{"id":56649,"date":"2026-06-11T23:46:23","date_gmt":"2026-06-11T21:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=56649"},"modified":"2026-06-11T23:46:23","modified_gmt":"2026-06-11T21:46:23","slug":"los-datos-del-cgpj-sobre-okupacion-siguen-descendiendo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/justicia\/consejo-general-del-poder-judicial-cgpj\/los-datos-del-cgpj-sobre-okupacion-siguen-descendiendo\/","title":{"rendered":"Los datos del CGPJ sobre okupaci\u00f3n siguen descendiendo"},"content":{"rendered":"

La ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas: el miedo que vende frente a los datos que incomodan<\/strong><\/h2>\n

Hay debates que dicen m\u00e1s sobre quien los promueve que sobre la realidad que pretenden describir. El de la okupaci\u00f3n en Espa\u00f1a es uno de ellos. Mientras centenares de miles de familias destinan m\u00e1s de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler, mientras los desahucios siguen arrojando a la calle a personas reales con nombres y apellidos, el Partido Popular ha encontrado en el fantasma del okupa su argumento estrella para hablar de vivienda. Un fantasma que, convenientemente, desv\u00eda la atenci\u00f3n de todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodr\u00edguez, no tuvo que esforzarse demasiado para desmontar el relato durante su intervenci\u00f3n en el Senado. Lo hizo con un dato tan simple como demoledor: los casos de ocupaci\u00f3n afectan al 0,04% del parque residencial espa\u00f1ol<\/strong>. No al 4%. No al 0,4%. Al 0,04%. Una cifra tan marginal que cualquier debate pol\u00edtico que la coloque en el centro del problema de vivienda en este pa\u00eds deber\u00eda ruborizarse antes de empezar. Pero el rubor no es una virtud que abunde en ciertos esca\u00f1os.<\/p>\n

La ocasi\u00f3n fue una interpelaci\u00f3n sobre ocupaci\u00f3n e inquiocupaci\u00f3n \u2014ese neologismo tan \u00fatil para mezclar conceptos y amplificar el miedo\u2014 protagonizada por la senadora popular Paloma Mart\u00edn, quien acus\u00f3 al Gobierno de generar inseguridad jur\u00eddica para los propietarios y de haber debilitado la protecci\u00f3n de la propiedad privada hasta el punto de reducir la oferta de viviendas en alquiler. Mart\u00edn se present\u00f3, en esencia, como defensora de los propietarios amenazados. Un papel que el PP lleva a\u00f1os perfeccionando con notable entusiasmo y notable ausencia de datos que lo respalden.<\/p>\n

Rodr\u00edguez respondi\u00f3 donde duele.<\/strong> La verdadera fractura social, afirm\u00f3, no est\u00e1 en el min\u00fasculo porcentaje de viviendas ocupadas ilegalmente. Est\u00e1 en las familias que deben destinar el 50, el 60 o el 70% de sus ingresos mensuales al pago de un alquiler. Est\u00e1 en uno de cada dos espa\u00f1oles que experimenta dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible. Son cifras que no necesitan decimales para impactar, porque hablan de una emergencia cotidiana que afecta a millones de personas, no a miles, y desde luego no al 0,04% de nada.<\/p>\n

Los datos del CGPJ que nadie agita<\/strong><\/h2>\n

Si el relato pol\u00edtico requiere acudir a los datos reales, los del Consejo General del Poder Judicial son inc\u00f3modos para quienes han hecho de la okupaci\u00f3n su caballito de batalla. Las demandas por ocupaci\u00f3n ilegal \u2014los llamados juicios verbales posesorios\u2014 llevan a\u00f1os en descenso y han marcado niveles hist\u00f3ricamente bajos desde que comenzaron a contabilizarse sistem\u00e1ticamente en 2018. En algunos trimestres recientes, el n\u00famero de procedimientos nuevos a nivel nacional ha ca\u00eddo por debajo de los 500, con reducciones interanuales que llegan a superar el 44%.<\/p>\n

La propia ministra aport\u00f3 en su intervenci\u00f3n que en 2025 se esclarecieron 10.971 hechos relacionados con allanamientos y usurpaciones de inmuebles, lo que supone un descenso del 10,5% respecto al a\u00f1o anterior. Las cifras del Ministerio del Interior sit\u00faan las denuncias anuales por usurpaci\u00f3n y allanamiento entre 14.800 y 16.500 casos. Sobre un parque de m\u00e1s de 26 millones de viviendas censadas, la incidencia porcentual roza el 0,05%. Es un problema real para quienes lo padecen \u2014y nadie lo niega, tampoco Rodr\u00edguez, que expres\u00f3 expl\u00edcitamente su solidaridad con los afectados\u2014 pero es un problema estad\u00edsticamente marginal comparado con la magnitud de la crisis de acceso a la vivienda.<\/p>\n

Territorialmente, Catalu\u00f1a concentr\u00f3 hist\u00f3ricamente el mayor n\u00famero de casos, aunque Andaluc\u00eda ha llegado a superarla en alg\u00fan periodo. Madrid completa el mapa de las comunidades con mayor incidencia. Pero incluso en las zonas m\u00e1s afectadas, estamos hablando de fracciones peque\u00f1\u00edsimas del parque residencial. Una realidad que no justifica la alarma social sistem\u00e1ticamente cultivada desde ciertos sectores pol\u00edticos y medi\u00e1ticos.<\/strong><\/p>\n

Lo que s\u00ed afecta a millones<\/strong><\/h2>\n

Rodr\u00edguez aprovech\u00f3 su intervenci\u00f3n para se\u00f1alar algo que el debate centrado en la okupaci\u00f3n tiende a eclipsar: existen alrededor de 111.000 pisos tur\u00edsticos ilegales<\/strong> distribuidos por el territorio nacional. La incorporaci\u00f3n de esas viviendas al mercado residencial, argument\u00f3 la ministra, podr\u00eda cubrir aproximadamente el 17% del d\u00e9ficit habitacional existente. Es una cifra que habla de decisiones pol\u00edticas posibles, de palancas reales sobre un mercado tensionado. Pero 111.000 pisos tur\u00edsticos ilegales no generan el mismo impacto electoral que el fantasma del okupa, as\u00ed que la conversaci\u00f3n rara vez llega hasta ah\u00ed.<\/p>\n

Conviene recordar tambi\u00e9n que Espa\u00f1a tiene m\u00e1s de 3,8 millones de viviendas desocupadas<\/strong>, un 14,4% del parque total. Un pa\u00eds con semejante volumen de vivienda vac\u00eda no tiene un problema de escasez estructural de inmuebles: tiene un problema de distribuci\u00f3n, de rentabilidad especulativa y de ausencia de pol\u00edticas capaces de movilizar ese stock hacia quienes necesitan un techo. Eso no cabe en un titular sobre okupas, claro.<\/p>\n

El derecho que no se menciona<\/strong><\/h2>\n

La Constituci\u00f3n espa\u00f1ola reconoce tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a una vivienda digna y adecuada. Ambos est\u00e1n ah\u00ed, en el mismo texto. Sin embargo, el debate pol\u00edtico de los \u00faltimos a\u00f1os ha dado a entender que el primero es sagrado e inviolable mientras el segundo es, en el mejor de los casos, una aspiraci\u00f3n bonita para los pre\u00e1mbulos.<\/p>\n

Rodr\u00edguez lo dijo sin rodeos:<\/strong> le gustar\u00eda escuchar al Partido Popular hablar con m\u00e1s frecuencia del derecho a la vivienda que del derecho a la propiedad. No parece un deseo que vaya a cumplirse pronto. Defender a los propietarios cuyo derecho se ve vulnerado en el 0,04% de los casos genera m\u00e1s movilizaci\u00f3n en cierto electorado que defender a los centenares de miles de ciudadanos que no pueden pagar un alquiler o que han perdido su hogar en un desahucio silencioso, de esos que tampoco salen mucho en los medios.<\/p>\n

Porque los desahucios, por cierto, tambi\u00e9n siguen existiendo. Y tambi\u00e9n est\u00e1n bajando, seg\u00fan los \u00faltimos datos del CGPJ, tanto los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos como los procedentes de ejecuciones hipotecarias. Pero nadie agita una pancarta por ellos. No dan tanto miedo. O quiz\u00e1 dan demasiado.<\/p>\n<\/div><\/div>