El Gobierno puso en marcha a finales de marzo un paquete de medidas de emergencia para frenar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía. El llamado escudo fiscal incluía rebajas significativas en el IVA de la electricidad y el gas natural, una reducción drástica del impuesto especial eléctrico y la suspensión del gravamen sobre la producción eléctrica. Medidas diseñadas para amortiguar un golpe que los mercados energéticos estaban trasladando directamente a los bolsillos de los consumidores. Con carácter general, estaban previstas hasta el 30 de junio, pero el propio decreto contemplaba una cláusula de desactivación automática: si los precios de la luz y el gas dejaban de subir con fuerza antes de esa fecha, las ayudas caerían un mes antes. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido.

Desaparece el escudo fiscal para luz y gas

Los datos del IPC de abril han sido el detonante. La electricidad y el gas registraron el mes pasado caídas del 4,3% y del 9,6% respectivamente en tasa interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. Al no superar el umbral del 15% de variación anual fijado como referencia en el real decreto, la desactivación de las rebajas fiscales se ha activado de forma automática. El Gobierno no ha tomado ninguna decisión discrecional: el mecanismo funcionó tal y como estaba diseñado.

Detrás de ese abaratamiento relativo hay una razón estructural que conviene no perder de vista: España ha incrementado de forma notable el peso de las energías renovables en su mix eléctrico, lo que ha contribuido a moderar los precios en el mercado mayorista con mayor eficacia que en otros países europeos más dependientes de los combustibles fósiles. Una buena noticia en términos de transición energética que, sin embargo, tiene el efecto inmediato de retirar las ayudas fiscales antes de lo esperado.

A partir del 1 de junio, el IVA de la electricidad y el gas natural volverá al tipo general del 21%, abandonando el 10% reducido del que se venían beneficiando los consumidores. Simultáneamente, el impuesto especial de la electricidad recuperará su nivel habitual del 5,11% desde el mínimo excepcional del 0,5% aplicado en las últimas semanas. Lo único que se mantendrá hasta final de junio es la suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica, aunque este gravamen lo pagan los productores, no los hogares.

¿Cuánto va a subir la factura de la luz o el gas?

La respuesta corta: aproximadamente un 15% en el caso de la electricidad. Según las estimaciones del consultor y analista Francisco Valverde, experto en mercado eléctrico, un cliente tipo con tarifa regulada —con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.500 kWh— pasará de pagar una factura estimada de 54,60 euros en junio a 62,80 euros, es decir, unos 8 euros más al mes. El impacto es similar para los más de 20 millones de hogares y empresas con tarifas del mercado libre, donde el encarecimiento también rondará el 15%, con un sobrecoste de entre 8 y 9 euros mensuales según los datos del comparador de precios de la CNMC.

En términos más cotidianos: en una factura de 100 euros brutos, el IVA al 21% supone pagar 121 euros frente a los 110 actuales. Once euros más que, multiplicados por millones de hogares, representan una transferencia considerable de renta hacia las arcas públicas.

La factura del gas natural también sufrirá el impacto, con subidas de entre el 9% y el 10% según el tipo de consumo y las condiciones específicas de cada contrato. Además del gas convencional, el incremento del IVA afectará también a briquetas, pellets y leña, es decir, a los combustibles de calefacción doméstica más habituales entre los hogares con menor renta.

¿Qué va a pasar con los combustibles?

Aquí la historia es diferente. Los carburantes han seguido encareciéndose por el impacto de la guerra en Irán sobre los mercados internacionales del petróleo, y su variación interanual ha superado con holgura el umbral del 15% establecido como referencia. Por eso, el IVA reducido al 10% sobre gasolina y gasóleo se mantendrá al menos hasta el 30 de junio, junto con la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos al mínimo permitido por la normativa europea. El Ejecutivo no descarta prorrogar estas medidas si la presión sobre los combustibles continúa.

Hasta esa misma fecha se mantienen también los descuentos del bono social eléctrico —del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos— así como las medidas de apoyo sectorial para agricultores y transportistas.

Acciones para mejorar la factura

Ante la subida anunciada, los consumidores tienen margen de actuación. Revisar la tarifa contratada es el primer paso: quienes estén en el mercado regulado (PVPC) o en tarifas indexadas serán más vulnerables a las fluctuaciones del mayorista, mientras que una tarifa fija o con discriminación horaria puede ofrecer mayor previsibilidad. Reducir la potencia contratada si no se utiliza plenamente es otro ajuste con impacto directo en la factura, dado que el término de potencia es un coste fijo independiente del consumo real.

En el plano del consumo, desplazar el uso de electrodomésticos de alta demanda —lavavajillas, lavadora, horno— a las franjas horarias de menor precio (noche y madrugada en tarifas con discriminación horaria) puede marcar una diferencia apreciable. La eficiencia energética de los electrodomésticos, el nivel de aislamiento de la vivienda y los hábitos de consumo son, en última instancia, las variables sobre las que cada hogar tiene mayor capacidad de actuación directa.

¿Va a incrementarse la inflación por esta desactivación del descuento fiscal?

La respuesta es sí, y las consecuencias van bastante más allá de la factura mensual. El encarecimiento de la energía doméstica tiene un efecto de traslación sobre el conjunto de precios de la economía: desde los costes de producción industrial hasta los servicios más cotidianos. En un contexto en el que la inflación interanual ya se sitúa en el 3,2% según el INE de abril, la retirada parcial del escudo fiscal introduce una presión adicional al alza en un momento delicado.

Y para el mercado inmobiliario, las consecuencias son especialmente preocupantes. Un mayor gasto energético mensual reduce directamente la capacidad económica de los hogares, lo que se traduce en menos margen para hacer frente a una hipoteca o para ahorrar la entrada de una vivienda. Todo ello en un escenario en el que el euríbor sigue escalando, encareciendo el coste de financiación de la compra de casa, y en el que los precios de la vivienda continúan en niveles históricamente elevados en las principales ciudades españolas. La desactivación del escudo fiscal es, en definitiva, un eslabón más en una cadena que aprieta cada vez con más fuerza la economía doméstica de millones de familias.