{"id":55267,"date":"2026-02-26T23:04:56","date_gmt":"2026-02-26T22:04:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=55267"},"modified":"2026-02-26T23:06:56","modified_gmt":"2026-02-26T22:06:56","slug":"desactivada-la-moratoria-antidesahucios-en-el-congreso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/vivienda\/desahucio\/desactivada-la-moratoria-antidesahucios-en-el-congreso\/","title":{"rendered":"Desactivada la moratoria antidesahucios en el Congreso"},"content":{"rendered":"

El Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidaci\u00f3n del Real Decreto-ley que prorrogaba la suspensi\u00f3n de los desahucios para familias vulnerables, lo que supone que queda desactivada la moratoria antidesahucios con los votos de la derecha<\/strong>. La decisi\u00f3n parlamentaria, adoptada el 26 de febrero, pone fin a una medida que ha estado vigente, con sucesivas pr\u00f3rrogas, desde el inicio de la pandemia y que formaba parte del denominado escudo social.<\/p>\n

El texto no ha superado la votaci\u00f3n al recibir 177 votos en contra, 172 a favor y una abstenci\u00f3n. PP, Vox y Junts ya hab\u00edan anticipado su rechazo durante el debate previo, resultando decisivo su posicionamiento para tumbar la norma. Se trata de la segunda negativa parlamentaria en apenas un mes, despu\u00e9s de que a finales de enero tambi\u00e9n decayese el llamado decreto \u00f3mnibus que inclu\u00eda esta misma pr\u00f3rroga.<\/p>\n

La consecuencia inmediata es que decae la suspensi\u00f3n de lanzamientos por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de cortar suministros b\u00e1sicos a estos colectivos. La medida pretend\u00eda extender la protecci\u00f3n hasta el 31 de diciembre de este a\u00f1o, en un contexto especialmente delicado para el mercado del alquiler.<\/p>\n

Junts considera que el texto avala las okupaciones<\/strong><\/h2>\n

Uno de los argumentos centrales del rechazo ha sido el de Junts, que sostuvo que la redacci\u00f3n del decreto generaba inseguridad jur\u00eddica y, en su opini\u00f3n, avalaba las okupaciones<\/strong>. Desde esta formaci\u00f3n se defendi\u00f3 que la protecci\u00f3n a inquilinos vulnerables no pod\u00eda traducirse en una desprotecci\u00f3n sistem\u00e1tica de los peque\u00f1os propietarios ni en un mensaje ambiguo frente a situaciones de ocupaci\u00f3n ilegal.<\/p>\n

El Partido Popular y Vox, por su parte, mantuvieron una posici\u00f3n cr\u00edtica con la pol\u00edtica de vivienda del Gobierno y con la prolongaci\u00f3n de medidas excepcionales que, a su juicio, distorsionan el mercado del alquiler y perjudican la oferta disponible. La suma de estos votos ha sido suficiente para impedir la convalidaci\u00f3n del decreto y precipitar la ca\u00edda del escudo social en materia de desahucios.<\/p>\n

El pacto con el PNV para salvar el Decreto no ha sido suficiente<\/strong><\/h2>\n

El Gobierno hab\u00eda intentado garantizar el respaldo parlamentario introduciendo cambios relevantes en el texto tras el pacto con el PNV para salvar el Decreto<\/strong>, pero ese movimiento no ha sido suficiente. La modificaci\u00f3n m\u00e1s destacada establec\u00eda que los propietarios de dos o menos viviendas con inquilinos vulnerables quedaban fuera del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n, trasladando a los servicios sociales la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional urgente.<\/p>\n

De este modo, la moratoria se limitaba en la pr\u00e1ctica a los denominados grandes tenedores, reduciendo el impacto sobre peque\u00f1os arrendadores. Sin embargo, esta concesi\u00f3n no logr\u00f3 revertir el sentido del voto de Junts ni atraer apoyos adicionales que permitieran alcanzar la mayor\u00eda necesaria.<\/p>\n

La ca\u00edda de la norma abre un escenario incierto en un a\u00f1o particularmente sensible para el mercado residencial. Se estima que podr\u00edan reactivarse en torno a 60.000 procedimientos de desahucio que hab\u00edan quedado paralizados al amparo de la moratoria. A ello se suma el vencimiento de aproximadamente 600.000 contratos de alquiler firmados tras la pandemia en condiciones de precios m\u00e1s bajos, lo que anticipa tensiones adicionales en la renovaci\u00f3n de contratos y en la capacidad de pago de muchos hogares.<\/p>\n

La ca\u00edda del escudo social dejar\u00e1 de tener efectos jur\u00eddicos de forma inmediata a su publicaci\u00f3n en el BOE<\/strong><\/h2>\n

Desde el punto de vista jur\u00eddico, la derogaci\u00f3n deber\u00e1 formalizarse con su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado. La ca\u00edda del escudo social dejar\u00e1 de tener efectos jur\u00eddicos de forma inmediata a su publicaci\u00f3n en el BOE<\/strong>, habitualmente al d\u00eda siguiente. A partir de ese momento, los procedimientos suspendidos podr\u00e1n reanudarse conforme a la normativa procesal ordinaria.<\/p>\n

Esto implica que los juzgados podr\u00e1n se\u00f1alar nuevamente lanzamientos en aquellos casos en los que la suspensi\u00f3n se acord\u00f3 por aplicaci\u00f3n de la moratoria. Para miles de familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, la desaparici\u00f3n de esta cobertura supone un cambio sustancial en su horizonte jur\u00eddico y social.<\/p>\n

Al mismo tiempo, el fin de la medida tambi\u00e9n afecta a los propietarios que hab\u00edan visto suspendidos los procedimientos de recuperaci\u00f3n de su vivienda. Durante la vigencia de la moratoria, estos pod\u00edan solicitar compensaciones econ\u00f3micas a la Administraci\u00f3n por las rentas dejadas de percibir en determinados supuestos.<\/p>\n

Los propietarios a\u00fan pueden pedir las ayudas<\/strong><\/h2>\n

Aunque la suspensi\u00f3n decae, los propietarios a\u00fan pueden pedir las ayudas<\/strong> correspondientes a los periodos en que la moratoria estuvo vigente y les impidi\u00f3 disponer de su inmueble. Las solicitudes de compensaci\u00f3n deber\u00e1n tramitarse conforme a los procedimientos establecidos por las comunidades aut\u00f3nomas, que han sido las encargadas de gestionar estas indemnizaciones.<\/p>\n

El debate de fondo vuelve a situar sobre la mesa la dificultad de equilibrar la protecci\u00f3n de los hogares vulnerables con la seguridad jur\u00eddica de los arrendadores. Espa\u00f1a afronta un ejercicio marcado por la presi\u00f3n al alza de los alquileres, la escasez de oferta en determinadas ciudades y el agotamiento de muchas medidas extraordinarias adoptadas durante la crisis sanitaria.<\/p>\n

Para el sector inmobiliario, la desaparici\u00f3n de la moratoria puede suponer una normalizaci\u00f3n del marco legal, pero tambi\u00e9n un incremento de la conflictividad social y judicial si no se articulan alternativas eficaces de vivienda para quienes se encuentran en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n. Para los consumidores, especialmente los inquilinos con menos recursos, el escenario es de mayor incertidumbre.<\/p>\n

En definitiva, la decisi\u00f3n del Congreso abre una nueva etapa en la pol\u00edtica de vivienda, en la que el foco vuelve a situarse en la necesidad de soluciones estructurales que vayan m\u00e1s all\u00e1 de las pr\u00f3rrogas temporales y que aborden de forma integral el acceso a la vivienda, la estabilidad en el alquiler y la protecci\u00f3n equilibrada de derechos.<\/p>\n<\/div><\/div>