La Agencia Catalana del Consumo ha abierto 141 expedientes a grandes propietarios de vivienda por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o unidades familiares vulnerables.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 8,1% respecto al mismo trimestre de 2021; sin embargo, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 3,1%, lo que muestra las consecuencias del escudo social.
La Comunidad de Madrid sobresale con una subida de los precios del 4,4 % en los últimos tres meses (desde el 4T 2021) mientras que el resto de regiones se mueven mayoritariamente en incrementos trimestrales inferiores al 2,3 %.
El valor de este índice comenzó el 1 de marzo se situado en una tasa diaria del -0,363% y ha ido subiendo a lo largo de todas las jornadas impulsado con fuerza ante la posibilidad de que los bancos centrales comiencen a endurecer su política monetaria con el objetivo de controlar la inflación.
Los riesgos observados son un rápido crecimiento y sobrevaloraciones de los precios de la vivienda, un elevado endeudamiento de los hogares, el rápido crecimiento del crédito hipotecario y que se relajen las condiciones para conceder estos créditos y se den con mucha facilidad. Algo que nos resulta muy familiar en España.
El 18,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 13,7% a hipotecas constituidas en 2006 y el 10,2% a hipotecas de 2005. El periodo 2005-2008 concentra el 52,2% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre.
Los españoles destinan de media el 20,8 % de sus ingresos familiares disponibles a afrontar el primer año de hipoteca
Desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento, y las primeras medidas de protección aprobadas por el gobierno, se estuvo asegurando que los desahucios estaban suspendidos. Pero no era verdad, como los demuestran los datos del GGPJ que llevan los desahucios efectuados hasta los 29.406 . De los cuales 6.915 son derivados de ejecución hipotecaria, 21.145 derivados de alquileres y 1.346 por otras causas.
Un manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
La titular del Juzgado de Primera Instancia 1 bis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Elisa Isabel Soto Arteaga, ha optado por aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), condenando en una sentencia a Unión de Crédito Inmobiliario (UCI) a sustituirlo por el Euribor tras declarar su nulidad.
