Tras unas duras negociaciones que llegaron a poner sobre la mesa una posible repetici\u00f3n electoral, Partido Popular y Vox han cerrado el acuerdo que permite la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andaluc\u00eda. El pacto da forma a un nuevo Gobierno de coalici\u00f3n en el que la formaci\u00f3n de Santiago Abascal asumir\u00e1 la vicepresidencia, adem\u00e1s de las consejer\u00edas de Turismo, Desregulaci\u00f3n, Justicia y Administraci\u00f3n Local.<\/p>\n
El concepto que ha marcado toda la negociaci\u00f3n es el de la prioridad nacional<\/strong>, t\u00e9rmino acu\u00f1ado por Vox y que el PP ha preferido rebautizar como arraigo<\/strong>. Sea cual sea la etiqueta, la idea ha terminado impregnando buena parte del acuerdo, y muy especialmente el cap\u00edtulo de vivienda, uno de los m\u00e1s sensibles en una comunidad que combina fuerte presi\u00f3n tur\u00edstica, encarecimiento sostenido de precios y una notable dependencia de mano de obra extranjera en el campo y los servicios.<\/p>\n A partir de ahora, cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en Andaluc\u00eda deber\u00e1 acreditar al menos diez a\u00f1os de empadronamiento<\/strong> en la comunidad. En el caso del alquiler, el list\u00f3n baja a cinco a\u00f1os. El acuerdo a\u00f1ade otros criterios de valoraci\u00f3n, como la trayectoria de cotizaci\u00f3n y actividad laboral o la existencia de familiares de primer grado ya residentes en la regi\u00f3n, y reserva un trato preferente a los menores de 36 a\u00f1os y a las familias con personas dependientes o con discapacidad a cargo.<\/p>\n La medida no es inocua. Andaluc\u00eda es, junto con otras comunidades del arco mediterr\u00e1neo, una de las regiones con mayores tasas de poblaci\u00f3n inmigrante vinculada al sector agr\u00edcola y a los servicios tur\u00edsticos, precisamente los empleos que sostienen buena parte de su econom\u00eda. Exigir una d\u00e9cada de arraigo administrativo para acceder a vivienda protegida deja fuera, de facto, a una parte importante de esa mano de obra durante a\u00f1os, en un contexto de mercado de alquiler ya tensionado. La contradicci\u00f3n es evidente: se necesita a estas personas para trabajar, pero se les dificulta el acceso a una vivienda digna mientras lo hacen.<\/p>\n El acuerdo tambi\u00e9n endurece el tratamiento de la okupaci\u00f3n. Quien haya sido condenado por un delito de allanamiento o usurpaci\u00f3n de vivienda quedar\u00e1 excluido durante cinco a\u00f1os del acceso a inmuebles protegidos, restricci\u00f3n que se extender\u00e1 tambi\u00e9n a quienes tengan una resoluci\u00f3n administrativa firme de desahucio por impago. La Junta se compromete, adem\u00e1s, a garantizar asesoramiento jur\u00eddico inmediato a los propietarios y comunidades de vecinos afectados por okupaci\u00f3n.<\/p>\n En el terreno fiscal, el pacto contempla una rebaja del 0,25%<\/strong> anual en el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en cada a\u00f1o de legislatura, junto con la posibilidad de fraccionar el pago. Tambi\u00e9n se ampl\u00edan los l\u00edmites de valor de vivienda para acogerse a bonificaciones: de 150.000 a 200.000 euros para menores de 36 a\u00f1os y personas con discapacidad, y de 250.000 a 300.000 euros para familias numerosas. A ello se suma una rebaja anual del 0,25% en el IRPF para los tramos de renta inferiores a 60.000 euros brutos, bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos cuando la vivienda heredada se destine a residencia habitual, y una ampliaci\u00f3n al 50% de la bonificaci\u00f3n para parientes de grado III.<\/p>\n El acuerdo incluye el compromiso de aplicar f\u00f3rmulas fiscales disuasorias<\/strong> dirigidas a compradores extranjeros y a las llamadas operaciones especulativas, aunque por el momento ni PP ni Vox han concretado en qu\u00e9 consistir\u00e1n exactamente. La ambig\u00fcedad no es casual: Andaluc\u00eda es una de las comunidades con mayor volumen de compraventas por parte de extranjeros, especialmente en la costa, y el sector promotor y constructor, con notable peso pol\u00edtico en la regi\u00f3n, dif\u00edcilmente ver\u00e1 con buenos ojos cualquier medida que enfr\u00ede ese mercado. Habr\u00e1 que esperar a la letra peque\u00f1a para saber si se trata de una herramienta real de contenci\u00f3n de precios o de un anuncio m\u00e1s simb\u00f3lico que efectivo.<\/p>\n El texto prev\u00e9 un sistema de avales p\u00fablicos de hasta el 20%<\/strong> del valor del inmueble para facilitar hipotecas del 95%, dirigido a familias numerosas sin l\u00edmite de edad y a compradores j\u00f3venes de hasta 40 a\u00f1os. Tambi\u00e9n se anuncian ayudas econ\u00f3micas al alquiler para j\u00f3venes y un programa espec\u00edfico para viviendas arrendadas con opci\u00f3n a compra, aunque sin cuant\u00edas concretadas todav\u00eda.<\/p>\n El acuerdo dibuja un modelo de vivienda que prioriza el arraigo y penaliza fiscalmente la inversi\u00f3n extranjera, pero deja en el aire varias inc\u00f3gnitas. La primera es si las medidas contra especuladores y compradores for\u00e1neos llegar\u00e1n a materializarse con fuerza real, dado el peso del sector inmobiliario en la comunidad. La segunda es el efecto que el requisito de diez a\u00f1os de empadronamiento tendr\u00e1 sobre la poblaci\u00f3n inmigrante que sostiene el campo y el turismo andaluces, un colectivo al que se le pide trabajo pero al que se le dificulta el acceso a vivienda protegida. Y la tercera, apuntada ya por distintos sectores, es hasta qu\u00e9 punto este mismo enfoque de arraigo se trasladar\u00e1 a otros \u00e1mbitos como la educaci\u00f3n o la sanidad, donde tambi\u00e9n se han insinuado restricciones para la poblaci\u00f3n extranjera. Los pr\u00f3ximos meses, con el desarrollo normativo del acuerdo, dir\u00e1n si estas medidas logran aliviar la tensi\u00f3n del mercado de vivienda andaluz o si a\u00f1aden una nueva capa de conflicto social a una regi\u00f3n que ya arrastra varios frentes abiertos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A partir de ahora, cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en Andaluc\u00eda deber\u00e1 acreditar al menos diez a\u00f1os de empadronamiento en la comunidad. 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La lucha contra la ocupaci\u00f3n se convierte en prioritaria<\/strong><\/h2>\n
Medidas fiscales en vivienda<\/strong><\/h2>\n
Penalizaciones previstas a compradores extranjeros<\/strong><\/h2>\n
Avales y ayudas para familias numerosas y j\u00f3venes de hasta 40 a\u00f1os<\/strong><\/h2>\n
Previsi\u00f3n de estas acciones sobre la vivienda<\/strong><\/h2>\n