A cambio de los 3.000 millones destinados a esta ayuda, el Gobierno quiere que la nueva tarifa suponga un aliciente para que las comunidades cumplan la ley de 2020 y sustituyan los contadores colectivos de gas por contadores individuales, que permitirán a cada vecino saber exactamente cuál es su consumo.
La asociación de consumidores recomienda contratar la tarifa regulada TUR: su coste anual para un hogar medio es de 723 euros frente a los 1.516 euros de la mejor de las tarifas en el mercado libre que, en algunos casos, puede multiplicar por tres y por cuatro su coste.
OCU ha pedido a la ministra de Hacienda y a la ministra de Transición Ecológica que aprueben de forma inmediata las medidas necesarias para que las Comunidades de Vecinos puedan acogerse a la tarifa regulada TUR y no se vean perjudicadas por su exclusión de esta tarifa a pesar de hacer un uso eficiente y responsable de la calefacción
La asociación ha venido recibiendo denuncias de usuarios a los que sus compañías les han realizado una modificación sin previo aviso para empezar a incluirle esta medida de forma fraudulenta. Entre las argucias que utilizan, les cambian el precio del kilowatio hora (kWh) simulando que fue el propio afectado quien ha pedido un cambio de tarifa. Esto provocaría que se considerara un contrato nuevo, por lo que así podrían aplicar el mecanismo de compensación.
Aunque la aplicación del tope al gas y el IVA al 5% vigente desde julio han frenado un incremento mucho mayor, FACUA señala que estas medidas resultan absolutamente insuficientes y reclama al Gobierno y la Comisión Europea actuaciones mucho más contundentes para acabar con la brutal especulación en el sector y proteger a las familias.
En la instrucción del expediente por parte del Gobierno de Canarias se acredita que REE incurrió en "La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legales o reglamentarios establecidos o fuera de los supuestos previstos legales o reglamentarios", de lo que resulta una infracción tipificada como muy grave en el artículo 64.31 de la LSE:
Uno de los puntos importantes en los que debe incidir la nueva información que se demanda en la factura es en la potencia contratada, que multitud de usuarios tienen sobredimensionada, para que conozcan que significa este término y sean conscientes de que pueden reducirla a unos valores más acordes con sus necesidades. Y esa reducción debe poder hacerse sin coste alguno para los consumidores.
Con la TUR, un usuario que consume 400 kWh mensuales paga actualmente 35,92 euros al mes. En el mercado libre gasístico, su factura puede llegar a dispararse hasta los 121,65 euros, un 239% más, en el caso de que tenga contratada la actual oferta de Iberdrola.
El Gobierno de España debe plantear a la Comisión Europea un cambio radical en el sistema, dado que resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras.
El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que para evitar el corte de suministros a una familia vulnerable es necesario que los ayuntamientos emitan un informe que determine si el impago se debe a una situación de exclusión social, ya que ha establecido que, a diferencia de lo que recoge la ley catalana de pobreza energética, los casos donde los consistorios no presentan el dictamen no se traducen automáticamente en que la unidad familiar se encuentra en riesgo
