El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió este martes en la sede del ministerio con el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla, en un encuentro que ha servido para dejar entrever por dónde va a moverse el Gobierno en materia de vivienda de cara a los próximos meses. No es un detalle menor: cuando un ministro se sienta con el relator de Naciones Unidas para exponerle sus planes, lo habitual es que esos planes estén bastante más avanzados de lo que se ha contado hasta ahora.

¿Quién es Koldo Casla y por qué importa su opinión?

Casla es investigador vasco en Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex, y desde abril de este año ocupa el cargo de relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. Su opinión no es un trámite protocolario: los relatores de la ONU pueden señalar a los Estados, elaborar informes que se elevan al Consejo de Derechos Humanos y marcar el relato internacional sobre cómo un país gestiona sus obligaciones en materia de derechos sociales. Que España busque su interlocución de forma proactiva dice bastante sobre la importancia que el Ejecutivo quiere dar a este asunto de cara a la opinión pública, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

¿Qué opina el investigador vasco sobre la vivienda y la pobreza?

Casla ha insistido en repetidas ocasiones en que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en un problema estructural en muchas sociedades, estrechamente ligado a la pobreza y no solo a una cuestión de mercado. Su planteamiento de fondo, y en esto conviene detenerse porque no es una postura menor, es que la vivienda debe protegerse como un recurso público que garantiza un derecho, de la misma manera que se protegen la salud o la educación. Es una visión que choca frontalmente con la lógica puramente mercantil que ha dominado el sector durante años, y que sitúa a Casla como una voz incómoda para quienes defienden la vivienda ante todo como un activo de inversión.

¿Qué ha adelantado Bustinduy a Casla sobre las medidas del Gobierno?

Según ha trasladado el propio Bustinduy, el Gobierno trabaja para materializar el compromiso de aprobar un real decreto ambicioso en materia de vivienda, que incluiría una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, una regulación específica de los alquileres de temporada y por habitaciones, y un aumento del IVA a los pisos turísticos, con el objetivo de frenar la fuga de vivienda residencial hacia el alquiler vacacional. Son medidas que llevan tiempo sobre la mesa y que, a la vista de este encuentro, parecen estar cada vez más cerca de tomar forma definitiva, aunque habrá que ver si el paquete final conserva toda su ambición una vez pase por el trámite parlamentario.

Las acciones más importantes de Consumo en materia de vivienda

Dentro de sus competencias, el Ministerio de Consumo ya puede presumir de un historial de actuación bastante concreto. Ha sancionado a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia turística y por publicidad engañosa, y ha logrado que la plataforma retirase 65.000 anuncios ilegales, a los que se suman los 4.093 que ya había retirado Booking a petición del ministerio. Además, en abril sancionó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos, al aprovechar su posición dominante en el mercado, y abrió un expediente similar a una segunda inmobiliaria. Son cifras que, más allá del titular, muestran una estrategia de fondo: usar la vía sancionadora para disciplinar un mercado que durante años ha operado con escaso control.

El convenio de colaboración con el CSIC

El Ministerio de Consumo y el Instituto de Filosofía del CSIC han firmado también un convenio de colaboración orientado a compartir herramientas y procedimientos de captación, explotación y análisis de datos, así como las bases de datos generadas por ambas instituciones. El objetivo declarado es reforzar el conocimiento sobre el mercado de la vivienda, en particular sobre las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa. Dicho de otro modo: el Gobierno quiere legislar con más datos y menos intuición, algo que se agradece en un sector donde durante mucho tiempo se ha regulado casi a ciegas.

¿Cuándo se tiene previsto implementar estas medidas?

El Gobierno no ha fijado todavía, al menos públicamente, una fecha cerrada para la aprobación del real decreto, pero todo apunta a que el objetivo es tenerlo encarrilado de cara al próximo septiembre, cuando arranca el curso político y, no por casualidad, buena parte de los contratos de alquiler se renuevan. Que Bustinduy haya elegido este momento para trasladar sus planes al relator de la ONU, y no antes ni después, difícilmente es casualidad: parece más bien un movimiento calculado para dar visibilidad internacional a un paquete de medidas que el Gobierno quiere presentar como terminado antes de que acabe el verano. Queda por ver si los plazos se cumplen, algo que, en materia de vivienda y en este país, no siempre ha sido la norma