La Agencia Catalana del Consumo ha abierto 141 expedientes a grandes propietarios de vivienda por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o unidades familiares vulnerables.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 8,1% respecto al mismo trimestre de 2021; sin embargo, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 3,1%, lo que muestra las consecuencias del escudo social.
Desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento, y las primeras medidas de protección aprobadas por el gobierno, se estuvo asegurando que los desahucios estaban suspendidos. Pero no era verdad, como los demuestran los datos del GGPJ que llevan los desahucios efectuados hasta los 29.406 . De los cuales 6.915 son derivados de ejecución hipotecaria, 21.145 derivados de alquileres y 1.346 por otras causas.
Un manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
Desde la PAH advierten que seguirá habiendo desahucios tras este decreto, por lo que seguirán luchando por conseguir la extensión de la prohibición a todas las familias vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, y con una duración temporal suficiente como para que las Administraciones Públicas dispongan de Parque Público para poder ofrecer esas alternativas y recuperen vivienda de la banca para el alquiler social.
Los desahucios y lanzamientos hipotecarios en Madrid han sido suspendidos mientras dure la alarma, esto es hasta el 27 de marzo como mínimo, por los riesgos que implican en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. La decisión se tomó el pasado jueves y la notificó a letrados y procuradores el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de la capital. Al día siguiente lo confirmaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El primer congreso de la vivienda de Catalunya, que reunió [...]
En nuestro país si hay una institución tan desprestigiada y [...]
La PAH imputa al denominado terrorismo financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. Esta dura cifra representa algo menos del cincuenta por ciento de todos los que hay en el país. Lo que significa que la mala situación económica de los afectados o de sus familias es, en casi la mitad de las ocasiones, el origen de tan dramática decisión.
Tras más de dos años de tramitación la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el texto de la nueva Ley Hipotecaria que regirá, a partir de su paso por el Senado y promulgación, los contratos hipotecarios entre las entidades financieras y los particulares. Es una ley muy esperada y que a pesar de lo prolongado de su tramitación y un desmesurado proceso de ponencia, no ha logrado el deseado apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara; Unidos Podemos ha votado en contra y ERC se ha abstenido.
