{"id":54971,"date":"2026-02-03T21:16:26","date_gmt":"2026-02-03T20:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=54971"},"modified":"2026-02-03T21:18:26","modified_gmt":"2026-02-03T20:18:26","slug":"la-normativa-antidesahucios-deja-fuera-a-muchos-propietarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/vivienda\/alquileres\/la-normativa-antidesahucios-deja-fuera-a-muchos-propietarios\/","title":{"rendered":"La normativa antidesahucios deja fuera a muchos propietarios"},"content":{"rendered":"
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El Gobierno ha optado por una estrategia pol\u00edtica de m\u00ednimos para salvar uno de los decretos m\u00e1s sensibles de la legislatura: el que combina la revalorizaci\u00f3n de las pensiones con la pr\u00f3rroga del llamado escudo social<\/strong>, en el que se incluye la moratoria antidesahucios. Tras el rechazo parlamentario de la semana pasada, Moncloa ha decidido trocear el decreto<\/strong> y, al mismo tiempo, introducir cambios sustanciales en la protecci\u00f3n frente a los desalojos. El m\u00e1s relevante: la nueva moratoria antidesahucios no afectar\u00e1 a los peque\u00f1os propietarios<\/strong>, es decir, a quienes tengan una o dos viviendas, tras un acuerdo alcanzado in extremis con el PNV.<\/p>\n

La medida supone un giro relevante en la pol\u00edtica de vivienda del Ejecutivo y reabre el debate sobre el equilibrio entre la protecci\u00f3n de los inquilinos vulnerables y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de los propietarios particulares. Desde el Gobierno se insiste en que se mantiene el escudo social, pero con una delimitaci\u00f3n m\u00e1s estricta: la suspensi\u00f3n de los desahucios solo se aplicar\u00e1 a propietarios de tres o m\u00e1s viviendas<\/strong>, siempre que exista contrato previo y que el arrendador no sea tambi\u00e9n vulnerable.<\/p>\n

Un acuerdo con el PNV para defender a propietarios de menos de tres viviendas<\/strong><\/h2>\n

El pacto con el PNV ha sido clave para desbloquear la tramitaci\u00f3n del decreto. Los jeltzales ven\u00edan denunciando desde hace meses que los peque\u00f1os propietarios estaban asumiendo una carga que no les correspond\u00eda, al verse obligados de facto a ofrecer una alternativa habitacional a inquilinos vulnerables, con meses \u2014o a\u00f1os\u2014 de impagos. La nueva redacci\u00f3n del decreto introduce un baremo diferenciado<\/strong> que excluye de esta obligaci\u00f3n a quienes solo disponen de una o dos viviendas, una de ellas habitualmente su residencia.<\/p>\n

El argumento del PNV, aceptado por el Ejecutivo, es que no se puede equiparar a estos propietarios con grandes tenedores o fondos de inversi\u00f3n, y que mantener esta equiparaci\u00f3n estaba generando nuevos casos de vulnerabilidad entre personas que dependen del alquiler como complemento de renta. En la pr\u00e1ctica, el Gobierno traslada ahora la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional a los servicios sociales auton\u00f3micos<\/strong>, una tarea que, como reconocen las propias administraciones, rara vez puede resolverse con rapidez por la escasez estructural de vivienda p\u00fablica.<\/p>\n

De los 60.000 desahucios pendientes podr\u00edan ejecutarse 50.000<\/strong><\/h2>\n

El impacto real del cambio es significativo. Seg\u00fan datos ofrecidos por la ministra portavoz, Elma Saiz, en la actualidad hay unos 60.000 desahucios paralizados<\/strong> en toda Espa\u00f1a. Con la nueva normativa, alrededor de 50.000 podr\u00edan reanudarse<\/strong>, ya que afectan a viviendas propiedad de particulares con una o dos unidades en alquiler. Ser\u00e1n las comunidades aut\u00f3nomas, a trav\u00e9s de sus servicios sociales, las que deban ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables, una obligaci\u00f3n que choca frontalmente con la falta cr\u00f3nica de recursos y de parque p\u00fablico disponible.<\/p>\n

La suspensi\u00f3n de los desahucios se introdujo en marzo de 2020 como una medida excepcional vinculada a la pandemia. Casi seis a\u00f1os despu\u00e9s, su pr\u00f3rroga continuada ha evidenciado las limitaciones de una pol\u00edtica basada en medidas de emergencia prolongadas en el tiempo<\/strong>, sin un refuerzo paralelo de la oferta p\u00fablica de vivienda. Catalu\u00f1a, de hecho, ha sido la comunidad que m\u00e1s fondos ha destinado a compensar a propietarios afectados por desahucios suspendidos, lo que pone de relieve el elevado coste presupuestario de este modelo.<\/p>\n

EH Bildu y Podemos han criticado el acuerdo que permitir\u00e1 nuevos desahucios<\/strong><\/h2>\n

El acuerdo con el PNV ha generado una fuerte contestaci\u00f3n en el flanco izquierdo del bloque de investidura. EH Bildu y Podemos<\/strong> consideran que la nueva redacci\u00f3n del decreto debilita el n\u00facleo del escudo social y abre la puerta a desahucios sin alternativa habitacional<\/strong>, incluso en casos de vulnerabilidad acreditada. Desde la formaci\u00f3n soberanista se insiste en que la responsabilidad de ofrecer alojamiento recae en las instituciones y no en los propietarios, pero advierten de que el cambio reduce de forma dr\u00e1stica la protecci\u00f3n efectiva de los inquilinos.<\/p>\n

Podemos ha ido m\u00e1s all\u00e1 y ha denunciado que el acuerdo prioriza los intereses de los propietarios frente al derecho a la vivienda, en un contexto en el que el acceso al alquiler es cada vez m\u00e1s restrictivo. Sumar, por su parte, asume el pacto con reservas, consciente de la compleja aritm\u00e9tica parlamentaria y de la necesidad de salvar al menos una parte del decreto.<\/p>\n

Este debate se produce, adem\u00e1s, en paralelo a la activaci\u00f3n del r\u00e9gimen sancionador en Catalu\u00f1a<\/strong>, donde el Govern ha impuesto recientemente las primeras 13 sanciones por incumplimientos de la ley de vivienda. Un movimiento que, aunque simb\u00f3lico, pone de manifiesto la distancia entre la ambici\u00f3n normativa y la capacidad real de las administraciones para intervenir en un mercado tensionado.<\/p>\n

En el fondo, la discusi\u00f3n vuelve a se\u00f1alar el mismo problema estructural: la insuficiencia de vivienda p\u00fablica y social<\/strong>. Sin una apuesta decidida por la obra p\u00fablica y la ampliaci\u00f3n del parque asequible, las moratorias, los escudos sociales y las sanciones act\u00faan como parches temporales que desplazan el conflicto, pero no lo resuelven. La nueva normativa antidesahucios protege a los peque\u00f1os propietarios, pero lo hace a costa de reducir el alcance de la protecci\u00f3n a los inquilinos vulnerables, evidenciando, una vez m\u00e1s, las carencias de un sistema incapaz de garantizar el derecho a la vivienda desde la ra\u00edz.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div><\/div>