El juicio contra Iberdrola Generación y cuatro directivos por el supuesto sistema ideado en 2013 para incrementar el precio de la energía que vendía con la finalidad de «provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores» comenzó este martes 17 de octubre en la Audiencia Nacional y durará tres días, hasta el jueves. Y como era de esperar los cuatro directivos de Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, que se sientan en el banquillo por un presunto delito contra el mercado y los consumidores, no han reconocido el delito y han culpado al mercado y a las necesidades de los pobres consumidores de su actuación.

Multa de 107,5 millones para la compañía y prisión para los directivos

FACUA-Consumidores en Acción, quien ejerce la acusación particular en este caso, ha solicitado a la Audiencia Nacional una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, el quíntuple de los beneficios, 21,2 millones de euros, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que había obtenido debido a dicha actuación.

Además, la asociación ha pedido para Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, penas de tres años de prisión y 18 meses de multa -con una cuota diaria de 400 euros- por delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor.

Se trata de un procedimiento histórico, ya que es la primera vez que una gran eléctrica se enfrenta a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía. Por estos mismos hechos, Iberdrola ya fue multada el 24 de noviembre de 2015 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que apreció una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que Iberdrola recurrió ante la Audiencia Nacional, fue de 25 millones de euros, por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador. Esa multa está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal.

Delito contra el mercado y los consumidores

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En un auto, el juez detallaba que, «para conseguir» un «mayor precio en el mercado eléctrico«, aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.

Y lo hicieron, añade, «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad«. «Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía«, añade el juez. Los acusados maniobraron para vender a los clientes energía de centrales de ciclo combinado -que usan gas para la producción de electricidad-, en vez de las hidráulicas, cuyo precio de venta era considerablemente inferior.

Esa decisión fue adoptada, sostiene, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía y los responsables de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; Gestión de Activos; y Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.

El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros -el cuádruple del beneficio obtenido- así como el decomiso de las ganancias obtenidas.

Iberdrola provocó la reducción hidroeléctrica en Duero, Sil y Tajo

En su auto, el instructor detallaba que Iberdrola quebrantó «el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80\/90 €\/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45\/55 €\/MWh«.

Fue a partir del 24 de diciembre de ese mismo año, 2013, cuando «el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables«.

«La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €\/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156 €\/MWh«, apuntaba el magistrado.

Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, «lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros«, lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.

El juez impuso a cada uno de los directivos la prestación de una fianza por un importe total de 107.534.666 euros. En concreto, 194.666 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles.

El magistrado acordó en julio de 2022 que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192.231.272 euros. Así, 84.891.272 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.