La Comisión Europea ha vuelto a pedir a España que elimine la tarifa regulada de electricidad conocida como PVPC —el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor— y la reserve únicamente para quienes estén catalogados como consumidores vulnerables. El resto, ocho millones de hogares españoles que representan el 29% del total, quedarían expuestos al mercado libre. La medida ha generado un rechazo frontal de las principales organizaciones de consumidores del país, que coinciden en un diagnóstico: Bruselas se está plegando, una vez más, a los intereses de las grandes eléctricas, las únicas que tienen algo que ganar con esta decisión.

Eliminar la tarifa PVPC subirá la luz un 15% en ocho millones de clientes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado la propuesta de «decisión precipitada» y ha respaldado esa valoración con datos concretos. Para un hogar con 4,6 kW de potencia contratada y un consumo anual de 3.500 kWh, la tarifa regulada PVPC cuesta 708 euros al año. La mejor tarifa libre disponible se sitúa en 659 euros, pero la peor alcanza los 1.027 euros. La diferencia entre ambas tarifas libres, para un consumo idéntico, es de 368 euros anuales. El encarecimiento medio que supondría pasar del PVPC al mercado liberalizado es del 15% sobre la factura actual, según los cálculos de OCU.

Acceder a las tarifas libres más baratas no es sencillo. Exige distinguir entre contratos fijos y variables, leer detenidamente las cláusulas, valorar servicios adicionales que en muchos casos no se han solicitado, entender las diferencias de potencia y consumo, y mantenerse alerta a revisiones de precio y descuentos temporales para cambiar de compañía en el momento oportuno. Una dinámica que, reconoce la propia OCU, no está al alcance de la mayoría de los consumidores.

La opacidad de los precios no garantiza un mercado transparente

El argumento central de las instituciones europeas para impulsar esta medida es que el mercado libre favorece la competencia y, con ella, precios más bajos. El problema es que ese argumento funciona en teoría pero no describe lo que está ocurriendo en la práctica. Las tarifas del mercado libre son difíciles de comparar, sus condiciones cambian con demasiada frecuencia y en muchos casos sus precios reales están directamente ocultos hasta que el cliente firma el contrato. En ese contexto, la tarifa PVPC no es solo una opción más: es el único referente claro y verificable del que disponen millones de hogares para saber si lo que les están ofreciendo es caro o barato.

La OCU exige que, antes de plantear siquiera la eliminación de la tarifa regulada, se garantice a los consumidores una comparación clara, sencilla y estandarizada de los precios, plazos y condiciones de todas las tarifas libres, sean fijas o indexadas. Sin esa transparencia previa, hablar de competencia real es una ficción.

Hay otro elemento que conviene no perder de vista: desde la reforma introducida en 2024, la tarifa PVPC ya no depende exclusivamente del mercado diario. Incorpora precios de los mercados a plazo para reducir la volatilidad. En 2026, el peso de esos mercados a plazo alcanza ya el 55% frente al 45% del mercado diario e intradiario. La tarifa regulada es, hoy, bastante menos volátil de lo que era hace apenas dos años.

Todas las tarifas pueden coexistir

Defender el mantenimiento del PVPC no equivale a rechazar la competencia ni el mercado libre. OCU considera positivo que existan ofertas innovadoras y que los consumidores que quieran buscar mejores condiciones puedan hacerlo. Pero la competencia solo beneficia al consumidor si este puede elegir en condiciones reales de transparencia. Y esa transparencia, hoy por hoy, no existe en el mercado eléctrico español.

La tarifa regulada y el mercado libre pueden coexistir sin ningún problema técnico ni regulatorio. Lo que no pueden coexistir es la eliminación del PVPC con la protección efectiva de los consumidores. La propia ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dejado claro que «en este momento no hay previsión de que desaparezca el PVPC en nuestro país». Las organizaciones de consumidores instan al Gobierno a mantenerse firme en esa posición y a no ceder ante la presión de Bruselas.

La medida solo incrementará los beneficios de las eléctricas frente a las familias

Mientras el debate sobre el PVPC se desarrolla en los pasillos de las instituciones europeas, las grandes compañías eléctricas españolas acaban de publicar sus resultados de 2025. Iberdrola obtuvo un beneficio neto histórico de 6.285 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior. Endesa ganó 2.198 millones, un 16% más, y anunció un plan estratégico con inversiones de 10.600 millones para el periodo 2026-2028. Naturgy alcanzó un máximo histórico propio con 2.023 millones de beneficio neto, un 6,4% más. Redeia, la gestora de la red de transporte, elevó su beneficio un 37,2%, hasta los 505,6 millones de euros.

Son cifras récord. Y sin embargo, el sector considera que la existencia de una tarifa regulada le causa un perjuicio. Ese perjuicio tiene un nombre preciso: es el freno que impide a las compañías cobrar libremente a los millones de hogares que hoy están acogidos al PVPC. Sin ese referente, las eléctricas podrían subir precios sin que ningún mecanismo real les pusiera límite, porque la competencia entre las propias compañías del mercado libre es, según FACUA, prácticamente inexistente.

La fuerza de los lobbys de presión eléctricos en Bruselas

El lobby de las compañías energéticas lleva años trabajando en los pasillos de las instituciones europeas con una eficacia que muchos responsables políticos envidiarían. El argumento que han trasladado a la Comisión es tan sencillo como conveniente: la tarifa PVPC supone una competencia dañina para las empresas porque las obliga a ajustar sus precios si quieren captar clientes. En otras palabras, las eléctricas se quejan de que existe un mecanismo que les impide cobrar lo que les da la gana. Y Bruselas ha decidido tomárselo en serio.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado que la propuesta de la Comisión no responde a ninguna lógica de mercado ni a ningún beneficio para el consumidor. La desaparición del PVPC eliminaría el techo implícito que hoy contiene las tarifas del mercado libre. Sin ese referente, los precios del mercado liberalizado podrían subir en paralelo sin ningún freno real, un fenómeno ya detectado en otros sectores cuando desaparece el precio de referencia.

Queda además un flanco especialmente preocupante: el bono social eléctrico, el mecanismo previsto para proteger a los consumidores vulnerables una vez eliminado el PVPC, ni siquiera llega hoy a todos los que tienen derecho a él. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica de marzo de 2026 cifran en 1.725.754 los beneficiarios actuales, una cifra que se queda corta respecto al universo real de potenciales beneficiarios. Muchos de ellos ni saben que existe la ayuda, ni saben que para solicitarla hay que estar previamente acogido al PVPC. Eliminar la tarifa regulada agravaría exponencialmente ese problema y dejaría a los hogares más vulnerables directamente en manos del mercado libre, sin ninguna red de seguridad.

El cuadro que emerge no es el de un mercado competitivo que protege al consumidor. Es el de un mercado capturado por grandes operadores que llevan años rentabilizando la complejidad, la desinformación y la inercia de los usuarios. La propuesta de la Comisión Europea, lejos de corregir esa situación, la consolidaría. Cuando las instituciones europeas hablan de «competencia dañina para las eléctricas», lo que en realidad están describiendo es protección efectiva para los consumidores. Y eso, precisamente, es lo que no debería desaparecer.