{"id":57227,"date":"2026-07-30T23:18:59","date_gmt":"2026-07-30T21:18:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/?p=57227"},"modified":"2026-07-30T23:18:59","modified_gmt":"2026-07-30T21:18:59","slug":"disminuyen-las-demandas-civiles-por-okupacion-de-viviendas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aquimicasa.net\/blog\/vivienda\/desahucio\/disminuyen-las-demandas-civiles-por-okupacion-de-viviendas\/","title":{"rendered":"Disminuyen las demandas civiles por okupaci\u00f3n de viviendas"},"content":{"rendered":"

Las estad\u00edsticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)<\/strong> confirman un descenso notable de las demandas civiles por ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas durante el primer trimestre del a\u00f1o. Entre enero y marzo se registraron 460 procedimientos<\/strong>, una ca\u00edda interanual del 22,3%<\/strong> que sit\u00faa el arranque de ejercicio como el m\u00e1s bajo desde que existen registros espec\u00edficos sobre esta materia. El volumen queda adem\u00e1s muy por debajo de la media hist\u00f3rica, que ronda los 720 procedimientos trimestrales<\/strong>, un contraste que por s\u00ed solo ya dice bastante sobre hacia d\u00f3nde se dirige esta estad\u00edstica.<\/p>\n

Ahora bien, conviene no precipitarse con la lectura de estos datos. Que bajen las demandas no significa necesariamente que baje la ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas, y ah\u00ed est\u00e1 la trampa de fijarse solo en el titular.<\/p>\n

Los datos del CGPJ solo cuentan una parte de la historia<\/strong><\/h2>\n

Las cifras publicadas por el CGPJ \u00fanicamente recogen los procedimientos tramitados por la v\u00eda civil en determinados supuestos, de manera que quedan fuera numerosas situaciones que nunca llegan a los juzgados o que se resuelven por otras v\u00edas. No se contabilizan, por ejemplo, los procesos penales por usurpaci\u00f3n o allanamiento de morada, las viviendas propiedad de empresas, los desalojos derivados de una intervenci\u00f3n policial directa, los acuerdos extrajudiciales entre propietario y ocupante, ni tantos otros conflictos que se resuelven fuera del \u00e1mbito judicial. Dicho de otro modo: la estad\u00edstica mide los juzgados, no la ocupaci\u00f3n real, y esa diferencia es precisamente la que explica buena parte del descenso.<\/p>\n

Los cambios legales empujan hacia la negociaci\u00f3n previa<\/strong><\/h2>\n

Uno de los factores que m\u00e1s est\u00e1 influyendo en esta ca\u00edda de los procedimientos es la entrada en vigor de la normativa sobre eficiencia de la Administraci\u00f3n de Justicia. La nueva regulaci\u00f3n obliga, en determinados supuestos, a intentar una negociaci\u00f3n previa al desahucio a trav\u00e9s de los llamados Medios Adecuados de Soluci\u00f3n de Controversias (MASC)<\/strong> antes siquiera de presentar la demanda. Esta exigencia ha trasladado parte de la conflictividad fuera de los tribunales y, de paso, est\u00e1 generando retrasos considerables en numerosos procedimientos, en buena medida porque todav\u00eda no existen criterios uniformes sobre cu\u00e1ndo resulta obligatorio acudir a estos mecanismos previos. El resultado es un sistema que tramita menos, no necesariamente porque haya menos problemas, sino porque hay un paso intermedio que antes no exist\u00eda.<\/p>\n

Cada vez m\u00e1s propietarios evitan pisar un juzgado<\/strong><\/h2>\n

A esto se suma una tendencia creciente entre los propietarios: recurrir a alternativas distintas al procedimiento judicial para recuperar la posesi\u00f3n de sus inmuebles. Entre las f\u00f3rmulas m\u00e1s habituales est\u00e1n los acuerdos econ\u00f3micos directos con los ocupantes, la condonaci\u00f3n de deudas, la contrataci\u00f3n de empresas especializadas en desocupaciones o incluso la venta de la vivienda ocupada con un descuento importante sobre el precio de mercado. Hay tambi\u00e9n casos en los que el propietario opta por formalizar un contrato de arrendamiento con quienes ocupan la vivienda, simplemente para evitar un proceso largo y costoso, y otros que terminan resolvi\u00e9ndose mediante actuaciones policiales r\u00e1pidas que tampoco quedan reflejadas en ninguna estad\u00edstica judicial. Todo esto configura un mapa de la ocupaci\u00f3n mucho m\u00e1s amplio que el que refleja el CGPJ.<\/p>\n

Andaluc\u00eda toma el relevo en el primer trimestre<\/strong><\/h2>\n

Por comunidades aut\u00f3nomas, Andaluc\u00eda concentr\u00f3 el mayor n\u00famero de demandas civiles por ocupaci\u00f3n ilegal, con 94 procedimientos<\/strong>, el 20,43%<\/strong> del total nacional. Le siguieron Catalu\u00f1a, con 88; la Comunidad Valenciana, con 64; Canarias, con 53; Madrid, con 28; Galicia, con 26; Castilla y Le\u00f3n, con 24, y Castilla-La Mancha, con 20, mientras que el resto de territorios se qued\u00f3 por debajo de las veinte demandas en el periodo. Durante todo 2025 fue Catalu\u00f1a la comunidad con m\u00e1s procedimientos, pero el liderazgo ha pasado a Andaluc\u00eda en el arranque de este ejercicio, un cambio que merecer\u00e1 seguimiento en los pr\u00f3ximos trimestres.<\/p>\n

Los desahucios por impago de alquiler tambi\u00e9n caen, y mucho<\/strong><\/h2>\n

El descenso no se limita a la ocupaci\u00f3n ilegal. Los desahucios por impago de alquiler han experimentado una ca\u00edda todav\u00eda m\u00e1s pronunciada, del 53,9% interanual<\/strong> en el primer trimestre, seg\u00fan el mismo informe del CGPJ. Se registraron 2.600 lanzamientos<\/strong> por impago de rentas entre enero y marzo, una cifra que, pese al desplome, sigue representando el 64,9%<\/strong> del total de desahucios en Espa\u00f1a, muy por encima de las ejecuciones hipotecarias, que se quedaron en 971 casos. La tendencia ya ven\u00eda de atr\u00e1s: durante todo 2025 se hab\u00eda consolidado una ca\u00edda del 10,9% interanual respecto a 2024, con 18.317 desahucios por alquiler practicados en el conjunto del a\u00f1o.<\/p>\n

Entre las causas de este descenso destacan la extensi\u00f3n de las moratorias gubernamentales y las suspensiones de lanzamientos para hogares vulnerables, los nuevos filtros de conciliaci\u00f3n previa impuestos a los grandes tenedores antes de poder iniciar la v\u00eda judicial, y el propio colapso de los juzgados, que alarga los plazos para dictar sentencia de lanzamiento hasta rangos de entre 6 y 18 meses. En la pr\u00e1ctica, un propietario que hoy inicia un procedimiento de desahucio por impago puede tardar m\u00e1s de un a\u00f1o en recuperar su vivienda, lo que tambi\u00e9n desincentiva acudir a la v\u00eda judicial y empuja hacia soluciones negociadas.<\/p>\n

La agilizaci\u00f3n de los desalojos sigue siendo la asignatura pendiente<\/strong><\/h2>\n

Diversos sectores del \u00e1mbito jur\u00eddico e inmobiliario coinciden en que la rapidez para recuperar una vivienda ocupada o en impago, junto con el refuerzo de la seguridad jur\u00eddica del propietario, sigue siendo la gran cuesti\u00f3n sin resolver. Entre las medidas que se plantean figuran la agilizaci\u00f3n de los procedimientos de desalojo, un mayor margen de actuaci\u00f3n para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando la normativa lo permita, y la reactivaci\u00f3n de iniciativas legislativas que contin\u00faan pendientes de tramitaci\u00f3n parlamentaria, algunas de las cuales incluyen desalojos en plazos de hasta 48 horas y un endurecimiento de las sanciones para determinados supuestos de ocupaci\u00f3n ilegal. Mientras esas propuestas siguen en el caj\u00f3n, los datos oficiales seguir\u00e1n bajando, aunque eso, como hemos visto, no equivalga necesariamente a que el problema se est\u00e9 resolviendo.<\/p>\n<\/div><\/div>