Ante la concreción de una Ley de Vivienda que ya está llegando tarde, los diferentes actores van tomando posiciones y la discusión comienza a generalizarse volviéndose bronca. Todos se juegan mucho y los peones ya se están moviendo en el tablero. Por un lado hay mucho dinero en juego, por el otro la razón de ser de un pacto de legislatura.

Comenzó el Partido Popular, que actúa como adalid de los grandes propietarios, denunciando ante el Tribunal Constitucional la ampliación de la Ley catalana de desahucios 24/2015, conseguida en diciembre de 2019 gracias a la aprobación del Decreto ley 17/2019. Con esta medida los populares pretenden eliminar y de momento lo van consiguiendo,  las renovaciones obligatorias en los alquileres sociales una vez estos lleguen a su fin,  también los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler y que no se contemple en ningún caso la posibilidad de otorgar estos alquileres sociales a los culpables de cualquier tipo de ocupación.

La medida se ha conseguido llevar adelante por la completa pasividad del PSOE y está tan sólo pendiente de que el TC publique la sentencia en la que suspenderá los mencionados artículos.

Aún antes de que esto suceda el PP ha vuelto a recurrir ante el TC la Ley 11/2020 de regulación de los alquileres y que podría anularse por defecto de forma, aunque aún no está suspendida. Las plataformas por la vivienda y el Sindicato de Inquilinas esperan una avalancha de desahucios una vez se levante el estado de alarma, para los que exigirán el cumplimiento de la Ley 24/2015 que obliga a la administración a buscar un realojo adecuado a las familias desahuciadas.

Ante la pachorra de Ábalos –que tendrá instrucciones para ello- y el rechazo más o menos conocido por parte de destacados miembros del Gobierno a la mayor parte de las medidas que quiere impulsar Unidas Podemos, tan sólo faltaba una chispa para terminar de movilizar a todos los contendientes. Y ésta ha sido las declaraciones de la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, de Unidas Podemos.

Belarra ha manifestado durante su comparecencia en la comisión mixta para el seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estos objetivos implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que «ataje de una vez la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios». Es decir, que se valore el derecho social a la vivienda por encima del derecho capitalista a los beneficios.

Añadiendo a continuación, por si no se le había visto la intención, que “necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social”.

Y desvelando alguno de los contenidos que Unidas Podemos quiere introducir en el marco de la nueva Ley de Vivienda, avanzó que ” los grandes tenedores de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que, según la Secretaria de Estado, ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional» en España, aumentando en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

De dónde saca estas cifras Belarra es un misterio y yerra mucho porque sumando todo el conjunto de vivienda en alquiler de que disponen estos grandes tenedores, no se llega ni a las 120.000 unidades. Nada que ver con esos casi medio millón que les adjudica.

Veamos, un reciente informe de la consultora Atlas recoge que entre los 40 grandes propietarios disponen de 115.085 viviendas, con lo que se supone que controlan el 4,2% del parque residencial en alquiler. A la cabeza de los propietarios se encuentra Blackstone con unas 40.000 viviendas distribuidas entre varias sociedades y socimis (Testa Residencial, Fidere, Torber Albirana….) Le siguen Caixabank con unas 25.000 y Sareb con una cifra cercana a las 15.000.

Ante las declaraciones de Belarra saltó Eduardo Mendiluce de Blackstone, advirtiendo que el alquiler social es responsabilidad de la administración y que tan sólo en el ámbito del alquiler asequible, con descuentos sobre el precio del mercado no superiores al 30-35%, están dispuestos a llegar a acuerdos de colaboración con el Estado y siempre que se contemplen bonificaciones fiscales u otro tipo de ayudas como está haciendo Portugal. Lo contrario conducirá a los tribunales aseguró Mendiluce.

Agazapados tras el telón del escenario, los constructores esperan acuerdos que les permitan meter la mano en el gigantesco pastel que se percibe y es que a pesar de los tres millones de viviendas vacías que tenemos, estiman que se necesitarán dos millones de viviendas sociales, aunque está claro que no se podrán construir en cinco años y el problema será acuciante cuando el dopaje de los ERTE se acabe y la crisis económica nos azote con miles de desahucios.

Esta misma consultora Atlas calcula que en España existe un déficit de 1.841.440 viviendas en alquiler, teniendo en cuenta la demanda de arrendamiento, el parque residencial actual y la comparativa de nuestra situación con la de los países europeos de nuestro entorno. Actualmente el 24,1% de las casas en España tienen un contrato de arrendamiento (15,4% en el mercado libre) frente al 28% de media en Alemana, Francia, Reino Unido e Italia.

El interés del sector privado, obcecado con la gran rentabilidad del alquiler, que fue de un 8% en el 2020 a pesar de la crisis sanitaria, se justifica por la demanda que la vivienda en alquiler tiene en las grandes ciudades y que la crisis económica que se avecina, con salarios a la baja, paro creciente y restricciones en el mercado hipotecario, no va a hacer sino aumentar por delante de la opción de compra, cada día más lejana.

El movimiento mundial del «build to rent» es imparable y en nuestro país los grandes fondos de inversión y las aseguradoras han invertido más de 1000 millones de euros en inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda en los últimos meses. Y no están dispuestos a que una Ley de Vivienda aún no escrita les estropee inversiones y negocio.

En el pimpampum entre grandes tenedores, constructores e inversores y Unidas Podemos, que no ha hecho más que empezar,  se echa en falta al PSOE que está muy callado y tan sólo algunas filtraciones muestran las fuertes discrepancias. Unidas Podemos se queja por el rechazo del PSOE a las propuestas que quiere figuren en la Ley. Es decir, a la obligación para los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, la regulación de los precios del alquiler y las medidas a tomar para forzar la salida de viviendas vacías al mercado del alquiler que no quiere que cuesten ni un euro de dinero público, es decir, nada de subvenciones y sí de penalizaciones. De esta forma el PSOE debe tener un cierto susto ante lo que sus socios de Gobierno quieren plasmar en la ley. No están muy acostumbrados a mirar al vacío.

La nueva Ley de Vivienda se está elaborando por parte del Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y los plazos son ya muy estrechos teniendo en cuenta las diferencias. Ábalos intenta evitar la polémica con Unidas Podemos y aunque asegura que «persevera» para llegar a un acuerdo, parece que está demorando los plazos. Y estos son muy claros.   El pasado 27 de octubre, PSOE y Unidas Podemos pactaban, como forma de desatascar las diferencias que mantenían las dos formaciones ante el proyecto de presupuestos, llevar al Consejo de Ministros la nueva Ley de Vivienda en un plazo de tres meses.

Pero Ábalos ahora dice que desea seguir perfilando la nueva ley hasta mediados de febrero, cuando la pondría sobre la mesa del Consejo de Ministros, para tras su aprobación llevarla al Parlamento en marzo. Es decir, con un mes de retraso frente a los plazos iniciales previstos.

Con todo el sector inmobiliario ya movilizado y ejerciendo su presión en el PSOE a través de los medios de comunicación, asociaciones de constructores, ASVAL, banca y fondos buitre incluidos, los colectivos sociales también se están preparando para salir a las calles en las próximas semanas y defender sus intereses. Lo conseguido en Cataluña, donde las movilizaciones lograron incidir en el proceso legislativo y obtuvieron leyes más equilibradas es un acicate para el movimiento nacional por el derecho a la vivienda, que percibe el momento como una situación única que puede ser irrepetible y con la amenaza de una crisis económica que volverá a traer centenares de miles de desahucios si no hay medidas para contenerlos.

El tiroteo contra la formación morada ya es visible en los medios de comunicación. Decaídas las diversas demandas presentadas contra Iglesias, habrá que esperar a ver cuál es la artillería pesada que sacan al campo para conseguir una Ley de Vivienda descafeinada y que sea conforme a sus intereses. Podemos no se lo va a poner fácil, porque el derecho a la vivienda digna y para todos está en su ADN. Y para el PSOE, que deberá apoyar en lo posible a su socio de Gobierno si quiere salvar la legislatura, ha llegado el momento de la verdad. Dependiendo de su decisión puede alcanzarle también el cañoneo y ni el PSOE es tan homogéneo, ni tiene tan asumida la función social de la vivienda, ni puede resultar tan incólume a los disparos, que hay muchos intereses detrás.

Al final hemos llegado al punto de no retorno en el que se deberá dilucidar una de las grandes incongruencias de nuestro ordenamiento jurídico, porque la perspectiva más plausible es que la Ley de Vivienda termine en los tribunales. Nuestras leyes actuales y la mayoría de magistrados en lugares clave, defienden el derecho al beneficio del sector privado y la no intromisión de lo público en sus actividades, aún a costa de ese artículo de la Constitución que es más bien un brindis al sol. Y aunque de nuevo veamos el espectáculo de los colchones en la calle y la gente saltando desde las ventanas, si se quieren paralizar los desahucios de una forma definitiva deberá hacerse con dinero público y parece que en ese sentido ya estamos exangües.

Salvar a la banca nos costó una cifra que aún no conocemos en la pasada crisis y perdimos más de 60.000 millones de euros que aún no hemos recuperado y lo que te rondaré morena. Se tardó una tarde de reunión entre el PP y el PSOE para realizar un cambio constitucional que amparara el salvamento y nadie se opuso. Lo de ahora va a ser mucho más complicado. El error viene de considerar a la vivienda no un derecho sino un bien de inversión sujeto a las leyes del mercado. Y eso va a ser difícil de cambiar, porque es un concepto que alimenta a más de tres millones de pequeños inversores, a los que es preciso sumar los puestos de trabajo que se generan de forma directa e indirecta en actividades como el turismo y la hostelería. En todo ello se escuda el sistema.

Eduardo Lizarraga

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