El Gobierno trabaja para materializar el compromiso de aprobar un real decreto ambicioso en materia de vivienda, que incluiría una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, una regulación específica de los alquileres de temporada y por habitaciones, y un aumento del IVA a los pisos turísticos, con el objetivo de frenar la fuga de vivienda residencial hacia el alquiler vacacional.
Desde el punto de vista residencial, el componente de edificios del Plan Social para el Clima concentrará 4.723 millones de euros y se articulará en siete líneas de actuación. El objetivo declarado es modernizar un parque residencial español que, según reconoce el propio documento del Ejecutivo, "todavía presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética".
Una de las medidas centrales del nuevo plan es que blinda la protección permanente de todas las viviendas financiadas con recursos estatales, de modo que nunca puedan descalificarse ni privatizarse. Ni un solo euro público irá a generar vivienda que en el futuro acabe en manos privadas.
La vivienda, como cada año, ocupa un lugar central en la declaración. Compra, alquiler, rehabilitación y eficiencia energética tienen su hueco en el modelo, pero las condiciones varían según el momento en que se firmó el contrato, la fecha de adquisición del inmueble o la comunidad autónoma en la que resida el declarante
El Consejo Asesor de Vivienda analizará anualmente las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un compromiso que, sobre el papel, busca reforzar la evaluación continua de las actuaciones en materia de vivienda, desde los planes estatales hasta las medidas relacionadas con el alquiler, la rehabilitación o el parque público.
La guía incluye 20 recomendaciones clave, diseñadas para ser aplicables por comunidades autónomas y entidades locales, independientemente de su tamaño o estructura administrativa. Estas recomendaciones abordan tanto aspectos normativos como organizativos y de gestión interna, con el objetivo de reducir de forma efectiva los tiempos de tramitación.
La combinación de precios tensionados, auge del alquiler turístico, inversión exterior creciente y falta de vivienda asequible ha reactivado un debate que ya está siendo observado en Bruselas. La posición expresada por Isabel Rodríguez —que apuesta por abrir la puerta a medidas europeas que permitan restringir compras especulativas— coloca el foco en un problema extendido en varios Estados miembros.
Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto es la inclusión en el CTE de la definición de “Edificio de Cero Emisiones”, un concepto que marcará el futuro del diseño y la rehabilitación de viviendas en España. Este tipo de edificación deberá demostrar que su demanda energética es mínima y que la energía que utiliza procede íntegramente de fuentes renovables.
Este sistema contará con la participación de administraciones públicas, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector, configurando un modelo participativo y transparente.
Las comunidades autónomas han sido protagonistas del incremento en la licitación. En total, alcanzaron los 6.650,9 millones de euros, un 23,9% más que el año anterior. La disparidad territorial, no obstante, es evidente. Extremadura lideró las alzas, con un aumento del 417,8% y 363,98 millones de euros licitados. Andalucía, por su parte, fue la comunidad con mayor volumen, superando los 1.348 millones de euros, lo que supone un 116% más que en 2024. En contraste, Madrid redujo un 42% su actividad licitadora, situándose en 920 millones de euros, mientras que Cataluña aumentó un 7,6% y alcanzó los 854,49 millones.
