Eduardo

La buena noticia, si es que existe, es que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en toda la Unión. La mala noticia es que, mientras Bruselas consulta, aquí seguimos gestionando el día a día entre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una Ley de Vivienda cuya aplicación real varía según a qué comunidad autónoma le preguntes, y una batalla permanente sobre la ratificación de decretos de zonas tensionadas que a estas alturas ya podría tener su propia temporada de serie documental.

Es una apuesta razonable sobre el papel: España necesita ampliar un parque público de vivienda hoy a años luz de la media europea. El problema es de escala. Noventa millones repartidos entre cinco comunidades y más de trescientos municipios son una cantidad modesta frente a la crisis habitacional. Que el dinero se destine bien es condición necesaria, pero no suficiente, para que el impacto llegue a los precios que paga cada inquilino.

Las promociones financiadas deberán mantener su finalidad pública y respetar unas condiciones de precio asequible que fijará el propio Ministerio en las resoluciones o convenios correspondientes, donde también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución de cada proyecto. El precio máximo de cada plaza tendrá que incluir servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi,

La escalada del segmento premium no es un fenómeno aislado, sino la punta más visible de una tendencia que atraviesa todo el sector: menos oferta disponible, costes de construcción al alza y una demanda que no da tregua, ni en Marbella ni en el resto del país. Todo apunta a que 2026 cerrará con el precio de la vivienda todavía en ascenso, y el segmento de lujo litoral, blindado por su propia escasez estructural, seguirá tirando del carro con subidas que probablemente se prolonguen bien entrado 2027.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite actualizar la renta cada anualidad siempre que el contrato incluya una cláusula que lo prevea. El problema es que esa cláusula no dice lo mismo según cuándo se firmó. Los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023 suelen remitirse directamente al IPC, sin ningún tipo de amortiguador.

Si hay una provincia que resume esta tendencia, es Alicante. Con 5.710 compraventas extranjeras en el trimestre, el peso internacional alcanza ya el 46,43% del mercado provincial, tres puntos más que hace un año. Málaga no se queda atrás: 3.474 operaciones, un 20,79% más, hasta el 37,01% del total. Por comunidades, Baleares (32,27%) y la Comunidad Valenciana (31,03%) encabezan el ranking, seguidas de Canarias (29,33%), Murcia (23,71%), Cataluña (17,63%) y Andalucía (15,95%).