Los precios residenciales superaron el 12% de crecimiento interanual al cierre de 2025. La vivienda usada subió un 13,08% y la nueva un 12,8%. El informe califica esta evolución como una "anomalía estadística" que podría prolongarse durante todo 2026, ya que el incremento no responde a los fundamentos económicos tradicionales
Por tipología, los pisos encajaron la caída más pronunciada, con un descenso del 5,8% hasta las 49.751 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares aguantaron algo mejor el golpe, bajando solo un 1,1% hasta las 15.974. En precios, los pisos volaron un 9,7% interanual hasta los 2.332 €/m², frente al comportamiento más contenido de los unifamiliares, que promediaron 1.454 €/m² con un alza del 2,2%. Quien todavía crea que comprar un piso en España es una operación asequible tiene una cita pendiente con la realidad.
Mientras los precios baten récords, las operaciones de compraventa muestran una clara desaceleración. Según los datos del Consejo General del Notariado, en marzo las compraventas cayeron cerca de un 5% y acumulan ya seis meses consecutivos de descensos desde octubre de 2025. Por territorios, trece comunidades autónomas registraron retrocesos en las operaciones. El desplome más llamativo se produjo en Navarra, con una caída superior al 33%, seguida de Baleares, con un retroceso cercano al 18%, y Cantabria, donde el recorte fue del 14%.
El 047 no funciona como un simple contestador de dudas genéricas. El servicio se articula en tres niveles de atención que permiten escalar la complejidad de cada caso. El primer nivel cubre las consultas básicas sobre derechos y obligaciones generales en materia de alquiler, propiedad y convivencia vecinal. El segundo nivel aborda consultas especializadas sobre situaciones concretas o ámbitos técnicos del derecho a la vivienda. El tercer nivel se reserva para aquellos casos que requieren apoyo jurídico específico, priorizando en estos supuestos los mecanismos de resolución extrajudicial como la mediación antes de derivar hacia vías judiciales.
El Gobierno estudia la posibilidad de buscar alternativas a los índices de referencia que usa el sector financiero para los créditos a tipo variable. La iniciativa ya fue impulsada por Sumar mediante una proposición no de ley que el Congreso tumbó a finales de abril, con el voto en contra del PSOE, el PP y Vox. Ahora, la Secretaría General del Tesoro ha incluido la pregunta en una consulta pública sobre transparencia bancaria que estará abierta hasta el 19 de junio: ¿Considera necesario modificar el listado de índices de referencia oficiales?
Sobre la economía, los datos presentan esa característica disociación entre lo propio y lo ajeno que tan bien conocen los sociólogos. El 63,6% de los españoles considera que su situación económica personal es buena o muy buena, frente al 26% que la califica de mala o muy mala. Sin embargo, cuando la pregunta es sobre la economía del país en su conjunto, los números se invierten: el 53,5% la considera mala o muy mala, frente al 38,1% que la valora positivamente. En otras palabras, muchos se sienten razonablemente a flote en lo personal mientras perciben que el barco hace agua.
Las entidades financieras llevan años aplicando una estrategia bien diseñada frente a las reclamaciones de sus clientes: litigar. No porque crean que van a ganar —en muchos casos saben perfectamente que las cláusulas son abusivas—, sino porque el propio proceso es ya una victoria para ellos. Un particular que se enfrenta a un banco tiene en su contra el tiempo, el dinero y los recursos jurídicos ilimitados del sector financiero. Los bancos cuentan con departamentos legales enteros dedicados exclusivamente a estos pleitos. El cliente tiene, con suerte, un abogado de turno y los ahorros que no quiere gastar en honorarios y costas.
Conviene recordar de dónde venimos. Durante años, desde ciertos sectores del negocio inmobiliario y desde las propias plataformas de alquiler vacacional, se ha sostenido que la expansión de los pisos turísticos no tenía un impacto significativo sobre el mercado residencial. Que era un problema menor. Que la solución estaba en construir más, no en regular. Pues bien, Bruselas ha llegado a una conclusión diferente, respaldada por datos: el crecimiento descontrolado del alquiler vacacional sí afecta a la disponibilidad y al precio de la vivienda para los residentes, especialmente en los destinos más demandados.
España es un país con mercados inmobiliarios tan distintos entre sí que hablar del «mercado español» como si fuera una sola cosa es una simplificación que solo vale para los titulares. En Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o las islas, la presión de la demanda es tan intensa y la oferta tan insuficiente que los precios resistirán aunque las compraventas se moderen. En mercados secundarios, en zonas de interior con menos dinamismo económico y demográfico, la corrección puede ser más visible y más rápida.
El Ministerio ha vinculado explícitamente este impulso inversor al objetivo de acercar España a los estándares europeos en materia de vivienda asequible. Es una aspiración legítima y necesaria, pero que exige ser honesto sobre las dimensiones del reto. Para llegar a niveles similares a los de los países del norte de Europa harían falta decenas de miles de viviendas públicas adicionales cada año durante al menos dos décadas. Los 465 millones licitados en el primer trimestre son un avance notable, pero la escala del problema sigue siendo muy superior a la de la respuesta.
