Sánchez presenta un plan de 4.700 millones para impulsar la vivienda asequible y la rehabilitación energética
El Gobierno ha activado un nuevo paquete de inversión de más de 4.700 millones de euros destinados al mercado residencial, con especial foco en la construcción de vivienda asequible y la rehabilitación de edificios vacíos o con baja eficiencia energética. Esta partida forma parte del Plan Social para el Clima (PSpC), dotado con un presupuesto total de 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032, de los que algo más de la mitad se destinarán al ámbito inmobiliario y residencial. El proyecto está impulsado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Transportes, y se encuentra en audiencia pública hasta el próximo 29 de junio.
El plan se financia mediante la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, a lo que se sumará una aportación nacional equivalente al 25% del presupuesto total. Su diseño se integrará con políticas ya existentes como el Plan Estatal de Vivienda, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y pretende ofrecer, según el Gobierno, «soluciones permanentes y de carácter transformador» frente a la volatilidad de los precios energéticos.
El PSpC contempla una inversión total de 4.723 millones de euros en el sector inmobiliario
Desde el punto de vista residencial, el componente de edificios del Plan Social para el Clima concentrará 4.723 millones de euros y se articulará en siete líneas de actuación. El objetivo declarado es modernizar un parque residencial español que, según reconoce el propio documento del Ejecutivo, «todavía presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética». Las medidas buscan reducir el consumo de energía primaria, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y recortar de forma significativa las emisiones de CO₂ en el sector de la edificación.
1.813 millones de euros para impulsar la construcción de vivienda asequible
La medida con mayor dotación presupuestaria dentro del componente inmobiliario será precisamente la destinada a vivienda asequible. El Gobierno reservará 1.813 millones de euros para financiar la construcción de nueva vivienda asequible y la rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial, siempre bajo exigentes criterios de eficiencia energética. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de fuerte tensión en el mercado residencial español, marcado por la escasez de oferta, el encarecimiento sostenido de los precios y la creciente dificultad de acceso tanto a la compra como al alquiler. El Ejecutivo pretende así vincular la transición energética con las políticas de acceso a la vivienda, priorizando a los hogares con menos recursos.
Rehabilitación de viviendas y edificios residenciales: tres líneas de actuación y 2.421 millones
El segundo gran bloque de inversión será la rehabilitación, que se desplegará en tres líneas diferenciadas. La más ambiciosa destinará 1.220 millones de euros a la rehabilitación integral de barrios y entornos urbanos vulnerables, con actuaciones a escala de barrio que incluyen mejoras del aislamiento térmico, implantación de climatización renovable y desarrollo de redes de calor y frío de distrito. Le sigue una partida de 923 millones orientada a la rehabilitación de edificios residenciales en los que residan hogares vulnerables, con ayudas cuya intensidad se ajustará en función del nivel de mejora energética alcanzado. A estas se añaden 278 millones adicionales para intervenciones individuales en viviendas que, por su ubicación en edificios plurifamiliares, no puedan acogerse a una rehabilitación comunitaria. En conjunto, el componente rehabilitador concentrará más de 2.400 millones de euros y se configura como el eje central del esfuerzo modernizador del parque residencial español.
La prioridad: hogares vulnerables y con menos recursos
El diseño del Plan Social para el Clima establece con claridad quiénes son sus beneficiarios principales: los hogares en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos en riesgo de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que carecen de recursos propios para financiar la rehabilitación de sus viviendas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado que el plan supone «un segundo impulso» al Plan de Recuperación postpandemia y que el acento se pondrá en «las personas que más lo necesitan» y en los barrios donde los fondos europeos anteriores encontraron más dificultades para llegar.
Otros aspectos no inmobiliarios: comunidades energéticas y asesoramiento ciudadano
Más allá de la construcción y la rehabilitación, el componente de edificios del PSpC incluye otras partidas de menor cuantía pero relevancia estratégica. Se destinarán 300 millones de euros al impulso de comunidades energéticas y al autoconsumo colectivo, con la condición de que al menos el 10% de la energía generada o ahorrada se destine gratuitamente a consumidores vulnerables del entorno. Otros 27 millones financiarán la red RED-ACTÚA, una iniciativa de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento presencial e itinerante, especialmente orientada a zonas rurales, para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital. Se reservan además 162 millones para proyectos piloto de intervención exprés en hogares en situación de urgencia térmica y para mejoras de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.
Impulso a la movilidad sostenible: 4.376 millones para descarbonizar el transporte
El 48% restante del Plan Social para el Clima, unos 4.376 millones de euros, se destinará al sector del transporte. La partida más cuantiosa de este componente, 2.269 millones, irá a la descarbonización del transporte por carretera, con ayudas para la renovación de flotas de vehículos pesados y ligeros en microempresas vulnerables y autónomos, electrificación del transporte público urbano y despliegue de puntos de recarga. Otros 964 millones se destinarán a transporte público asequible, incluido un Abono Único Social para viajes ilimitados y multimodales a tarifas reducidas. El plan contempla también 702 millones para movilidad rural a demanda y compartida, y partidas adicionales para movilidad activa, intermodalidad y aparcamientos seguros para bicicletas. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha avanzado que el objetivo es remitir la propuesta definitiva a Bruselas antes de que finalice 2025, con la transición energética como «motor de justicia y de equidad».
