{"id":55925,"date":"2026-04-15T17:14:47","date_gmt":"2026-04-15T15:14:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=55925"},"modified":"2026-04-15T17:14:47","modified_gmt":"2026-04-15T15:14:47","slug":"la-doctrina-del-ts-con-el-irph-de-nuevo-enjuiciada-en-luxemburgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/economia\/credito-hipotecario\/la-doctrina-del-ts-con-el-irph-de-nuevo-enjuiciada-en-luxemburgo\/","title":{"rendered":"La doctrina del TS con el IRPH de nuevo enjuiciada en Luxemburgo"},"content":{"rendered":"
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El debate sobre el IRPH lleva m\u00e1s de una d\u00e9cada instalado en los juzgados espa\u00f1oles como una herida que se niega a cicatrizar. No porque los afectados sean especialmente litigiosos, sino porque hay una pregunta de fondo que el Tribunal Supremo espa\u00f1ol ha sido incapaz \u2014o, m\u00e1s bien, ha optado por no ser capaz\u2014 de responder con honestidad: si una cl\u00e1usula que sit\u00faa a m\u00e1s de un mill\u00f3n de familias pagando sistem\u00e1ticamente por encima del precio de mercado es o no abusiva en los t\u00e9rminos que exige la legislaci\u00f3n europea. La respuesta del alto tribunal ha sido siempre retorcer el est\u00e1ndar de protecci\u00f3n hasta dejarlo irreconocible. Y cada vez que lo hace, aparece alguien en un juzgado de instancia que decide no mirar hacia otro lado.<\/p>\n

Esta vez ha sido un juez de Palma, Rafael de la Fuente L\u00f3pez, titular de la Secci\u00f3n Civil 15\u00aa del Tribunal de Instancia, quien el 11 de marzo de 2026 ha planteado una nueva cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. El asunto ya ha quedado registrado en Luxemburgo como el C-297\/26. No pregunta si el IRPH puede ser sometido a control judicial \u2014eso ya est\u00e1 m\u00e1s que resuelto\u2014, sino algo bastante m\u00e1s concreto y, por tanto, bastante m\u00e1s inc\u00f3modo para el Supremo: si la metodolog\u00eda que este tribunal ha construido en sus sentencias de noviembre de 2025 para evaluar la transparencia y la abusividad del \u00edndice es compatible con la Directiva 93\/13 que protege a los consumidores en toda la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

El concepto de abusividad que el oscurantismo del Supremo ha dejado sin resolver<\/strong><\/h2>\n

Las sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de noviembre de 2025 intentaron cerrar el debate. Establecieron que no cabe una soluci\u00f3n un\u00edvoca para todas las hipotecas IRPH y que los tribunales deben analizar caso por caso. Hasta ah\u00ed, nada objetable. El problema est\u00e1 en c\u00f3mo el Supremo ha configurado ese an\u00e1lisis caso por caso. Para apreciar abusividad, su doctrina exige que la desproporci\u00f3n sea muy evidente<\/strong>. No simplemente evidente, no significativa, no relevante desde la perspectiva de un consumidor medio. Muy evidente. Ese adverbio superlativo, aparentemente menor, tiene consecuencias pr\u00e1cticas devastadoras para los afectados.<\/p>\n

El juez de Palma ha echado cuentas con el pr\u00e9stamo que tiene sobre su mesa: 450.000 euros a 40 a\u00f1os, formalizado el 27 de septiembre de 2007, con IRPH Cajas como \u00edndice principal. El sobrecoste que ha asumido el consumidor frente a la media del mercado supera los 68.000 euros. El magistrado considera que calificar esa diferencia de jur\u00eddicamente irrelevante sin una justificaci\u00f3n espec\u00edfica es, cuanto menos, cuestionable. Y tiene raz\u00f3n. Porque la Directiva 93\/13 solo exige la existencia de un desequilibrio importante<\/strong>, no de una cat\u00e1strofe financiera demostrada mediante gr\u00e1ficas espectaculares. Lo que el Supremo ha hecho, en la pr\u00e1ctica, es elevar el umbral de protecci\u00f3n muy por encima de lo que el derecho europeo requiere, dejando sin cobertura a miles de familias que sufren da\u00f1os reales y acreditados pero que no alcanzan la cotizaci\u00f3n exigida por el alto tribunal para ser consideradas v\u00edctimas dignas de protecci\u00f3n.<\/p>\n

El diferencial negativo que no se aplic\u00f3 para incrementar beneficios<\/strong><\/h2>\n

El pre\u00e1mbulo de la Circular 5\/1994 del Banco de Espa\u00f1a no era un consejo sin importancia. Era una advertencia t\u00e9cnica expl\u00edcita: el IRPH, tal como estaba configurado, incorporaba en su c\u00e1lculo comisiones y otros costes que no aparecen en \u00edndices como el eur\u00edbor, lo que significaba que su aplicaci\u00f3n directa como tipo contractual situaba al pr\u00e9stamo por encima del precio de mercado. Para corregir esa distorsi\u00f3n, el propio regulador bancario recomend\u00f3 aplicar un diferencial negativo.<\/p>\n

Los bancos no lo aplicaron. Y durante a\u00f1os cobraron a sus clientes m\u00e1s de lo que el mercado justificaba, sin explicarles que exist\u00eda una correcci\u00f3n t\u00e9cnica recomendada por el Banco de Espa\u00f1a que habr\u00eda rebajado sustancialmente su carga financiera. El Tribunal Supremo ha sostenido que la omisi\u00f3n de esa informaci\u00f3n puede ser irrelevante si el consumidor recibi\u00f3 una menci\u00f3n a la Circular y alguna referencia a la TAE. Esa tesis es la que el juez de Palma ha sometido a revisi\u00f3n en Luxemburgo, con una pregunta simple pero demoledora: \u00bfpuede considerarse cumplido el deber de transparencia material cuando el banco se limita a mencionar el n\u00famero de una circular t\u00e9cnica en el momento de la firma, sin haber explicado nunca, antes de contratar, cu\u00e1l era su contenido econ\u00f3mico relevante?<\/p>\n

La desproporci\u00f3n entre aplicar el IRPH o el eur\u00edbor, evidente por m\u00e1s que se obstinen en ocultarla<\/strong><\/h2>\n

Entre 2013 y 2016, el eur\u00edbor lleg\u00f3 a situarse en terreno negativo. El IRPH se mantuvo en torno al 2%. Las familias que hab\u00edan firmado con este \u00edndice ve\u00edan c\u00f3mo sus vecinos con hipotecas referenciadas al eur\u00edbor pagaban cuotas rid\u00edculas mientras ellas segu\u00edan desembolsando cantidades muy superiores, mes tras mes, sin que nadie les explicara por qu\u00e9. Esa realidad no es una abstracci\u00f3n jur\u00eddica: son miles de euros anuales que salieron de cuentas corrientes reales hacia los balances de entidades que, a\u00f1o tras a\u00f1o, han seguido anunciando beneficios r\u00e9cord.<\/p>\n

El Tribunal Supremo sabe perfectamente qu\u00e9 significan esas cifras. Por eso ha necesitado construir una arquitectura doctrinal tan elaborada para evitar que los tribunales lleguen a la conclusi\u00f3n obvia. Primero, limitando el control de transparencia a una verificaci\u00f3n casi formal de si exist\u00eda informaci\u00f3n disponible en fuentes p\u00fablicas. Despu\u00e9s, elevando el umbral del control de abusividad hasta hacerlo pr\u00e1cticamente inalcanzable. Y finalmente, introduciendo como criterio de comparaci\u00f3n no el mercado hipotecario real, sino un indicador estad\u00edstico agregado que mezcla operaciones de naturaleza heterog\u00e9nea para diluir la diferencia.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es el tipo sint\u00e9tico y por qu\u00e9 se aplic\u00f3?<\/h2>\n

El tipo sint\u00e9tico no es un \u00edndice hipotecario. Es un indicador estad\u00edstico construido a partir de un conjunto heterog\u00e9neo de operaciones crediticias de distinta duraci\u00f3n, naturaleza y perfil de riesgo. Utilizarlo como referencia para determinar si un pr\u00e9stamo hipotecario referenciado al IRPH gener\u00f3 un desequilibrio es metodol\u00f3gicamente cuestionable: no compara lo comparable, sino que mezcla productos distintos hasta producir una media que amortigua el impacto real del \u00edndice sobre el consumidor concreto.<\/p>\n

El juez de Palma pregunta al TJUE directamente si es compatible con la Directiva 93\/13 usar ese indicador como criterio determinante para descartar la abusividad. La respuesta de sentido com\u00fan la tiene cualquier ciudadano que haya pagado una hipoteca: si quieres saber si a alguien le cobraron demasiado por un pr\u00e9stamo hipotecario, lo comparas con lo que costaban los pr\u00e9stamos hipotecarios en ese mismo momento, no con una media estad\u00edstica que incluye cr\u00e9ditos al consumo, operaciones a corto plazo y productos financieros de perfil completamente distinto.<\/p>\n

La TAE media o las condiciones reales del mercado hipotecario aplicable a consumidores<\/strong><\/h2>\n

La cuarta cuesti\u00f3n prejudicial planteada desde Palma es, en cierto sentido, la m\u00e1s constructiva. El magistrado propone al TJUE que establezca si el an\u00e1lisis del desequilibrio debe basarse en una comparaci\u00f3n con el coste efectivo medio de pr\u00e9stamos hipotecarios equivalentes vigentes en la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, incluyendo la TAE media de hipotecas IRPH que s\u00ed aplicaron diferencial negativo, la TAE media de hipotecas referenciadas al eur\u00edbor y la TAE media de hipotecas a tipo fijo.<\/p>\n

Esta propuesta tiene una l\u00f3gica financiera impecable: si el debate es si el consumidor pag\u00f3 m\u00e1s de lo que deb\u00eda, la referencia tiene que ser lo que pagaban los dem\u00e1s consumidores en condiciones equivalentes, no una media abstracta que no refleja el mercado hipotecario real. La TAE permite comparar costes efectivos y no solo tipos nominales. Es el \u00fanico indicador que pone a todo el mundo en el mismo plano. Que el Tribunal Supremo no lo haya adoptado como criterio principal no es un accidente t\u00e9cnico, sino una elecci\u00f3n. Y esa elecci\u00f3n tambi\u00e9n ha llegado a Luxemburgo.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 el Tribunal Supremo sigue sin aplicar el est\u00e1ndar europeo de protecci\u00f3n al consumidor?<\/strong><\/h2>\n

La pregunta que todos los afectados llevan a\u00f1os haci\u00e9ndose en voz alta y que pocos en la judicatura espa\u00f1ola se atreven a formular con claridad es esa. El TJUE ha respondido reiteradamente que la oficialidad de un \u00edndice no lo exime del control de transparencia ni del control de abusividad. Ha se\u00f1alado que el banco no puede exigir al consumidor que haga investigaci\u00f3n jur\u00eddica por su cuenta para comprender el alcance econ\u00f3mico de lo que firma. Ha dejado claro que no informar del diferencial negativo supone una falta de transparencia con consecuencias sobre la abusividad. Y el Tribunal Supremo ha respondido a cada una de esas se\u00f1ales con nuevas construcciones doctrinales destinadas a preservar el resultado contrario.<\/p>\n

Abogados que llevan a\u00f1os en este frente, como Jos\u00e9 Mar\u00eda Erausquin, han denunciado esta actitud con precisi\u00f3n quir\u00fargica. En una charla en el Colegio de Abogados de Sabadell el pasado 4 de marzo de 2026, junto a la letrada Maite Ortiz, se\u00f1alaron que las sentencias del TJUE no se reinterpretan, se aplican<\/strong>. Esa frase deber\u00eda bastar. El problema es que el Tribunal Supremo lleva a\u00f1os haciendo exactamente lo contrario: recibiendo las respuestas de Luxemburgo y procedi\u00e9ndose a reinterpretarlas en beneficio del resultado que ya ten\u00eda decidido de antemano.<\/p>\n

Otra nueva cuesti\u00f3n prejudicial que se\u00f1ala al Supremo: \u00bfcu\u00e1ntas van?<\/h2>\n

Esta nueva cuesti\u00f3n prejudicial no es la primera. Ni la segunda. El IRPH ha generado un di\u00e1logo judicial entre los tribunales espa\u00f1oles y el TJUE que ya tiene la extensi\u00f3n de una saga y la amargura de quien lleva a\u00f1os ganando en el terreno de juego y perdiendo el resultado. Cada vez que Luxemburgo responde, el Tribunal Supremo encuentra la manera de interpretar esa respuesta de forma que el resultado siga siendo el mismo: la banca no devuelve. Las Audiencias Provinciales aplican la doctrina del Supremo con mayor o menor entusiasmo, los juzgados de instancia se dividen y las familias afectadas siguen esperando en la cola.<\/p>\n

El asunto C-297\/26 vuelve a situar el debate donde tiene que estar: no en si el IRPH es un \u00edndice oficial \u2014que lo es\u2014, sino en si la metodolog\u00eda que el Tribunal Supremo ha construido para evaluar su transparencia y su abusividad respeta el est\u00e1ndar europeo de protecci\u00f3n al consumidor. La cuesti\u00f3n prejudicial de Palma, planteada con una precisi\u00f3n t\u00e9cnica notable, no deja margen para la ambig\u00fcedad. Pregunta si el umbral de la desproporci\u00f3n muy evidente<\/strong> es compatible con la directiva. Pregunta si una menci\u00f3n formal a una circular t\u00e9cnica equivale a transparencia material. Pregunta si el tipo sint\u00e9tico es un comparador leg\u00edtimo. Y pregunta si no ser\u00eda m\u00e1s honesto comparar el coste real del pr\u00e9stamo con el coste real de los pr\u00e9stamos equivalentes.<\/p>\n

Habr\u00e1 que esperar a que el TJUE responda. Mientras tanto, los especialistas recomiendan no litigar bajo la doctrina actual del Supremo, que convierte el camino de los afectados en una carrera de obst\u00e1culos dise\u00f1ada para que lleguen pocos a la meta. Lo que no admite discusi\u00f3n es que el debate judicial sobre el IRPH est\u00e1 lejos de haberse cerrado, que m\u00e1s de un mill\u00f3n de familias siguen pagando las consecuencias de una comercializaci\u00f3n opaca y que la imagen de la judicatura espa\u00f1ola en materia de protecci\u00f3n al consumidor no sale, precisamente, reforzada de esta historia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>