Detrás de ese abaratamiento relativo hay una razón estructural que conviene no perder de vista: España ha incrementado de forma notable el peso de las energías renovables en su mix eléctrico, lo que ha contribuido a moderar los precios en el mercado mayorista con mayor eficacia que en otros países europeos más dependientes de los combustibles fósiles.
El argumento que se ha trasladado a la Comisión es sencillo y conveniente: la tarifa PVPC supone una competencia dañina para las empresas eléctricas porque las obliga a ajustar sus precios si quieren captar clientes. En otras palabras, las eléctricas se quejan de que existe un mecanismo que les impide cobrar lo que les da la gana.
La recomendación práctica para bajar la factura sigue siendo la misma: revisar la potencia contratada, informarse sobre el bono social —que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no solicita por simple desconocimiento— y, si es posible, desplazar los grandes consumos al horario valle.
Según el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el precio de la luz baja en febrero respecto a enero, lo que se traduce en un descenso del recibo medio para los hogares acogidos a la tarifa semirregulada PVPC. En concreto, la factura del usuario medio ha experimentado una bajada del 7,4%, situándose en 73,19 euros frente a los 79,03 euros registrados en enero.
Este caso subraya cómo la falta de regulación y supervisión en la gestión comercial de las eléctricas, combinada con la vulnerabilidad de las personas mayores, ha facilitado una ola de delitos de gran alcance por toda España, que afecta directamente a la confianza de los consumidores y a la seguridad de sus hogares.
El informe de supervisión, elaborado entre julio y noviembre de 2024, se basa en 835 gestiones simuladas mediante la técnica del comprador misterioso. Este método consiste en que personal de la CNMC finge ser un cliente que contrata o gestiona un servicio, tanto por teléfono como por internet, para evaluar la calidad y el cumplimiento de la normativa.
Mientras muchas familias pasan frío en invierno o calor en verano por no poder encender la calefacción o el aire acondicionado, las eléctricas siguen presentando beneficios multimillonarios. La desconexión entre los márgenes empresariales y las necesidades sociales es cada vez más evidente, lo que ha llevado a cuestionar la falta de intervención estatal y la escasa voluntad política para cambiar las reglas del juego ⚖️.
En numerosas ocasiones, las compañías eléctricas emiten acusaciones de manipulación de contadores basándose únicamente en sospechas, sin pruebas concluyentes. Por ejemplo, una disminución en el consumo eléctrico puede deberse a cambios en la composición del hogar, como la reducción del número de habitantes, y no necesariamente a una manipulación del contador.
La electricidad es un bien esencial, indispensable para el funcionamiento de los hogares y la economía. Por este motivo, la OCU demanda la aplicación permanente de un IVA reducido, del 10% como máximo, sin depender de fluctuaciones en el mercado mayorista.
El impuesto a las energéticas y la la banca ha recaudado cifras significativas para el Estado, que han sido redistribuidas en partidas presupuestarias destinadas a mejorar el bienestar social. Hasta 1.164 millones de euros se han ingresado en los dos últimos años solo con el tributo a las eléctricas. En total, estos impuestos han generado hasta 2.900 millones de euros anuales para las arcas públicas.
