Eléctricas

El mercado mayorista es el lugar donde las eléctricas compran y venden la energía antes de que llegue a nuestras casas, y su precio se fija hora a hora en función de la oferta y la demanda. Cuando el gas se encarece, como está ocurriendo ahora por la tensión en Ormuz, las centrales de ciclo combinado —que son las más caras de operar— acaban marcando el precio final de casi todas las horas del día, aunque buena parte de la electricidad se produzca con fuentes mucho más baratas como la eólica o la solar.

El argumento central de las instituciones europeas para impulsar esta medida es que el mercado libre favorece la competencia y, con ella, precios más bajos. El problema es que ese argumento funciona en teoría pero no describe lo que está ocurriendo en la práctica. Las tarifas del mercado libre son difíciles de comparar, sus condiciones cambian con demasiada frecuencia y en muchos casos sus precios reales están directamente ocultos hasta que el cliente firma el contrato.

Detrás de ese abaratamiento relativo hay una razón estructural que conviene no perder de vista: España ha incrementado de forma notable el peso de las energías renovables en su mix eléctrico, lo que ha contribuido a moderar los precios en el mercado mayorista con mayor eficacia que en otros países europeos más dependientes de los combustibles fósiles.

El argumento que se ha trasladado a la Comisión es sencillo y conveniente: la tarifa PVPC supone una competencia dañina para las empresas eléctricas porque las obliga a ajustar sus precios si quieren captar clientes. En otras palabras, las eléctricas se quejan de que existe un mecanismo que les impide cobrar lo que les da la gana.

La recomendación práctica para bajar la factura sigue siendo la misma: revisar la potencia contratada, informarse sobre el bono social —que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no solicita por simple desconocimiento— y, si es posible, desplazar los grandes consumos al horario valle.

Según el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el precio de la luz baja en febrero respecto a enero, lo que se traduce en un descenso del recibo medio para los hogares acogidos a la tarifa semirregulada PVPC. En concreto, la factura del usuario medio ha experimentado una bajada del 7,4%, situándose en 73,19 euros frente a los 79,03 euros registrados en enero.

Este caso subraya cómo la falta de regulación y supervisión en la gestión comercial de las eléctricas, combinada con la vulnerabilidad de las personas mayores, ha facilitado una ola de delitos de gran alcance por toda España, que afecta directamente a la confianza de los consumidores y a la seguridad de sus hogares.

Mientras muchas familias pasan frío en invierno o calor en verano por no poder encender la calefacción o el aire acondicionado, las eléctricas siguen presentando beneficios multimillonarios. La desconexión entre los márgenes empresariales y las necesidades sociales es cada vez más evidente, lo que ha llevado a cuestionar la falta de intervención estatal y la escasa voluntad política para cambiar las reglas del juego ⚖️.