La licitación de contratos de obra lanzada por todos los organismos públicos del país alcanzó los 19.984,48 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 16,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Según la última estadística de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), este incremento confirma que el esfuerzo inversor de las distintas administraciones sigue siendo un pilar para mantener la actividad del sector de la construcción. Sin embargo, la pregunta de fondo es clara: ¿hasta qué punto este aumento de licitaciones se traduce en mejoras en vivienda asequible y en proyectos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía?

La situación en las Comunidades Autónomas

Las comunidades autónomas han sido protagonistas del incremento en la licitación. En total, alcanzaron los 6.650,9 millones de euros, un 23,9% más que el año anterior. La disparidad territorial, no obstante, es evidente. Extremadura lideró las alzas, con un aumento del 417,8% y 363,98 millones de euros licitados. Andalucía, por su parte, fue la comunidad con mayor volumen, superando los 1.348 millones de euros, lo que supone un 116% más que en 2024. En contraste, Madrid redujo un 42% su actividad licitadora, situándose en 920 millones de euros, mientras que Cataluña aumentó un 7,6% y alcanzó los 854,49 millones. Estas diferencias reflejan que mientras algunos territorios apuestan por reforzar la inversión en infraestructuras, otros frenan su actividad, lo que genera desigualdades en la dotación de servicios públicos y en el desarrollo de proyectos de vivienda y urbanismo.

Las licitaciones del Estado y sus Ministerios

La Administración General del Estado licitó contratos de obra pública por valor de 5.942,53 millones de euros, un 14,5% más que el año anterior. El protagonismo, como es habitual, recayó en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que lanzó licitaciones por valor de 3.546,46 millones de euros, un leve descenso del 1,1%. La clave estuvo en Adif, que impulsó fuertemente la inversión ferroviaria, con un aumento del 17,2% y más de 2.536 millones de euros en proyectos. En cambio, las carreteras sufrieron un fuerte retroceso, con un descenso del 54,7% en la licitación (182,2 millones de euros). Los puertos también redujeron su actividad en un 3,5% (487,3 millones), y los aeropuertos gestionados por Aena lo hicieron en un 30,5% (180,2 millones). Este contraste revela una clara apuesta por el ferrocarril como infraestructura estratégica, pero a costa de infraestructuras básicas que afectan a la movilidad cotidiana de millones de ciudadanos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incrementó su actividad en un 32,4%, hasta 450,5 millones de euros, mientras que el resto de ministerios elevaron sus licitaciones un 53,8%, con 1.945,5 millones de euros.

También los ayuntamientos

Las corporaciones locales también jugaron un papel clave. Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y entidades locales licitaron un total de 6.136 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,2%. Estos datos muestran que la administración más cercana al ciudadano mantiene un nivel significativo de inversión, fundamental en proyectos de urbanización, rehabilitación de barrios y pequeñas infraestructuras. Sin embargo, cabe preguntarse si esta inversión se dirige realmente a resolver los problemas más urgentes, como la falta de vivienda asequible, o si sigue destinándose en gran parte a obras de carácter puntual que no transforman la realidad habitacional.

Un crecimiento desigual y con interrogantes

En conjunto, la licitación de contratos de obra pública muestra un crecimiento sólido en términos globales. El mes de febrero fue el de mayor actividad y julio el segundo, con un total de 3.490,34 millones licitados en este último. Por tipo de obra, 1.054,23 millones se destinaron a edificación residencial y 7.806,48 millones a edificación no residencial. En paralelo, se licitaron 5.212,12 millones en infraestructuras de transporte y 3.675,72 millones en obras de urbanización. No obstante, el dato más revelador es que la licitación vinculada directamente a vivienda residencial sigue siendo una parte minoritaria del total. Mientras la inversión en transporte o en grandes equipamientos concentra la atención, el acceso a vivienda digna continúa siendo un problema estructural que apenas encuentra reflejo en estas cifras.

Inversión pública frente a la falta de vivienda

El aumento de la licitación de obra pública en España es un síntoma positivo para el sector de la construcción, que encuentra en estas inversiones un motor de actividad. Sin embargo, desde una perspectiva de derecho a la vivienda, los datos plantean serias dudas. La mayor parte de los recursos se destinan a infraestructuras de transporte y equipamientos no residenciales, mientras que el volumen orientado a edificación residencial es limitado. En un contexto marcado por la falta de vivienda asequible, el encarecimiento de los alquileres, la subida de las hipotecas y el euríbor, la inversión pública debería estar más alineada con las necesidades sociales. Extremadura y Andalucía demuestran que se puede crecer de forma intensa en licitación, pero sin un plan coordinado a nivel estatal y autonómico, la desigualdad territorial seguirá ampliándose. La conclusión es clara: la obra pública crece, pero el acceso a la vivienda no mejora al mismo ritmo. Sin una estrategia que integre la inversión pública con una política de vivienda ambiciosa, España corre el riesgo de seguir sumando infraestructuras mientras ignora una de las principales urgencias sociales de nuestro tiempo.