Una de las medidas específicas que Escrivá mencionó ante la Comisión es la posibilidad de aplicar restricciones diferenciadas a las hipotecas destinadas a segunda vivienda. "Es posible, algunos países lo han hecho", avanzó el gobernador. La medida tiene una lógica macroprudencial clara: limitar el apalancamiento en operaciones de carácter inversor o vacacional, que no responden a una necesidad habitacional primaria.
El análisis del Banco de España detecta que estas medidas provocarían efectos distintos según el grupo de edad. El más llamativo: retrasarían la compra de vivienda entre los jóvenes e incrementarían su gasto en alquiler, además de reducir su consumo y forzarles a un mayor ahorro. Un efecto colateral nada menor para una generación que ya acumula las mayores dificultades de acceso a la vivienda.
A pesar de que la demanda exige más producto, los datos de producción muestran señales preocupantes. El Banco de España observa una "desaceleración" en la concesión de visados de obra nueva durante el último trimestre de este año. Este fenómeno es el resultado de diversas fricciones administrativas y regulatorias tanto en la gestión del suelo como en los procesos de edificación.
El déficit de viviendas no es un fenómeno puntual. A la carencia de 400.000 viviendas acumulada entre 2022 y 2024, este 2025 se sumarán otras 100.000. Esto sitúa el desfase en más de medio millón de viviendas, aunque el Banco de España advierte que la cifra real podría alcanzar las 700.000 unidades si la tendencia actual no se corrige.
El Banco de España, encargado de supervisar el sistema financiero, no ejerce control sobre estas entidades, ya que muchas ni siquiera están registradas como entidades de crédito. Esta laguna legal crea un vacío que las empresas de minicréditos aprovechan para operar sin restricciones.
Las tarjetas revolving representan un grave problema para los consumidores españoles debido a su falta de transparencia y los altos intereses que generan. Aunque la reciente Guía del Banco de España pretende establecer mejores prácticas, sus errores y lagunas solo refuerzan la percepción de que este producto está diseñado para beneficiar a las entidades financieras a costa de los usuarios.
La encuesta de la institución recoge datos de 920 empresas, entre las que no hay ningún banco ni aseguradora. Y en esta última oleada ha certificado que, en esta crisis de inflación, las compañías han trasladado el encarecimiento de los costes (energía, transporte, materias primas...) a los precios de venta de sus productos o servicios.
El Banco de España ha advertido que esta desaceleración de la inversión en vivienda que se viene percibiendo desde el tercer trimestre de 2022 se prolongará en lo que resta de año y en los primeros trimestres de 2023, aunque podría ser más suave de lo previsto inicialmente.
Calviño asegura que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero resolverá las reclamaciones en un periodo máximo de 90 días y su resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Por si esto fuera poco, siguen contándonos que el consumidor no necesitará contratar a ningún abogado ni procurador y que las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación,
La actuación de los diferentes estamentos jurídicos y de control sobre los bancos para favorecerlos, comienza a parecer más un complot de la "cosa nostra" que el proceder de los sistemas en un estado democrático.
