Ante semejante escenario, la tentación de salir corriendo hacia el mercado libre es comprensible, pero la OCU pide calma. Según sus comparaciones, la TUR sigue siendo más competitiva que las tarifas libres, con ahorros de al menos el 22% frente a las mejores ofertas de precio fijo y de más del 40% respecto a numerosas propuestas comerciales. Abandonarla por un arrebato podría salir más caro que el propio susto.
La comparación histórica deja clara una cosa: no estamos ante un máximo absoluto, pero sí ante una trayectoria ascendente sostenida que, sumada al resto de subidas energéticas del año, dibuja un panorama poco alentador para lo que queda de 2026. Con el déficit acumulado todavía pendiente de repercutir en próximas revisiones y un contexto internacional que no da tregua, no sería sorprendente que esta cuarta subida del año no sea, ni mucho menos, la última.
El mercado mayorista es el lugar donde las eléctricas compran y venden la energía antes de que llegue a nuestras casas, y su precio se fija hora a hora en función de la oferta y la demanda. Cuando el gas se encarece, como está ocurriendo ahora por la tensión en Ormuz, las centrales de ciclo combinado —que son las más caras de operar— acaban marcando el precio final de casi todas las horas del día, aunque buena parte de la electricidad se produzca con fuentes mucho más baratas como la eólica o la solar.
El argumento central de las instituciones europeas para impulsar esta medida es que el mercado libre favorece la competencia y, con ella, precios más bajos. El problema es que ese argumento funciona en teoría pero no describe lo que está ocurriendo en la práctica. Las tarifas del mercado libre son difíciles de comparar, sus condiciones cambian con demasiada frecuencia y en muchos casos sus precios reales están directamente ocultos hasta que el cliente firma el contrato.
Detrás de ese abaratamiento relativo hay una razón estructural que conviene no perder de vista: España ha incrementado de forma notable el peso de las energías renovables en su mix eléctrico, lo que ha contribuido a moderar los precios en el mercado mayorista con mayor eficacia que en otros países europeos más dependientes de los combustibles fósiles.
El argumento que se ha trasladado a la Comisión es sencillo y conveniente: la tarifa PVPC supone una competencia dañina para las empresas eléctricas porque las obliga a ajustar sus precios si quieren captar clientes. En otras palabras, las eléctricas se quejan de que existe un mecanismo que les impide cobrar lo que les da la gana.
La recomendación práctica para bajar la factura sigue siendo la misma: revisar la potencia contratada, informarse sobre el bono social —que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no solicita por simple desconocimiento— y, si es posible, desplazar los grandes consumos al horario valle.
El mecanismo es tan viejo como la industria y tan descarado como siempre. Cuando el precio del crudo sube, las gasolineras lo trasladan de forma inmediata, a veces anticipándose incluso a que el incremento sea efectivo, aprovechando que tienen en sus depósitos miles de litros comprados a precios anteriores. Sus márgenes se disparan porque venden caro lo que compraron barato. Pero cuando ocurre lo contrario, la ecuación cambia radicalmente.
La amenaza de estanflación —inflación alta combinada con bajo crecimiento— empieza a sobrevolar las previsiones económicas del bloque. No es un escenario descartable: si los precios de la energía se mantienen elevados durante meses, el efecto sobre la industria, los alimentos y el poder adquisitivo de los hogares puede ser severo.
En el actual contexto de preocupación por el precio de la energía, abril ha comenzado con una noticia positiva para los consumidores españoles: la tarifa regulada de gas natural (TUR) baja al menos un 10%, consolidándose una vez más como la opción más económica para los usuarios domésticos.
