Los consumidores con contratos de mercado libre deben estar muy atentos a las actualizaciones de los precios que les comuniquen sus eléctricas. En este sentido, hay que recordar que solo pueden aplicar incrementos en la parte no regulada de esas tarifas cuando finalice el periodo de duración de sus contratos, que generalmente es de un año.
El modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación, de los desproporcionados precios que pagan los consumidores y de los beneficios de las eléctricas, por lo que la Comisión Europea debiera realizar un cambio radical en el sistema, dado que resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras.
Además de en las viviendas antiguas, es recomendable mejorar el aislamiento en casas con problemas de humedades en las paredes, condensaciones en las ventanas o con etiqueta energética D o E, especialmente si están ubicadas en una zona climática fría.
Todas las medidas tomadas hasta ahora se han mostrado claramente insuficientes, no siendo más que parches que no atajan el problema de unos precios artificialmente inflados, desconectados de los costes reales de producción de la mayoría del mix energético de España, en un entorno excepcional debido a la incertidumbre del conflicto y la economía internacional.
La solución a la desmesurada carestía de la energía y los combustibles no puede pasar exclusivamente por bajadas en los impuestos y la parte regulada de las tarifas energéticas -como ocurrió el año pasado con la electricidad- o la entrega de posibles bonos o cheques a los consumidores a cargo de los Presupuestos Generales del Estado
FACUA-Consumidores en Acción insiste en reclamar al Gobierno un tope de 50 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado eléctrico, después de que el Ejecutivo haya dado a conocer este lunes que descarta el máximo de 180 euros/MWh que la vicepresidenta Teresa Ribera anunció la semana pasada.
Endesa fue la ganadora el año pasado y también en la novena edición. Hace dos años recayó el premio en Vodafone. Movistar fue la peor empresa de 2016 y también ganó en la primera, segunda, tercera y séptima edición. La premiada como La Peor Empresa de 2014 fue Gilead, el laboratorio del fármaco contra la hepatitis C Sovaldi. En la cuarta y quinta edición el premio fue para Bankia.
La Comisión Europea ha alertado por fin de que la actual situación puede estar causando un daño significativo a los consumidores y cementando la posición de los operadores dominantes, por lo que ha justificado la intervención de precios por parte de los gobiernos.
No se puede entender que los sagrados beneficios de las eléctricas, o de otras empresas que repercuten en el sistema económico, como los bancos, estén por encima de los intereses de la nación. Son tantas las veces que nos han hablado de derechos empresariales, seguridad jurídica, intervención comunista y un amplio etcétera de variantes del mismo discurso, que hemos terminado por tenerlo como una verdad evidente. Y la única verdad es el derecho de toda la nación a la estabilidad y el bienestar.
El Gobierno se ha plegado a los intereses del oligopolio energético y sigue sin acometer nuevas medidas para reducir las tarifas eléctricas una vez que se han mostrado claramente insuficientes las llevadas a cabo en junio -bajada del IVA- y septiembre -bajada de los cargos regulados y el impuesto especial sobre la electricidad-. Todas estas bajadas de precio las ha soportado el erario público que somos todos pero los santos beneficios de las eléctricas siguen intocables a costa del país.
