El Gobierno ya ha dado luz verde a la esperada puesta en marcha del alquiler social. Esta medida permitirá a algunas de las personas, que fueron desahuciadas de sus casas desde el uno de enero de 2008, acceder a una vivienda.

Las viviendas aportadas al Fondo proceden de los bancos, nacionalizados o no,  y que no hayan sido aportadas a la Sareb, es decir al «banco malo». En estos momentos los bancos que participan en el Fondo Social de la Vivienda, dotado con 6.000 inmuebles, nuevos o procedentes de desahucios, trabajan para ponerlos a punto y poder entregarlos a partir del 31 de marzo. Se calcula en unos 3.000 euros de media  por vivienda los que serán necesarios invertir para ponerlas a disposición de sus nuevos inquilinos.

Será el próximo 31 de marzo cuando se realice la entrega de la primera promoción de alquileres, aunque las entidades podrán terminar todas las obras necesarias durante la primavera. El precio mensual a pagar en concepto de alquiler estará entre los 150 y los 400 euros, no pudiendo superar el 30% de la renta que obtenga la unidad familiar. Podrán permanecer en esta situación durante dos años, prorrogable por otro año más.

La situación de las personas que quieran acceder a las viviendas, será estudiada por los servicios sociales municipales para garantizar que cumplen con los requisitos exigidos por el Gobierno. Diputaciones y ayuntamientos  serán los que elaboren un informe sobre los solicitantes, en el plazo máximo de quince días, una vez que las entidades les envíen la información pertinente.  Sólo podrán optar a ellas, familias desahuciadas después del uno de enero de 2008. Además los beneficiarios, cuyo nucleo familiar no podrá disponer de una vivienda en propiedad, deberán  poseer unos ingresos familiares que no superen en tres veces el IPREM, es decir, no superar los 19.164 euros anuales o los 1.597 mensuales, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Esta medida, quiere ser un primer paso para poner freno a la situación que están atravesando muchas familias españolas, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, incapaces de hacer frente a las desorbitadas hipotecas que firmaron para ser propietarios,. Pero no es más que una gota de agua en la piscina de los casi 300.000 desahucios que ya se han producido y los que se producirán en los próximos cuatro años.