El Gobierno ha decidido bajar impuestos al carburante para aliviar el bolsillo de los españoles. Buena intención, pésimo resultado. Las grandes cadenas de gasolineras han convertido una medida pensada para los ciudadanos en una oportunidad de negocio extraordinaria. Repsol, Moeve y BP han aprovechado la rebaja del IVA del 21 al 10% y el recorte de 4,9 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos para inflar encubiertamente el precio del gasóleo entre 2 y 5 céntimos más de lo que cobraban antes de que entrara en vigor la bonificación. Dicho de otro modo: el dinero público que el Estado deja de ingresar para beneficiar a los conductores acaba, en buena parte, engordando los beneficios de las grandes petroleras. Es un robo a mano descubierta, y lo hacen porque pueden y nuestro país no les importa.

Las gasolineras aprovechan la bajada fiscal para obtener más beneficios

Los datos son contundentes y los ha publicado FACUA-Consumidores en Acción tras analizar las 11.047 gasolineras de toda la Península. El precio medio del gasóleo cayó de 1,963 euros por litro el sábado a 1,778 euros el miércoles siguiente. Una bajada de 18,5 céntimos que suena bien hasta que se compara con lo que tendría que haber bajado: 23,2 céntimos. Esa diferencia de casi 5 céntimos por litro no ha ido al bolsillo del conductor. Ha ido directamente a las cuentas de resultados de las compañías.

Repsol solo trasladó al consumidor 21,8 céntimos de rebaja cuando debería haber aplicado 24 céntimos. Se quedó con 2,2 céntimos de media por litro. Moeve, la segunda cadena en número de estaciones, fue aún más agresiva: bajó 18,8 céntimos cuando le correspondía bajar 23,7. Se embolsó 4,9 céntimos por litro. BP se quedó en una bajada de 19,5 céntimos frente a los 23,7 que debería haber aplicado, apropiándose de 4,2 céntimos por cada litro despachado. Y hablamos de millones de litros al día.

Les pagamos el carburante con nuestra cartera y los beneficios con dinero público

El mecanismo es sencillo y muy rentable. El Estado renuncia a una parte de su recaudación fiscal para abaratar el combustible. Las gasolineras reciben ese alivio tributario, pero en lugar de trasladarlo íntegramente al precio que paga el conductor, lo absorben parcialmente como margen comercial adicional. El ciudadano paga dos veces: primero como contribuyente, financiando la rebaja; luego en el surtidor, pagando más de lo que debería.

A esto hay que añadir otro elemento de escándalo que conviene no olvidar. Muchas gasolineras tienen sus depósitos llenos de carburante comprado a precios anteriores, más bajos. Lo venden ahora a precios superiores, con márgenes extraordinarios. Y cuando el mercado comience a bajar, nadie espere que trasladen esa caída con la misma rapidez con la que han subido. Ese mecanismo asimétrico —sube rápido, baja despacio— es una constante del sector que ningún gobierno ha querido cortar de raíz.

Las subidas abusivas se controlan con precios máximos

FACUA lleva semanas reclamando lo evidente: la única forma eficaz de frenar estos abusos es que el Gobierno fije topes máximos al precio del combustible. Sin ese control, las bonificaciones fiscales son un regalo envenenado que acaba en manos de las grandes cadenas. La asociación también ha advertido de que un porcentaje elevado de gasolineras comenzó a subir precios antes de que el encarecimiento del petróleo por el conflicto en Oriente Medio justificara esas subidas, lo que demuestra que la especulación es una práctica habitual y estructural en el sector.

No colabores y no compres en los que van contra España

El consumidor tiene una herramienta en la mano: elegir dónde repostar. La web y la app gasolineras.FACUA.org permite localizar en tiempo real los precios más bajos en cualquier punto de España. Mientras el Gobierno no actúe con firmeza, la respuesta más eficaz es dejar de financiar a quienes nos roban con nuestra propia complicidad. Repsol, Moeve y BP han dejado claro que sus intereses económicos están por encima de los del país. Que los conductores españoles tomen nota.