{"id":54824,"date":"2026-01-23T22:05:33","date_gmt":"2026-01-23T21:05:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=54824"},"modified":"2026-01-23T22:05:33","modified_gmt":"2026-01-23T21:05:33","slug":"mas-de-70-000-familias-podrian-ser-desahuciadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/vivienda\/compraventa-de-viviendas\/mas-de-70-000-familias-podrian-ser-desahuciadas\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de 70.000 familias podr\u00edan ser desahuciadas"},"content":{"rendered":"

La preocupaci\u00f3n social vuelve a instalarse en el centro del debate sobre la vivienda en Espa\u00f1a ante la posibilidad de que decaiga el llamado escudo social<\/strong>, una de las principales medidas aprobadas durante la pandemia para frenar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. La plataforma #NiUnDesahucioM\u00e1s<\/strong>, que agrupa a un centenar de entidades sociales, ha lanzado un mensaje de alerta ante la incertidumbre pol\u00edtica que rodea la convalidaci\u00f3n del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre y que debe votarse en el Congreso el pr\u00f3ximo 27 de enero<\/strong>.<\/p>\n

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La norma, que prorroga durante un a\u00f1o m\u00e1s la suspensi\u00f3n de los lanzamientos para hogares en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, afecta directamente a m\u00e1s de 70.000 familias<\/strong> que se han beneficiado de la moratoria desde abril de 2020. A pocos d\u00edas de la votaci\u00f3n, la mayor\u00eda parlamentaria necesaria para su convalidaci\u00f3n no est\u00e1 garantizada, lo que ha reactivado el temor a una nueva ola de desahucios en un contexto marcado por la falta de vivienda asequible<\/strong>, el encarecimiento del alquiler y la escasa capacidad de respuesta de las administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n

El Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros debe pasar por el Congreso<\/strong><\/h2>\n

Las entidades sociales recuerdan que la aprobaci\u00f3n del decreto en el Consejo de Ministros no es suficiente para asegurar su vigencia. El texto debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, donde el equilibrio parlamentario vuelve a situar la cuesti\u00f3n de la vivienda en una posici\u00f3n fr\u00e1gil. Durante el mes de diciembre, la coalici\u00f3n #NiUnDesahucioM\u00e1s mantuvo reuniones con distintos grupos pol\u00edticos con el objetivo de recabar apoyos y trasladar la dimensi\u00f3n social del problema. En aquel momento, el mensaje parec\u00eda compartido: la reactivaci\u00f3n masiva de desahucios ser\u00eda un drama social dif\u00edcilmente asumible<\/strong>.<\/p>\n

Sin embargo, la falta de certezas a escasos d\u00edas de la votaci\u00f3n ha devuelto la inquietud a miles de hogares que viven pendientes de una decisi\u00f3n pol\u00edtica. Las organizaciones denuncian que esta situaci\u00f3n de incertidumbre prolongada tiene un impacto directo en la salud emocional y econ\u00f3mica de las familias afectadas, que no saben si podr\u00e1n permanecer en sus viviendas o si deber\u00e1n enfrentarse a un desalojo inminente sin alternativa residencial.<\/p>\n

Los votos de PNV y Junts ser\u00e1n decisivos<\/strong><\/h2>\n

En este escenario, los votos de PNV y Junts<\/strong> se perfilan como determinantes para que la moratoria siga adelante. Las entidades sociales han retomado los contactos con ambos grupos parlamentarios en un intento de asegurar su respaldo y ofrecer tranquilidad a las familias vulnerables. Desde la plataforma subrayan que no se trata de un debate ideol\u00f3gico, sino de una cuesti\u00f3n de responsabilidad institucional<\/strong>, en un momento en el que el mercado de la vivienda sigue tensionado y las soluciones estructurales avanzan con lentitud.<\/p>\n

A nivel estatal, si la medida decae, podr\u00edan reactivarse de forma inmediata hasta 70.000 procesos de desahucio<\/strong> suspendidos en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. A esta cifra habr\u00eda que sumar los 27.564 desalojos que se producen cada a\u00f1o<\/strong> en Espa\u00f1a, muchos de ellos sin que las administraciones puedan garantizar un realojo digno. El resultado ser\u00eda una presi\u00f3n insostenible sobre los servicios sociales y un agravamiento de la exclusi\u00f3n residencial.<\/p>\n

Hasta 20.000 desahucios podr\u00edan producirse en Catalu\u00f1a<\/strong><\/h2>\n

Catalu\u00f1a es uno de los territorios donde el impacto de una eventual no convalidaci\u00f3n ser\u00eda m\u00e1s severo. Seg\u00fan las proyecciones basadas en datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030<\/strong> y de la Generalitat de Catalunya<\/strong>, podr\u00edan reactivarse 13.260 desahucios<\/strong> que se beneficiaron de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A esta cifra habr\u00eda que a\u00f1adir los 7.381 desalojos anuales<\/strong> que ya se producen en la comunidad.<\/p>\n

En conjunto, hasta 20.000 lanzamientos podr\u00edan ejecutarse en 2026<\/strong>, sin que la Generalitat haya dise\u00f1ado un plan de choque espec\u00edfico para afrontar este escenario. Las entidades sociales advierten de que la ausencia de previsi\u00f3n agrava el riesgo de colapso y deja a miles de familias en una situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad, especialmente en \u00e1reas metropolitanas donde el acceso al alquiler es cada vez m\u00e1s limitado.<\/p>\n

Posibles acciones para asegurar un techo a estas familias<\/strong><\/h2>\n

Desde la coalici\u00f3n #NiUnDesahucioM\u00e1s insisten en que el problema no puede seguir abord\u00e1ndose mediante pr\u00f3rrogas temporales<\/strong> ni soluciones coyunturales. Reclaman un compromiso pol\u00edtico que vaya m\u00e1s all\u00e1 de la urgencia inmediata y apueste por medidas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda. Entre las propuestas planteadas destacan la puesta en marcha de un plan de actuaci\u00f3n urgente<\/strong> que asegure el mantenimiento de la vivienda o un realojo digno, la movilizaci\u00f3n de fondos del Plan Estatal de Vivienda<\/strong> y el despliegue efectivo del tanteo y retracto<\/strong> para incorporar al parque p\u00fablico viviendas en manos de grandes tenedores.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se\u00f1alan la necesidad de poner a disposici\u00f3n social las viviendas de la SAREB<\/strong>, especialmente ante el anuncio de la venta de grandes carteras de alquiler por parte de fondos de inversi\u00f3n. Las entidades advierten de que, sin una intervenci\u00f3n decidida, estas operaciones pueden reducir a\u00fan m\u00e1s la oferta disponible y encarecer los precios, agravando una crisis habitacional que ya afecta de forma directa al consumo, al mercado inmobiliario y a la cohesi\u00f3n social.<\/p>\n

Con el futuro de miles de familias en juego, la plataforma ha dejado claro que utilizar\u00e1 todas las herramientas de la sociedad civil<\/strong> a su alcance para evitar una nueva ola de desahucios. La vivienda vuelve as\u00ed al centro del debate pol\u00edtico, no solo como un activo econ\u00f3mico, sino como un derecho b\u00e1sico cuya garant\u00eda sigue dependiendo, en gran medida, de decisiones parlamentarias a\u00fan por cerrar.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div><\/div>