p>\n

El Ministerio contin\u00faa con el expediente sancionador iniciado<\/strong><\/h2>\n

Airbnb ha intentado vender su reciente colaboraci\u00f3n con las administraciones como un cambio de rumbo, pero lo cierto es que el Ministerio de Consumo sigue con su expediente sancionador abierto<\/strong>. Desde el equipo de Bustinduy han recordado que la retirada de los anuncios fue instada por los tribunales y que en ning\u00fan caso afecta a los procedimientos sancionadores ya en marcha, porque los hechos investigados son anteriores a los gestos de buena voluntad que ahora intenta exhibir la multinacional.<\/p>\n

En otras palabras: Airbnb puede intentar lavar su imagen cuanto quiera, pero la Administraci\u00f3n no se traga el cuento. El expediente sancionador sigue su curso y podr\u00eda desembocar en sanciones millonarias. Lo que para el consumidor medio supone el respeto a unas normas b\u00e1sicas, para Airbnb no es m\u00e1s que un obst\u00e1culo a su sacrosanta misi\u00f3n de seguir facturando a costa de lo que haga falta.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de Consumo identific\u00f3 tres supuestas ilegalidades<\/strong><\/h2>\n

El cat\u00e1logo de irregularidades detectadas por la Direcci\u00f3n General de Consumo<\/strong> es, como m\u00ednimo, sonrojante para una compa\u00f1\u00eda de la envergadura de Airbnb. Las tres ilegalidades m\u00e1s frecuentes son:<\/p>\n

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  1. \n

    No incluir el n\u00famero de licencia o registro en los anuncios<\/strong>, un requisito obligatorio en varias normativas auton\u00f3micas. Una omisi\u00f3n tan b\u00e1sica que solo puede explicarse desde el desprecio a la legislaci\u00f3n local.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    Incorporar n\u00fameros de licencia falsos o que no corresponden a los expedidos por las autoridades competentes<\/strong>. Una pr\u00e1ctica que roza el fraude de manual.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    No indicar la naturaleza jur\u00eddica de los arrendadores<\/strong>, lo que confunde al consumidor y puede hacerle creer que contrata con un particular cuando en realidad lo hace con una empresa profesional.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Es decir, que Airbnb no solo estaba incumpliendo las normas, sino que adem\u00e1s estaba induciendo a error a los usuarios<\/strong>, present\u00e1ndose bajo el paraguas de la econom\u00eda colaborativa cuando en muchos casos lo que se escond\u00eda detr\u00e1s eran gestoras profesionales con decenas de pisos en cartera.<\/p>\n

    En paralelo, el Ministerio ha abierto tambi\u00e9n expedientes sancionadores a varias de estas gestoras por hacerse pasar por particulares y, de paso, esquivar obligaciones legales como la de contar con un servicio de atenci\u00f3n al cliente para tramitar reclamaciones. El truco es sencillo: presentarse como vecino que alquila su vivienda, cuando en realidad se trata de un operador profesional que gestiona decenas de inmuebles. Un fraude en toda regla.<\/p>\n

    Airbnb: de la rebeld\u00eda al maquillaje<\/strong><\/h3>\n

    Airbnb intenta ahora vender un relato de cambio y colaboraci\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda asegura que desde julio ha notificado a todos los anfitriones la obligaci\u00f3n de obtener un n\u00famero de registro y presume de que m\u00e1s de 70.000 anuncios ya muestran este dato<\/strong>. Es un giro de discurso que llega, casualmente, despu\u00e9s de que la justicia y el Ministerio les hayan apretado las tuercas.<\/p>\n

    Lo que en realidad queda claro es que Airbnb no da un paso en la direcci\u00f3n correcta por convicci\u00f3n, sino por obligaci\u00f3n. Su historial lo demuestra: primero se niega, despu\u00e9s recurre, m\u00e1s tarde pierde, y finalmente presume de ser un socio comprometido con las instituciones. Una secuencia tan previsible como la de quien intenta no pagar el billete en el metro y acaba alegando despiste cuando le cazan.<\/p>\n

    La vivienda en el centro del conflicto<\/strong><\/h3>\n

    Detr\u00e1s de esta batalla no est\u00e1 solo la letra peque\u00f1a de una normativa. Est\u00e1 la crisis de la vivienda en Espa\u00f1a<\/strong>, una crisis que Airbnb contribuye a agravar con su modelo de negocio. Como record\u00f3 Bustinduy: \u201cHay miles de familias que viven al l\u00edmite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos que expulsan a las personas de sus hogares\u201c Ninguna empresa, por grande que sea, puede estar por encima de la ley\u201d.<\/p>\n

    La proliferaci\u00f3n de pisos tur\u00edsticos ilegales tensiona los barrios, expulsa a los inquilinos tradicionales y presiona al alza los precios del alquiler. Y cuando la empresa que m\u00e1s se beneficia de ese descontrol es la misma que pone trabas para cumplir la ley, la reacci\u00f3n de la Administraci\u00f3n es la \u00fanica posible: sancionar y obligar a retirar los anuncios.<\/p>\n

    Un modelo agotado<\/strong><\/h3>\n

    El caso Airbnb evidencia que el discurso de la \u201ceconom\u00eda colaborativa\u201d se ha convertido en un simple envoltorio de m\u00e1rketing. Lo que empez\u00f3 como una plataforma para compartir viviendas puntualmente entre particulares es hoy una m\u00e1quina globalizada de generar beneficios, donde las reglas locales son vistas como obst\u00e1culos molestos.<\/p>\n

    Pero Espa\u00f1a no es el salvaje Oeste. Aqu\u00ed, por mucho que Airbnb insista en lo contrario, la ley se cumple<\/strong>. Y si la plataforma se empe\u00f1a en resistirse, encontrar\u00e1 m\u00e1s autos como el del TSJM record\u00e1ndole que su \u201ccolaboraci\u00f3n\u201d no es un gesto de buena voluntad, sino una obligaci\u00f3n legal.<\/p>\n

    \n<\/div><\/div>