Los juzgados especializados en cláusulas suelo han notificado durante el primer año de vigencia del plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una cifra cercana a las 23.000 sentencias, de las cuáles casi su totalidad, un 97,6%,  han sido favorables para el cliente.

Así se desprende de los datos recogidos por la Sección de Estadística del CGPJ que indica que en el primer trimestre del año, los juzgados especializados notificaron 13.573 resoluciones, un 67,6% más que en los tres meses anteriores. Además, en este periodo se resolvieron 16.988 asuntos, lo que representa un incremento del 60,5% respecto a los 10.586 asuntos resueltos en el último trimestre de 2017.

Según el CGPJ, el elevado porcentaje de sentencias estimatorias en toda España se debe a la unificación de criterios, que, además, explica el descenso en el número de asuntos ingresados, al propiciar que las entidades bancarias lleguen a acuerdos extrajudiciales, evitando el litigio.

El pasado  día 1 de junio se cumplió el primer aniversario de este plan de urgencia que puso en marcha el órgano de gobierno de los jueces, con el que se creó un órgano judicial especializado en cada provincia, al objeto de hacer frente al aumento de carga de trabajo que se avecinaba. Todo ello,  tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisas. Este programa fue reforzado para el año 2018, en principio por un plazo de seis meses, con el incremento de casi medio centenar de jueces.

Esta evolución coincide además con la disminución del número de asuntos ingresados, pues entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2018 se registraron 57.955, un 26,5% menos que en el trimestre anterior, cuando se recibieron 78.829. También es inferior al consignado en el tercer trimestre de 2017 -59.327 asuntos-, pese a que ese periodo incluía el mes de agosto, inhábil en la jurisdicción civil.

Los datos que se dieron a conocer el pasado viernes constatan que en el primer trimestre de 2018 la tasa de resolución ya fue superior al 50 por ciento en cuatro Comunidades Autónomas: Asturias –donde llega al 94%–, Castilla y León, Navarra y La Rioja. En Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco se sitúan por encima de la media nacional con tasas de resolución que van del 29,9% al 45,8%.

A la vista de estos datos cabe preguntarse cuánto dinero se hubiera ahorrado el erario público, si los bancos hubieran tenido que pagar de oficio la resolución del TJUE. Sin embargo siempre se pone por delante del interés de los usuarios y del propio país, el de las entidades financieras. Entidades que están obteniendo sentencias favorables en menos del 2,4% de los casos.