La financiación hipotecaria continúa mostrando una evolución positiva. Según los datos registrales, las hipotecas han experimentado un incremento interanual del 4,1%, hasta alcanzar unas 50.800 constituciones sobre todo tipo de inmuebles.
Aquí está el epicentro del terremoto que se avecina. Se estima que más de 630.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia, principalmente en 2021, vencen a lo largo de 2026. Estos contratos —llamados ya en el sector como "contratos COVID"— se firmaron en un momento de mercado a la baja, con rentas notablemente más reducidas que las actuales.
El análisis del comercio exterior añade otra dimensión al comportamiento del sector. En 2025, las exportaciones caen un 10% y las importaciones crecen casi un 39%, configurando un escenario de creciente presión competitiva. Las exportaciones descendieron un 10,1%, hasta 4.485.687 toneladas, lo que supone una pérdida de más de 500.000 toneladas respecto al año anterior. Paralelamente, las importaciones aumentaron un 38,8%, alcanzando 2.008.718 toneladas, el nivel más alto desde 2010.
Desde la óptica de los consumidores y profesionales, esta concentración plantea interrogantes sobre la competencia efectiva, las tarifas aplicadas a agencias y promotores y, en última instancia, el impacto en el coste de comercialización de la vivienda.
El estudio señala que alrededor del 20% de los inquilinos llega a dedicar hasta un 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que otro 14% destina entre el 40% y el 50%. Incluso existe un porcentaje significativo de hogares que supera la mitad de sus ingresos mensuales en el pago de la renta.
Esta posición conecta con una tendencia creciente en distintos ayuntamientos españoles: priorizar el derecho a la vivienda frente a la rentabilidad del uso turístico, incluso en gobiernos que no se identifican con políticas intervencionistas. En el caso de Badalona, el alcalde ha vinculado la decisión a su concepto de “badalonisme”, es decir, a actuar en función de lo que considera mejor para la ciudad, al margen de etiquetas partidistas.
Cada comunidad autónoma ha desarrollado sus propios programas, y las diferencias entre territorios son notables. En la Comunidad de Madrid, el Plan Mi Primera Vivienda permite acceder a hipotecas de hasta el 100% del valor de tasación o compraventa para menores de 40 años, con un precio máximo de vivienda de 390.000 euros.
El caso de Barcelona introduce un elemento de debate. La capital catalana registra una caída del 1,2% en tasa interanual y la provincia un descenso del 1,5%. Con estos datos se confirman las declaraciones de la administración catalana sobre la contención de rentas tras la aplicación de la regulación en zonas tensionadas.
El valor de adquisición de un local suele situarse entre un 20% y un 30% por debajo del de una vivienda equivalente en la misma zona, lo que abre una ventana de entrada más accesible. A ello se suma que, tras el cambio de uso y la reforma, las rentabilidades brutas por alquiler pueden situarse entre el 8% y el 13% anual, porcentajes difíciles de alcanzar en la vivienda tradicional.
Uno de los elementos centrales del acuerdo es el carácter finalista de la recaudación. La reforma elevará la recaudación hasta los 200 millones y destinará el 25% de los ingresos a políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el 75% restante se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. Este fondo no solo financiará acciones de promoción, sino también programas vinculados a la desestacionalización y gestión sostenible de los flujos turísticos.
