El Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado han firmado un acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. De esta forma se recupera la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el Partido Popular,  impugnó en mayo del 2016.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quiere explicar los efectos concretos que la eliminación del recurso que puso el Partido Popular va a significar para la sociedad, haciendo un resumen de las herramientas que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y Ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos.

Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social:

  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios(artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos, no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley, comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los Ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera a las mesas de emergencias se tienen que acabar con inmediatez.
  • Las medidas contra el sobreendeudamiento se recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  • La obligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6) no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  • Las medidas contra la pobreza energética y los cortes las salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

A partir de hoy la PAH asegura que se mantendrá atenta  para que se cumpla y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle, denunciando cualquier intento para que banca, fondos buitre y eléctricas eludan sus responsabilidades. No se deja de lado a las Administraciones públicas, a las que se exige que apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial de las personas más vulnerables.